Hugo Martínez González

Expediente 1402/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1402/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Hugo Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil diecinueve. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes del presente juicio no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya se concedió el amparo, y carece de relevancia documental; en esas mismas condiciones el original del incidente, en el que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por el quejoso, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto las copias simples que solicita, previa razón de recibo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia terminada de engrosar veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se sobreseyó y concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, realizara lo siguiente: "a. Deje insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitida dentro del procedimiento administrativo ***********; y, b. Con libertad de jurisdicción, emita otra en la que atienda a los lineamientos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia, respecto del tópico gravedad de la infracción y, omita añadir a la conducta inicialmente atribuida, la diversa fracción XXIV del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Director General de Contraloría de Poder Judicial del Estado de México, por no reclamarse su actuar por vicios propios." Inconformes con esa determinación la autoridad responsable y el quejoso interpusieron el recurso de revisión, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el arábigo *******; mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en los autos del recurso administrativo auxiliar ********, el doce de agosto de dos mil diecinueve, determinando modificar los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, siendo estos: "1. Deje insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario ***********. 2. En su lugar dicte otra, en la cual, reitere que existió la falta cometida por ************; sin embargo, deberá considerar en los términos establecidos en esta ejecutoria, que al calificar dicha conducta deberá abstenerse de considerar la gravedad de la misma y determine la sanción que corresponda, en términos de lo establecido en los artículos 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, conforme a la graduación que haga la autoridad responsable en ejercicio de sus atribuciones, debidamente fundado y motivado atendiendo al principio de proporcionalidad de las sanciones. 3. Asimismo, al realizar el estudio de individualización de la sanción, deberá tener en cuenta que la sanción que determine no podrá ser más gravosa que la que había impuesto en la resolución de tres de mayo de dos mil diecisiete, esto es, la prevista en la fracción III, relativa a la destitución de su empleo, cargo o comisión; lo anterior, atendiendo al principio non reformatio in peius. 4. Deberá prescindir de los razonamientos en los que se aluda a la contravención al Código de Ética y tampoco podrá tenerlo en cuenta para efecto de la ponderación y establecimiento de la sanción que corresponda al hacer la individualización. 5. Omita añadir a la conducta inicialmente atribuida, la diversa prevista en la fracción XXIV del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Director General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México, por no reclamarse su actuar por vicios propios." Por lo que el dos de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió su cumplimiento a la responsable. Mediante oficio recibido el seis de septiembre de dos mil diecinueve, el Presidente del órgano colegiado responsable, hizo del conocimiento el pronunciamiento emitido el cuatro de ese mismo mes y año, en el expediente administrativo disciplinario *********************, en el que se dejó sin efectos la resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho (acto reclamado), y ordenó turnar los autos a la Consejera integrante de ese cuerpo, para que siguiendo los lineamientos establecidos por la Superioridad, emitiera una nueva resolución; para lo cual se le concedió una prórroga de diez días. Posteriormente, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio mediante el cual la autoridad responsable hizo del conocimiento la determinación emitida el veintitrés previo. Con lo cual este juzgado dio vista a las partes el veintidós de agosto en curso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna. En ese sentido, del examen de las documentales que anexó la autoridad responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que cumplió los efectos del fallo protector, ya que a juicio del suscrito se apegó a los lineamientos del mismo, pues dejó sin efectos el acto reclamado, y emitió una nueva determinación, en la que reitero la falta cometida por el quejoso, la cual en el momento de calificarla se abstuvo de considerar la gravedad de la misma, determinando de forma fundada y motivada la sanción que correspondía (destitución del cargo), atendiendo al principio de proporcionalidad de las sanciones; misma que definitivamente es menos gravosa que la impuesta en el acto reclamado (destitución del cargo e inhabilitación), aunado a que omitió tomar en cuenta lo establecido en el Código de Ética y en la fracción XXIV del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Cabe resaltar que en el apartado relativo a que la responsable al calificar la conducta debía abstenerse de considerar la gravedad de la misma, debe atenderse a lo establecido en la ejecutoria de amparo emitida por la Superioridad, misma que sobre el punto reza: "Como lo señala el recurrente, las razones de gravedad expresadas en el acto reclamado resultan contrarias a derecho en atención a que en el auto de inicio no se hizo de su conocimiento que la conducta que se le atribuía pudiera dar lugar a una infracción grave, por ello, si los razonamientos expresados en el auto de inicio fueron insuficientes para tenerlo por debidamente fundado y motivado en cuanto a la pretendida gravedad de la infracción, entonces el acto reclamado deviene ilegal al sustentarse la sanción bajo la consideración de que la conducta infractora debía considerarse como falta grave, lo cual, violentó su derecho fundamental de defensa, porque si bien en un inicio se precisaron los fundamentos y los motivos en que se sustenta la presunta irregularidad, se omitió señalar que los mismos pudieran ser constitutivos de faltas graves que pudieran dar lugar a la destitución o inhabilitación. En consecuencia, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución señalada como acto reclamado y emita una nueva en la que reitere que existió la falta cometida por ************; sin embargo, deberá prescindir de las consideraciones atinentes a que la conducta que se le atribuyó debe ser considerada como grave, aplicando la sanción que corresponda, en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, conforme a la graduación que haga la autoridad demandada en ejercicio de sus atribuciones, debidamente fundado y motivado atendiendo al principio de proporcionalidad de las sanciones; estudio en el que al analizar las diversas posibilidades en torno a los parámetros sancionadores que contempla la norma, se abstraerá de aludir a la gravedad señalada, deberá establecer la conducta infractora y ponderarla objetivamente con las diversas fracciones establecidas en la norma en que se contemplan las sanciones, determinando la correspondiente al caso. Esto es, en el acto reclamado, por ejemplo, estableció que: ". la sanción mínima de amonestación que contemplan resulta inatendible en este caso por la gravedad de su conducta, acorde a las circunstancias en que la ejecutó."; por lo que en la nueva resolución que emita, al analizar tales aspectos, no podrá aludir a la gravedad de la conducta por las razones destacadas en párrafos precedentes, sin que ello implique un impedimento para aludir a las condiciones, contextos o entorno en que sucedieron los hechos, pero prescindiendo de la calidad de grave." Es decir, la autoridad responsable al no haber hecho desde un inicio del conocimiento del quejoso que la conducta que se le atribuía era considerada como una falta grave, al imponerle la sanción que de forma fundada y motivada estimara correspondiente, debía abstenerse de aludir a la gravedad de la conducta del quejoso. Lo cual el suscrito estima realizó acertadamente la responsable, pues del texto de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte contravención alguna, aunado a que fue cuidadosa en el manejo del lenguaje, a fin de utilizar palabras que sin caer en lo excluido por la Superioridad, le permitieron transmitir con claridad su mensaje de reproche al quejoso por lo inaceptable de su actuar. Aunado a que, la responsable contaba con libertad de jurisdicción para imponerle la sanción que acorde a su valoración merecía, ponderando para ello la conducta desplegada antes y después del hecho sancionado, así como éste mismo (prescindiendo de los calificativos de gravedad), y los resultados obtenidos; pues en modo alguno se estableció en la ejecutoria de amparo que debía imponerse al quejoso alguna sanción de las menos severas, o la más benévola. Por lo anterior, se concluye que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por el quejoso, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto las copias simples que solicita, previa razón de recibo.

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