Hugo Mercado Banda
Expediente 2075/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2075/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Hugo Mercado Banda
- Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Vista la cuenta que antecede, toda vez que en esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, y en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva, se tiene que los cuadernos incidentales original y duplicado son susceptibles de destrucción, con base en lo señalado en los artículos 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencias y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales
- Principal
Se declara que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria.
- Principal
****En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Como se observa, el artículo 6 de la Ley de Amparo, establece que este medio de defensa únicamente puede promoverse por la parte a quién perjudique el acto que se reclama, es decir, por la persona sea física o jurídica colectiva (moral), que resienta un agravio en perjuicio de sus derechos sustantivos, también llamados fundamentales. El concepto de agravio debe entenderse como todo menoscabo u ofensa, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, en transgresión a derechos legítimamente tutelados por las normas legales. Por su parte, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.****Así, el perjuicio o agravio tratándose de un acto emitido por un tribunal, debe ser material y apreciable objetivamente; en otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso tendrá que ser real y no de carácter subjetivo; recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no abstracto, genérico ni de realización pasada, presente o inminente, no eventual, aleatorio o hipotético, que es en lo que estriba lo "directo" de la ofensa, de tal manera que los actos "probables" no generan agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su ejecución futura con certeza, sin que se reconozca, ya sea por la Constitución Federal, por la Ley de Amparo o por la jurisprudencia, excepción alguna a este principio. Cabe agregar que, el concepto de "interés jurídico" se encuentra estrechamente vinculado con el de agravio o perjuicio, dado que si un acto de autoridad no lo causa no existirá aquél para intentar de manera válida el amparo, ya que para que la acción constitucional proceda en caso que se combata, no basta que sea impulsada por cualquier interés, por un interés "simple", como suele llamarse a aquél que, sin contar con respaldo legal, tiene todo gobernado en que surja, se mantenga o desaparezca una situación creada por la autoridad. Por lo que es necesario que tal interés se apoye en un derecho derivado de la ley, para exigir del gobernante determinada conducta, positiva u omisiva y que la lleve a cabo. En ese orden de ideas, para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que del escrito de demanda, de los informes justificados y de las pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de los siguientes elementos: a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte). b) Existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación). c) Acto autoritario (principio de procedencia del juicio de amparo). d) Afectación del derecho, a través del acto de autoridad (principio de agravio personal y directo).*** Luego, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que faculta al gobernado a exigir de la autoridad determinada conducta, sea de acción u omisión; esto es, el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es si no, lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo público, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. De aquí que, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la disposición que se analiza. Ahora, para que en un juicio de amparo se demuestre el interés jurídico respecto de los derechos de propiedad o posesión de un bien inmueble, es necesario que el documento con el que se pretende acreditar sea de fecha cierta, y ello acontece sólo en los siguientes supuestos: 1. Que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. 2. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes. 3. Desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio (verbi gracia un notario público).**** Por ello, la fuerza convictiva de un título privado, no abarca la fecha en que aparece realizado el acuerdo de voluntades, cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión***Por ello, la fuerza convictiva de un título privado, no abarca la fecha en que aparece realizado el acuerdo de voluntades, cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión*** En el caso particular, el impetrante de amparo reclama la falta de llamamiento al juicio ordinario civil 234/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, promovido por ******; aduciendo ser un tercero extraña a juicio. La razón por la cual el quejoso acudió a esta instancia constitucional, es que argumenta ser subarrendatario del bien inmueble materia de la controversia de origen. Para acreditar lo anterior, el citado quejoso adjuntó a su demanda de amparo, su cédula de identificación fiscal. Constancia que es insuficiente para demostrar el interés jurídico para efectos de este juicio de amparo. Es así, porque con dicha documental únicamente acredita su situación fiscal; de ahí que sea insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en este juicio de amparo, como poseedor del bien inmueble materia de la controversia de origen, como se ostentó al tramitar este juicio, por ello se considera que no acreditó tener un derecho legítimamente tutelado. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente de origen, a la cual se le reitera su valor probatorio pleno; pues de dicha documental, sólo se desprende la existencia de lo reclamado; pero no causa alguna generadora de la posesión a favor del impetrante del amparo. **En suma con los medios de prueba no se logró acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, pues ello debe realizarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; es decir, corresponde la carga de la prueba de ese extremo a la quejosa.**No es obstáculo que se haya acreditado la existencia de lo reclamado, pues esa circunstancia no es suficiente para que sea procedente el juicio de amparo, sino que era necesario que el peticionario del amparo acreditara que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Ello, porque entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 6, de la Ley de la materia, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que consiste en que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución o un tratado internacional en el que el Estado Mexicano sea parte, el cual debe acreditarse fehacientemente, lo que no ocurre en este caso**En esas condiciones, y toda vez que el quejoso no acreditó su interés jurídico en esta instancia; resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la mencionada legislación. Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, 74, 75 y demás de la Ley de Amparo, se:****R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **en contra de lo reclamado a la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia****
- Principal
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Informe justificado. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio firmado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial, de Saltillo, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó la autoridad responsable, las que se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. 2. Se apertura tomo de pruebas. En ese tenor, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del expediente relativo al juicio ordinario civil número ******************** de su índice, fórmese por separado el anexo I de pruebas. Atento a lo anterior, el tomo en mención queda a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para que, si así lo desean, puedan consultarlo de manera física -no así electrónica- en términos de lo dispuesto en el artículo 23 del acuerdo general 12/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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