Hugo Melchor Nieto
Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Hugo Melchor Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante el cual remite: Informes relativos a la suspensión de plano emitidos por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en ausencia y por suplencia del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; y, Dos piezas postales devueltas por el Servicio Postal Mexicano, correspondientes a los oficios 6136/2021 y 6138/2021 dirigidos a las autoridades Secretaría de Salud y Jefe de Gobierno, ambos con sede en la Ciudad de México. Sobres devueltos que contienen los oficios 6136 y 6138 dirigidos a la Secretaría de Salud y Jefa de Gobierno, ambas de la Ciudad de México. Como lo solicitó, acúsese el recibo correspondiente mediante el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Documentales que se agregan a los autos para debida constancia, sin que se considere necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, dado que en ocho de octubre actual, se desechó la demanda de amparo y el veinticinco siguiente, causó estado dicha determinación. Notifíquese
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, en representación de ***, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1870/2021 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, en atención a su contenido remite a este juzgado federal la resolución dictada en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial 25/2021, en la que resolvió: "PRIMERO. Se declara existente el conflicto competencial planteado. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, para proveer sobre la demanda de amparo promovida por *** TERCERO. Remítase testimonio de esta resolución al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; en tanto al Juzgado Tercero de Distrito en Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, remítanse los autos así como testimonio de la misma; lo anterior, para los efectos precisados en la parte final del ultimo considerando. Notifíquese." Se confirma la recepción del oficio de mérito y anexos constante de testimonio y juicio de derechos 188/2021 - VIA SISE - para debida constancia. En consecuencia, este Juzgado, se avoca al conocimiento del mismo, y se glosa el cuaderno de antecedentes únicamente en sus actuaciones originales; en tal virtud, se pasa a proveer en los siguientes términos: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que aquella es promovida por ***, sin embargo el escrito carece de firma autógrafa y/o firma electrónica tal como se aprecia de aquel, cuyo contenido a continuación se digitaliza para mayor ilustración: Así, en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 3°, 5° fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (...)" En ese sentido, de los numerales transcritos se advierte que, en lo que interesa, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto, en términos del numeral 5° de la Ley de Amparo, y que el quejoso puede interponer la demanda por sí o por conducto de su apoderado o representante legal; asimismo, que las promociones podrán presentarse en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la mencionada firma electrónica, conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal (salvo en el caso de que el juicio se promueva en términos del numeral 15 de la ley de la materia, excepción que no se actualiza en el caso, pues se reclama la atención médica y dental insuficiente, así como falta de medicamentos). En efecto, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, y el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los acuerdos generales a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica. Además, conviene señalar que, en relación con dicha firma, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus artículos 16 y 19 establece que para poder acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se deberá contar con un nombre de usuario y contraseña, mismos que se deben obtener al momento de registrarse en dicho portal o, en su caso, el acceso puede ser a través de su firma electrónica vigente. Asimismo, conforme a los numerales 45 y 46 del propio acuerdo general, para presentar una demanda de amparo indirecto tratándose de actos que no se encuentren previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, el promovente, una vez que haya accedido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ingresar al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales; posteriormente, elegir el apartado para presentar escritos de demanda, en donde, entre otras cosas, (1) tendrá que señalar el nombre del quejoso, (2) ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, (3) agregar a la solicitud o escrito de demanda su firma electrónica vigente, (4) capturar un código de seguridad y (5) enviar la demanda. Hecho lo anterior, al momento de realizar el envío de la demanda de amparo, se generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalaran diversos datos de identificación. En términos del artículo 52 del mencionado Acuerdo General 12/2020, los documentos electrónicos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales deben contar en la parte final con una evidencia criptográfica de la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de dicha firma, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente; por lo que, evidentemente, dichos datos deben tomarse en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo conducente sobre la demanda constitucional presentada por medios electrónicos. Ahora, en el presente caso, después de haberse revisado la demanda de cuenta, se advierte que la persona que acude a la instancia constitucional es ***, sin embargo, dicho escrito digital no contiene evidencia criptográfica o código alguno con datos de identificación de los quejosos en mención, por lo que es incuestionable que no cumple con el requisito establecido en el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, y no hay certeza de si el supuesto promovente, intenta la acción constitucional. Por ello, el promovente se encontraba obligado a firmar el documento de manera autógrafa o electrónica, al no estar en el supuesto del último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, acorde al numeral 3 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Encuentra apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Así, debido a que el promovente al presentar el escrito vía buzón judicial debió ingresarlo con su firma autógrafa o con datos relativos a su firma electrónica, para advertir su voluntad de instar la acción constitucional, con la cual validara, su escrito inicial; por lo que es incuestionable que dicha parte agraviada no cumple con el requisito establecido en el Acuerdo General 12/2020; de ahí que se trate de un incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo. Al margen de lo anterior, considerando que la firma es lo que da autenticidad a toda demanda, promoción o acto y es lo que constituye la base para tener por cierto, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente para provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda; por tanto, al faltar este requisito esencial, que da validez a un documento y acredita la voluntad del que suscribe, no es procedente admitir la demanda de que se trata, ni prevenir a quien al parecer la promueve por tratarse de un requisito de validez y no de forma el que aparezca la firma de quien insta al órgano jurisdiccional, por lo tanto se desecha la demanda por improcedente. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía jurídica y mayoría de razón, la tesis visible en la página 1049, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor literal siguiente: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe." Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 3°, 5° fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; sin que esta decisión implique una violación al derecho de acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, pues el ejercicio de tales derechos, no liberan a los gobernados del cumplimiento de los requisitos de procedencia correspondientes. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano que si bien el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, concedió la suspensión de plano a la parte quejosa en acuerdo de dieciséis de febrero actual; sin embargo, de manera respetuosa, este órgano federal no comparte el criterio sostenido por aquel órgano jurisdiccional, porque a juicio de quien resuelve, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, aquellos no son de los considerados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, quien promueve a nombre de los quejosos, se encontraba obligado a firmar dicho documento, lo que no sucedió en la especie, es decir, omitió estampar su firma autógrafa o en su caso hacerlo de manera electrónica en los términos establecidos con antelación , de ahí que válidamente se estime que no existe voluntad alguna para promover la demanda de amparo. Finalmente, también se destacar que si bien el quejoso señala como autoridades responsables a las denominadas como: "Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de CDMX, Morelos, Puebla, Querétaro y Estado de México", sin embargo, conforme al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dentro de sus facultades de éstas no se encuentra la emisión de los actos que la parte quejosa reclama, por ende, opera un supuesto adicional de improcedencia únicamente respecto a aquellas, que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo permite desechar la misma. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas que se publiquen en los estrados de este Juzgado, lo anterior por no haber señalado expresamente la denominación correcta del Centro de Reinserción social en que se encuentran internos o domicilio donde se deban practicar aquellas, acorde a lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 1 fracción I, último párrafo, y 2 fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese por lista.
- Principal
Por recibido el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, del que se advierte que el diecinueve de agosto actual, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán y este Juzgado, el cual quedó registrado bajo el número 25/2021 de su índice, admitiéndolo a trámite y turnándolo a ponencia para la emisión del proyecto de resolución correspondiente. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
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