Hugo Melchor Nieto y Otros.
Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2022
Partes del expediente
- Hugo Melchor Nieto y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; sin embargo, se concedió suspensión de plano. Ahora, si bien acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de ser destruido; cabe destacar que en el capítulo 7, punto 7.4 del citado Manual, se establece que el presente expediente debe conservarse, por lo que el mismo es DEPURABLE, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en el lugar del mismo nombre, al que anexa el expediente 665/2021-II, de su índice. Ahora, en virtud que del citado oficio se advierte que mediante auto de once de noviembre último, el órgano jurisdiccional de referencia declinó competencia por razón de territorio, respecto al presente asunto promovido en favor de **********, en el que señaló como actos reclamados consistentes en: a) Tortura sicofísica y sicoemocional, por elementos de seguridad del segundo y tercer grupo de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México. b) Intimidación. c) Discriminación. d) Atención médica deficiente. e) Atención médica dental. En ese sentido; este juzgado acepta la legal competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo por los actos y autoridades señalados ahí precisadas. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad jurisdiccional que se declaró legalmente incompetente y acúsese recibo. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 906/2021-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Consideración previa Es menester precisar, que la presente demanda de amparo, fue promovida por ********, en favor de ******** e *********; sin embargo, el segundo de los nombrados, manifestó que no era su deseo ratificar la demanda promovido a su favor, por lo que mediante auto dictado once de noviembre último, en los autos del juicio de amparo 665/2021, del índice de la oficiante, tuvo por no presentada la demanda en su favor, situación de la cual se toma conocimiento, para los efectos legales. Improcedencia de suspensión de plano Al respecto, este órgano de control constitucional, considera que los actos destacados no se encuentran contemplados ni en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, toda vez que la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal del directamente agraviado, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Merece invocarse la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que no se tiene como tales. Improcedencia del juicio de amparo Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que éste no agotó el principio de definitividad. En efecto, la legislación que rige a los actos en cita es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en sus artículos 30, 107, 109 al 115, 122 y 130 al 135, establece un medio de impugnación administrativo y otro jurisdiccional, por virtud de los cuales pueden ser combatidas las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, como en la especie, las relativas a las omisiones de brindar atención médica. Acorde a los numerales antes enunciados; se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con las características de ser un medio de defensa eficaz, sencillo y rápido, susceptible incluso de ser revisado mediante el recurso de apelación ante el juez de control o de ejecución, según corresponda. En efecto, previo al juicio de amparo indirecto, el quejoso tenía la obligación de agotar los procedimientos que prevé Ley Nacional de Ejecución Penal, por ser ésta la legislación que regula lo relativo a las personas que se encuentran en prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, donde éste debe reclamar las condiciones de internamiento, entre las que se prevé la falta o negativa de atención médica, como se expone enseguida. La Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene una regulación especial con relación al internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, que son de tres tipos: 1) Régimen de internamiento, éste prevé y regula lo relativo las condiciones de internamiento, cuya finalidad es garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, lo anterior de conformidad con previsto del artículo 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. 2) Régimen disciplinario, el mismo tiene como objetivo regular las faltas disciplinarias de las persona que se encuentran privadas de su libertad, el cual está a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario, según lo previsto en los artículos 38 al 45 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 3) Traslados de las personas detenidas, los cuales son de tres tipos, a) los voluntarios, b) involuntarios y c) excepcionales o urgentes. Esos procedimientos están previstos en los artículos 49 al 57 de la legislación federal especial de referencia. Es de precisarse que, en este caso, únicamente se analiza el régimen de internamiento y, particularmente, la atención médica que debe brindar la autoridad penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas, por formar parte de aquéllas. Por tanto, la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, tan es así, que se encuentran reguladas en los artículos 30 al 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De los artículos antes referidos de la ley secundaria especial Federal, se prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones que afecten las condiciones de internamiento, entre las que se encuentra la atención médica adecuada, en términos de los preceptos de la ley referida. Ello, en razón de que los artículos 30 al 34 de la citada ley de ejecución, prevén un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual forma, tales preceptos establecen de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión se realizan sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentra recluido, en el cual se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo solicite, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece el derecho a la salud, como un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario, con el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Así, las disposiciones en el citado ordenamiento tutelan el derecho humano a la salud desde su ingreso, lo cual es indicativo para el quejoso como para la autoridad, el derecho y la obligación de observar durante el internamiento, su estado de salud y los padecimientos o enfermedades que pudieron ser adquiridas durante su estancia, entonces es obligación de la autoridad actuar de manera inmediata, para salvaguardar su integridad, en términos del artículo 78 del referido ordenamiento. Luego, ante la disposición expresa en la norma de someter su pedimento ante la autoridad penitenciaria -Director General-, acorde al régimen de internamiento en que se encuentra, con ello se garantiza el derecho a una instancia administrativa prevista en el ordinal 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Agotada la vía administrativa ante la autoridad penitenciaria, el quejoso estaría en la posibilidad de promover controversia judicial ante el juez correspondiente, por ser la autoridad competente para resolver sobre las condiciones de internamiento, cuestiones relacionadas con las mismas, de manera específica, respecto de los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, conforme al ordinal 116, fracciones I y III, de la multicitada ley. En ese contexto, respecto de las cuestiones inherentes al internamiento, también se autoriza al juez de control o de ejecución, según corresponda, para resolver las controversias judiciales, acorde al dispositivo 117, párrafos primero y segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al disponer: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos:.". Por otra parte, cuando se trata de casos urgentes, la ley especial establece que la persona privada de la libertad, podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). Hipótesis en que la ley especial federal establece un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En ese sentido, la falta de atención médica deficiente y médica dental que requiere de acuerdo a sus padecimientos, no es una cuestión que deba ser resuelta por el Juez de amparo, sino por el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, donde se encuentra privado de su libertad, a solicitud expresa del interno; y, en caso de ser en sentido contrario a sus intereses, o bien, de no resolverse dentro del término legal, podrá acudir a promover una controversia judicial ante el Juez que corresponda, pues se atiende el principio de inmediatez, conforme lo previsto en el artículo 114, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, es de señalarse que en el supuesto de que el peticionario no esté conforme con lo determinado y resuelto por la autoridad judicial competente, puede promover los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Apoya lo anterior, los criterios de rubro y texto siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.". "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.". "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, con independencia que pudiera actualizarse diversa causa de improcedencia, atendiendo a los asuntos que se tienen como hecho notorio en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que ha promovido el justiciable. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Domicilio del quejosos Se tiene como las listas toda vez que no señaló domicilio para tal efecto. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
(Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en el lugar del mismo nombre, al que anexa el expediente 665/2021-II, de su índice. Ahora, en virtud que del citado oficio se advierte que mediante auto de once de noviembre último, el órgano jurisdiccional de referencia declinó competencia por razón de territorio, respecto al presente asunto promovido en favor de **********, en el que señaló como actos reclamados consistentes en: a) Tortura sicofísica y sicoemocional, por elementos de seguridad del segundo y tercer grupo de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México. b) Intimidación. c) Discriminación. d) Atención médica deficiente. e) Atención médica dental. En ese sentido; este juzgado acepta la legal competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo por los actos y autoridades señalados ahí precisadas. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad jurisdiccional que se declaró legalmente incompetente y acúsese recibo. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 906/2021-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Consideración previa Es menester precisar, que la presente demanda de amparo, fue promovida por ********, en favor de ******** e *********; sin embargo, el segundo de los nombrados, manifestó que no era su deseo ratificar la demanda promovido a su favor, por lo que mediante auto dictado once de noviembre último, en los autos del juicio de amparo 665/2021, del índice de la oficiante, tuvo por no presentada la demanda en su favor, situación de la cual se toma conocimiento, para los efectos legales. Improcedencia de suspensión de plano Al respecto, este órgano de control constitucional, considera que los actos destacados no se encuentran contemplados ni en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, toda vez que la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal del directamente agraviado, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Merece invocarse la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que no se tiene como tales. Improcedencia del juicio de amparo Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que éste no agotó el principio de definitividad. En efecto, la legislación que rige a los actos en cita es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en sus artículos 30, 107, 109 al 115, 122 y 130 al 135, establece un medio de impugnación administrativo y otro jurisdiccional, por virtud de los cuales pueden ser combatidas las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, como en la especie, las relativas a las omisiones de brindar atención médica. Acorde a los numerales antes enunciados; se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con las características de ser un medio de defensa eficaz, sencillo y rápido, susceptible incluso de ser revisado mediante el recurso de apelación ante el juez de control o de ejecución, según corresponda. En efecto, previo al juicio de amparo indirecto, el quejoso tenía la obligación de agotar los procedimientos que prevé Ley Nacional de Ejecución Penal, por ser ésta la legislación que regula lo relativo a las personas que se encuentran en prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, donde éste debe reclamar las condiciones de internamiento, entre las que se prevé la falta o negativa de atención médica, como se expone enseguida. La Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene una regulación especial con relación al internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, que son de tres tipos: 1) Régimen de internamiento, éste prevé y regula lo relativo las condiciones de internamiento, cuya finalidad es garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, lo anterior de conformidad con previsto del artículo 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. 2) Régimen disciplinario, el mismo tiene como objetivo regular las faltas disciplinarias de las persona que se encuentran privadas de su libertad, el cual está a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario, según lo previsto en los artículos 38 al 45 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 3) Traslados de las personas detenidas, los cuales son de tres tipos, a) los voluntarios, b) involuntarios y c) excepcionales o urgentes. Esos procedimientos están previstos en los artículos 49 al 57 de la legislación federal especial de referencia. Es de precisarse que, en este caso, únicamente se analiza el régimen de internamiento y, particularmente, la atención médica que debe brindar la autoridad penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas, por formar parte de aquéllas. Por tanto, la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, tan es así, que se encuentran reguladas en los artículos 30 al 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De los artículos antes referidos de la ley secundaria especial Federal, se prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones que afecten las condiciones de internamiento, entre las que se encuentra la atención médica adecuada, en términos de los preceptos de la ley referida. Ello, en razón de que los artículos 30 al 34 de la citada ley de ejecución, prevén un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual forma, tales preceptos establecen de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión se realizan sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentra recluido, en el cual se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo solicite, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece el derecho a la salud, como un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario, con el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Así, las disposiciones en el citado ordenamiento tutelan el derecho humano a la salud desde su ingreso, lo cual es indicativo para el quejoso como para la autoridad, el derecho y la obligación de observar durante el internamiento, su estado de salud y los padecimientos o enfermedades que pudieron ser adquiridas durante su estancia, entonces es obligación de la autoridad actuar de manera inmediata, para salvaguardar su integridad, en términos del artículo 78 del referido ordenamiento. Luego, ante la disposición expresa en la norma de someter su pedimento ante la autoridad penitenciaria -Director General-, acorde al régimen de internamiento en que se encuentra, con ello se garantiza el derecho a una instancia administrativa prevista en el ordinal 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Agotada la vía administrativa ante la autoridad penitenciaria, el quejoso estaría en la posibilidad de promover controversia judicial ante el juez correspondiente, por ser la autoridad competente para resolver sobre las condiciones de internamiento, cuestiones relacionadas con las mismas, de manera específica, respecto de los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, conforme al ordinal 116, fracciones I y III, de la multicitada ley. En ese contexto, respecto de las cuestiones inherentes al internamiento, también se autoriza al juez de control o de ejecución, según corresponda, para resolver las controversias judiciales, acorde al dispositivo 117, párrafos primero y segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al disponer: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos:.". Por otra parte, cuando se trata de casos urgentes, la ley especial establece que la persona privada de la libertad, podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). Hipótesis en que la ley especial federal establece un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En ese sentido, la falta de atención médica deficiente y médica dental que requiere de acuerdo a sus padecimientos, no es una cuestión que deba ser resuelta por el Juez de amparo, sino por el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, donde se encuentra privado de su libertad, a solicitud expresa del interno; y, en caso de ser en sentido contrario a sus intereses, o bien, de no resolverse dentro del término legal, podrá acudir a promover una controversia judicial ante el Juez que corresponda, pues se atiende el principio de inmediatez, conforme lo previsto en el artículo 114, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, es de señalarse que en el supuesto de que el peticionario no esté conforme con lo determinado y resuelto por la autoridad judicial competente, puede promover los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Apoya lo anterior, los criterios de rubro y texto siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.". "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.". "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, con independencia que pudiera actualizarse diversa causa de improcedencia, atendiendo a los asuntos que se tienen como hecho notorio en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que ha promovido el justiciable. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Domicilio del quejosos Se tiene como las listas toda vez que no señaló domicilio para tal efecto. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese. ".
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