Hugo Merchant Nancy
Expediente 189/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hugo Merchant Nancy
Actuaciones
- Principal
."Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, para que las partes hubieran hecho valer el recurso que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, en contra del dictado de la sentencia definitiva en el presente juicio, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, ." se declara que el citado fallo definitivo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvanse a la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y al Juez Décimo Cuarto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibo asentado por las citadas autoridades hacen las veces de acuse de recibo. Consecuentemente, archívese como asunto totalmente concluido previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
SENTENCIA Mediante la que se resuelven los autos del juicio de amparo indirecto 189/2020-V, promovido por Hugo Merchant Nancy, por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Cuarto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. I. ANTECEDENTES Presentación de la demanda de divorcio. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Carla Eibenschutz Gutiérrez Zamora y Hugo Merchant Nancy solicitaron la disolución del vínculo matrimonial celebrado el treinta de octubre de mil novecientos noventa y tres, juicio del cual tocó conocer al Juez Décimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 845/2004. Sentencia definitiva. Una vez sustanciado el procedimiento, el veinte de septiembre de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva en la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial y, entre otras cuestiones, se aprobó el convenio firmado por los divorciantes. Dicha sentencia causó ejecutoria el once de octubre de dos mil cinco. Convenio. En el convenio suscrito las partes establecieron, entre otros aspectos, lo relativo a la pensión alimenticia a favor de su hija Carla Merchant Eibenschutz, en los siguientes términos: ".SÉPTIMA. El señor HUGO MERCHANT NANCY se obliga a entregar la cantidad de $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pensión alimenticia MENSUAL a favor de la menor CARLA MERCHANT EIBENSCHUTZ. Además de la cantidad pactada en el párrafo que antecede, el señor HUGO MERCHANT NANCY, se obliga a pagar las colegiaturas de la menor correspondientes al onceavo y doceavo mes de colegiatura, inscripciones, uniformes, útiles escolares, actividades extraescolares, tratamientos médicos y/o dentales todo ello siempre tomando en cuenta las circunstancias económico-sociales en las que se desarrolla la menor hija del matrimonio. .NOVENA. La pensión alimenticia pactada en la cláusula SÉPTIMA estará vigente en todo tiempo y hasta que la hija del matrimonio CARLA MERCHANT EIBENSCHUTZ haya terminado sus estudios profesionales". Presentación de la demanda incidental. Mediante ocurso presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Décimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, Hugo Merchant Nancy promovió incidente de cancelación de la pensión alimenticia pactada en la cláusula séptima del convenio que celebró con Carla Eibenschutz Gutiérrez Zamora, a favor de su hija Carla Merchant Eibenschutz. Admisión de la demanda incidental. Previo desahogo una prevención, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda incidental planteada y, como consecuencia, se ordenó dar vista a Carla Merchant Eibenschutz, para que expusiera lo que a su derecho correspondiera. Contestación al incidente. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por contestada la demanda incidental, por opuestas las excepciones y defensas, así como por ofrecidos diversos medios de prueba; asimismo, se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio del mismo año, para la celebración de la audiencia incidental. Audiencia incidental y resolución de primera instancia. El veintisiete de junio de dos mil diecinueve se celebró la audiencia incidental y mediante interlocutoria de once de julio del mismo año, se resolvió el incidente de origen con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Fue procedente la vía incidental promovida por el señor MERCHANT NANCY HUGO en la cual probó su acción y la demandada incidentista CARLA MERCHANT EIBENSCHUTZ, no acreditó sus excepciones y defensas. SEGUNDO. Se decreta la CANCELACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA que se viene proporcionando a la C. CARLA MERCHANT EIBENSCHUTZ y a cargo del demandado principal MERCHANT NANCY HUGO, en la forma, términos y argumentos expuestos en el II Considerando de la presente resolución, debiendo girarse el oficio ordenado. TERCERO. No se hace especial condena en costas". Recurso de apelación. Inconforme con dicha determinación, la demandada incidentista interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 1763/2019, revocó la interlocutoria apelada y se absolvió a la demandada en el incidente. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. II. TRÁMITE DEL JUICIO 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitido el día hábil siguiente, Hugo Merchant Nancy solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Cuarto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por los actos que a continuación se precisan: "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. LA SENTENCIA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, PUBLICADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2020, SURTIENDO SUS EFECTOS EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2020". 2. Admisión de la demanda. Previo desahogo de una prevención, por acuerdo de doce de marzo del año en curso se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. 3. Emplazamiento de la tercera interesada. La tercera interesada fue emplazada al presente juicio de amparo, por medio de lista publicada el cinco de agosto de dos mil veinte. 4. Audiencia constitucional. A las diez horas con cuarenta minutos del cinco de octubre del año que transcurre, tuvo lugar la audiencia constitucional, tal y como se advierte de lo asentado en el acta que antecede a esta resolución. III. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, pues en el caso se reclaman actos atribuidos a autoridades jurisdiccionales en materia familiar, con residencia en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto, en acatamiento a la jurisprudencia 40/2000 y tesis aislada VI/2004, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa que los actos reclamados en el presente juicio consisten en: La resolución de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 1763/2019, que revocó la interlocutoria de once de julio del mismo año y, como consecuencia, declaró infundado el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Hugo Merchant Nancy; y, su ejecución. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Son ciertos los actos que se reclaman de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Cuarto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, puesto que así lo manifestó la primera autoridad al rendir su respectivo informe justificado y, la segunda, se adhirió al informe que rindiera la primeramente mencionada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 206, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las documentales que remitieron ambas autoridades; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo expreso de su ordinal 2°. VI. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA La demanda de amparo se presentó oportunamente el veinticinco de febrero de dos mil veinte, toda vez que el acto reclamado se notificó por medio de Boletín Judicial el treinta y uno de enero del año en curso, notificación que surtió efectos el cuatro de febrero de esta anualidad. Así, conforme a lo prescrito en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la promoción del presente juicio de amparo, trascurrió del seis al veintiséis de febrero de dos mil veinte, sin contar los días cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mismo mes año, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, toda vez que ninguna de las partes hizo valer alguna causa de improcedencia y al no advertir este órgano jurisdiccional la actualización manifiesta e indudable de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto. VIII. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación hecho valer por el solicitante del amparo, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción, sin demérito de que, para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia, se estudien los planteamientos de legalidad e inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. Apoya el anterior razonamiento, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número digital de registro en el Semanario Judicial de la Federación 164618, Novena Época, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Los conceptos de violación son infundados. En su primer concepto de violación, el quejoso refiere que el juez actuó conforme a derecho, pero la sala responsable trasgredió el artículo 14 constitucional, ya que el error al mencionar los preceptos legales no es una razón para modificar la sentencia de primera instancia, pues en el escrito inicial plasmó claramente la acción que se intentó. Por otro lado, el quejoso expone que la sala no valoró que tiene dos hijos menores y que la demandada en el incidente cumplirá veinticuatro años, cumplió con sus estudios los cuales son suficientes para considerársele capacitada para obtener sus ingresos, aunado a que no se encuentra estudiando una maestría, por el contrario se encuentra estudiando cursos que no tienen validez oficial. Como ya se adelantó, los conceptos de violación son infundados. En primer lugar, cabe tener en cuenta que los artículos 303, 308, 311. 314, y 320, fracciones II y IV, del Código Civil para la Ciudad de México, establecen la institución de los alimentos, consagrando la obligación de los padres para dar alimentos a sus hijos, y ante la falta o imposibilidad de los padres, la obligación no cesa o desaparece, sino que recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado; asimismo, que los alimentos comprenden, entre otras cosas, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto y respecto de los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; asimismo, se contempló la correspondencia que debe existir en el suministro de los alimentos y las posibilidades de quien se encuentra obligado a proporcionarlos, al disponer que los alimentos deben de ser adecuados a las posibilidades del que debe de darlos y a las necesidades de quien debe de recibirlos. En el caso de los hijos mayores de edad, aunque en la legislación civil de la Ciudad de México, en realidad no existe un precepto que legalmente disponga las particularidades en el suministro de la pensión alimenticia, ello no constituye obstáculo para que la autoridad, en cada caso en particular, resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la medida, o también sobre su aumento, disminución, suspensión o cancelación, pues no debe perderse de vista que la institución en comento tiene como finalidad la salvaguarda y la supervivencia de quienes por su edad, condición física o estado de salud, tienen derecho a recibirlos, en proporción a las posibilidades de quienes deben proporcionarlos. Sin embargo, en los últimos preceptos referidos, el legislador previó que la obligación alimentaria no supone el aporte de capital para desarrollar el oficio, arte o profesión a la cual se dedicó el acreedor alimentista; que dicha obligación desaparece cuando el alimentista deja de necesitarlos; y, también desaparece cuando la necesidad de los alimentos dependa de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad, lo cual se traduce en que éstos no demuestran que se encuentran estudiando y que el grado de escolaridad que cursan es adecuado a su edad. Sobre este punto, en la jurisprudencia del máximo tribunal del país ha definido el criterio, en el sentido de que los jueces deben realizar un estudio cuidadoso de las pretensiones enfrentadas tratándose del pago de alimentos por concepto de educación, cuando éstos deben proporcionarse a un mayor de edad que continúa estudiando, con el objeto de preservar el citado de derecho que permitirá al acreedor alimentario hacerse de los medios para ejercer una profesión o un oficio, por lo que la edad que pudiera tener el beneficiario de esos alimentos no puede ser, siempre un factor que influya en dicha determinación, ya que la decisión que al efecto se tome, debe ajustarse en todo momento al regla general consistente en el equilibrio que debe existir entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades de los deudores en que se apoya la regulación legal de la institución alimentaria. Es menester señalar, que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, sostuvo el criterio de que la finalidad de los alimentos es proveer a la subsistencia diaria de los acreedores alimentistas y esa obligación es susceptible de cambio, en atención a diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los acreedores, y que por ende, se haga necesaria una nueva fijación de ese monto. Por su parte, el segundo y tercer artículo en mención, disponen que corresponde a las partes la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones y quien niega sólo será obligado a probar, entre otros casos, cuando la negación envuelva la afirmación expresa un hecho. En relación con las cargas procesales, debe tenerse en cuenta que, tratándose de la reducción o cancelación de una pensión alimenticia, corresponde al hijo mayor de edad demostrar que continua estudiando, para de esa forma arrojar la carga de la prueba al deudor alimentista, consistente evidenciar que al acreedor alimentista ya no necesita alimentos; en el entendido que la obligación en el sentido apuntado, consiste en los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales, hipótesis dentro las cuales no se encuentran los estudios de especialización que el acreedor pretenda realizar, salvo que sean necesarios para la obtención de un título profesional. Ahora bien, el quejoso fundó su acción incidental de cesación de pensión alimenticia, entre otros, en el hecho consistente en que desde julio de dos mil diecisiete, la demandada culminó sus estudios superiores en el Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, los cuales tenían una duración de dos años y trabajaba desde esa fecha como profesionista independiente en diversos proyectos artísticos y culturales remunerados, aunado a que participaba en una plataforma tecnológica musical por la cual recibía ingresos. De igual modo, el quejoso expuso que también cubría la manutención de sus dos hijos menores de edad, la cual se elevaba a la cantidad mensual de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 moneda nacional); de ahí que la pensión asignada a su hija era excesiva. Así, para acreditar su dicho, el peticionario del amparo ofreció la prueba documental consistente en los recibos que reflejan el descuento por concepto de pensión alimenticia a favor de la demandada; la impresión del perfil de su hija en una plataforma musical; la documental consistente en los comprobantes del dinero que se expuso entrega como manutención de sus menores hijos; la instrumental de actuaciones; y, la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Por otro lado, al emitir su contestación, la tercera interesada negó los hechos antes precisados y manifestó que se encontraba cursando el diplomado en producción musical y taller de canto correspondiente al ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte, aunado a que, para estar en posibilidad de obtener ingresos por sus actividades profesionales, tomaba clases de piano y armonía; hechos que indicó se acreditaban con las documentales respectivas, las cuales no fueron objetadas por el actor en el incidente. Ahora bien, en la resolución reclamada se consideró, que eran fundados los agravios formulados por la apelante, ya que le asistía razón al afirmar que se violó en su perjuicio el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, toda vez que al intentar la acción de cesación de pensión alimenticia, el actor incidental asumió la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones y con las pruebas documentales que ofreció no acreditó su procedencia. Lo anterior, porque de las constancias del juicio se advertía que, Hugo Merchant Nancy demandó la cesación de la pensión alimenticia que fue decretada en la sentencia definitiva de veinte de septiembre de dos mil cinco, a favor de su hija Carla Merchant Eibenschutz, bajo el argumento toral de que ésta era mayor de edad y concluyó sus estudios profesionales, por lo cual precisó en el hecho octavo de la demanda incidental, que en el mes de julio de dos mil diecisiete, su hija terminó sus estudios superiores en el Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que tenía una duración de dos años y que se había dedicado a laborar desde esa fecha como profesionista independiente para diversos proyectos artísticos y culturales remunerados, por ejemplo, su participación en la plataforma musical "Spotify", que pagaba a los artistas cada vez que un usuario de la plataforma escucha la música del artista en cuestión, para acreditarlo, indicó la dirección "web" en la que se puede ver el perfil de su hija en la citada plataforma; y, que en el convenio de divorcio se acordó que la pensión estaría vigente hasta que la menor concluyera sus estudios superiores profesionales, situación que ocurrió, razón por la cual su obligación de proporcionarle alimentos ya no tenía razón de ser. Por otro lado, se destacó que al contestar la demanda, la ahora tercera interesada negó el hecho octavo y mencionó que arrojaba la carga de la prueba a Hugo Merchant Nancy, para que acreditara los extremos de sus afirmaciones; además, exhibió el documento de ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual el Director Artístico de la Escuela de Arte denominada "Freenote" hizo constar que se encuentra cursando el Diplomado en Producción Musical y Taller de Canto del ciclo escolar "2019-2021"; y, afirmó que con la finalidad de obtener ingresos por sus actividades profesionales, se encontraba tomando clases de piano y armonía con la maestra Ana Fernández Espresate; y, objetó las pruebas documentales exhibidas por el actor, en cuanto a su alcance y valor probatorio. Por lo anterior, la sala responsable consideró que en la resolución materia de la apelación no se hizo una correcta distribución de las cargas probatorias, ya que el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; de ahí que no se tomó en consideración el principio de congruencia que prevé el artículo 81 del mismo ordenamiento, que establece que la sentencia debe ser clara, precisa y congruente con las promociones de las partes, resolviendo sobre lo que éstas hayan pedido. En ese sentido, aseveró que al actor incidentista le correspondía la carga de la prueba para acreditar los hechos en que sustentó su incidente, esto es, que la acreedora alimentaria alcanzó la mayoría de edad y que dejó de tener necesidad de recibir alimentos. Acotó que en el caso quedó justificado que, si bien la demandada adquirió la mayoría de edad (pues nació el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis); el actor no asumió la carga probatoria relativa a que aquella dejó de tener necesidad de recibir alimentos, pues al dar contestación a la demanda, negó la acción para reclamar la cancelación de pensión alimenticia, ya que estaba realizando diversos estudios y, al efecto, justificó que se encuentra inscrita en un Diplomado en Producción Musical y Taller de Canto en el ciclo "2019-2021", con la finalidad de obtener ingresos por sus actividades profesionales; situación que acreditó con el documento suscrito por el Director Artístico de la Escuela Contemporánea de Música y Arte. Por lo cual, al haber quedado justificado que la acreedora alimentista continuaba estudiando, podía concluirse válidamente que aún no obtenía su independencia económica pues, con el anexo visible a foja 42 (impresión de la página electrónica de "Carla Merchant") no se acreditaba que concluyó sus estudios, con el fin de realizar actividades profesionales como cantante, ni tampoco justificaba que participa en la plataforma musical "Spotify" y que percibía ingresos en su carácter de profesionista independiente; por tanto, subsistía la necesidad de continuar percibiendo alimentos. De igual modo, se expuso, que el actor no justificó que la demandada hubiera dejado de necesitar los alimentos al haber terminado de cursar sus estudios superiores en el Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México; de ahí que si no se justificó que contaba con medios para allegarse a sí misma de recursos para poder proveer su subsistencia, la acción de cancelación era improcedente. Concluyó que le asistía la razón a la apelante, en el sentido de que se violaron en su perjuicio los artículos 81 y 281 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que el juez no podía analizar en la sentencia cuestiones distintas a la causa de pedir, como era el hecho de determinar si la demandada se encontraba o no estudiando un grado acorde a su edad, y con calificaciones aprobatorias o ante una institución oficialmente reconocida, pues el incidente se sustentó en el artículo 320, fracciones I y II, del Código Civil para la Ciudad de México, y no en la fracción IV, relativa a la falta de aplicación al estudio, para que la A quo estuviera en aptitud de entrar al análisis relativo a si los estudios de la demandada eran o no acordes a su edad, o si los cursa en una escuela oficial, pues dicha cuestión no fue hecha valer por el incidentista como motivo para que se cancelara la pensión alimenticia; razón por la cual, si el incidente de cancelación de pensión alimenticia se sustentó en que la demandada era mayor de edad y que no tenía la necesidad de percibir alimentos porque había terminado sus estudios y se había dedicado a laborar como cantante profesional en la plataforma "Spotify", y a su vez, la demandada refirió que se encontraba estudiando; en consecuencia, correspondía al actor la carga de la prueba de justificar los extremos de su incidente atento al artículo 281 de la legislación procesal, y al no haberlo hecho, el incidente debía ser declarado improcedente. Como ya se adelantó, los conceptos de violación son infundados. Lo anterior es así, pues contrario a lo que sostiene el peticionario del amparo, el sentido de la resolución reclamada no se basó en la cita errónea de preceptos en los cuales se fundó la acción de cesación de pensión; por el contrario, se sustentó en la distribución de las cargas de la prueba previstas por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aunado a que, como se indicó por la sala responsable, el incidente de origen no se fundó en la falta de aplicación al estudio de su hija; por lo cual el concepto de violación en estudio resulta infundado. De igual modo, carece de razón lo manifestado por el quejoso en su segundo concepto de violación, toda vez que si bien la sala no valoró que tenía dos hijos menores a los que les proporcionaba manutención; lo cierto es que ello no se relacionaba directamente con la pretensión consistente en la cesación de la pensión alimenticia, por lo que, en todo caso, el hecho respectivo tenía relación con la reducción de la pensión alimenticia, cuestión que no fue solicitada por el actor incidentista. Por otro lado, aun cuando es verdad que no se analizó que la demandada en el incidente cumpliría veinticuatro años y concluyó los estudios que son suficientes para obtener sus ingresos, aunado a que no se encuentra estudiando una maestría y sólo realiza estudios sin validez oficial; el tribunal de alzada expuso las razones que justifican la falta de estudio de los aspectos indicados, puesto que estableció de forma clara que el actor no demostró las afirmaciones en las cuales fundó el incidente; esto es, que la demandada concluyó sus estudios profesionales y que percibía ingresos por la actividad relacionada con su profesión. Por tanto, se estima que es legal la resolución reclamada, ya que en ésta se destacó que la demandada negó los referidos hechos, por lo cual arrojó la carga de la prueba al quejoso sin que éste hubiera ofrecido prueba alguna para demostrar, tal como ha quedado precisado, que su hija había concluido sus estudios profesionales en el lugar que indicó y que percibía ingresos por su participación en una plataforma tecnológica relacionada con la música; hechos que le correspondía acreditar ante la negativa de su contraria al contestar los hechos respectivos, de acuerdo con lo que establece el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Además, no pasa desapercibido que la demandada cumplió con la carga procesal que le correspondía, de acuerdo con la jurisprudencia citada en párrafos precedentes; esto es, que al ser mayor de edad continuaba estudiando, sin que se hubieran desvirtuado las pruebas que para tal efecto exhibió, aunado a que, si bien el quejoso refirió tener diversos acreedores, tampoco evidenció que carecía de medios para cumplir con su obligación alimentaria para con su hija. Sobre esa base, cobra especial relevancia la circunstancia de que los alimentos para un mayor de edad, no sólo se encuentran justificados cuando se realizan estudios con validez oficial, ya que la legislación aplicable también prevé que la obligación alimentaria tiene por objeto proporcionar al descendiente un oficio o arte para desarrollarse de forma independiente; de ahí que, si en el caso no se evidenció que la tercera interesada concluyó estudios que permitan alcanzar su independencia económica, no puede advertirse de primera mano que el diplomado y las clases de piano que cursa, sólo constituyen una especialización para el ejercicio del oficio elegido, por tanto cobra aplicación la excepción en cuanto a los estudios de posgrado a que se refieren las jurisprudencias y tesis citadas en este fallo, por tanto el concepto de violación en estudio también resulta infundado. Por último, no ha lugar a emitir pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la tercera interesada, ya que al no constituir parte de la litis en el juicio de amparo indirecto, este juzgador de Distrito no tiene la obligación de estudiarlos. IX. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal. La negativa del amparo se hace extensiva al acto atribuido al Juez Décimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, en virtud de que no se combatió por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la atribuida al acto reclamado a la sala responsable. Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Hugo Merchant Nancy, por su propio derecho, contra actos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Cuarto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el apartado octavo de esta sentencia. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente al quejoso, así como a la tercera interesada, para lo cual la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
*CITATORIO* SE NOTIFICA POR LISTA A CARLA MERCHANT EIBENSCHUTZ LA SENTENCIA FIRMADA EL 30/10/2020.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A Hugo Merchant Nancy, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 30 DE OCTUBRE DE 2020.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes
- Hugo Guillermo Rivera Carvajal474/2016
- Hugo Iván Orozco Montoya459/2021
- Hugo Juan Pablo García Sotelo1023/2013
- Hugo Jurado Hernández438/2020
- Hugo Magno González Díaz586/2014
- Hugo Mauricio Sarmina García865/2021
- Hugo Miranda Miron117/2023
- Hugo Pelayo García253/2019
- Húgo Pérez Calvo909/2019
- Hugo Sánchez Bernabé252/2016
- Humberto Ballhaus Balcazar135/2016
- Humberto Chavarría Mendez1002/2021