Hugo Martínez Bueno
Expediente 1046/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2017
Partes del expediente
- Hugo Martínez Bueno
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO..., POR TRATARSE DE UN ASUNTO EN EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, EL EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE... DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DE NOVENTA DIAS OCURRA A RECOGER DOCUMENTOS... SI NO SERAN DESTRUIDOS...
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE PROMOVENTE, EN VIRTUD DEL CITATORIO DE MERITO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE QUE ESTABLECE: Vista la demanda de garantías promovida por HUGO MARTÍNEZ BUENO, por propio derecho, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1046/2017, que es el que le corresponde; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecha de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- ... Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE... Así, conviene precisar, que en el caso el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: El oficio número DICVP/LVP/2133/2017 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, signado por el Director de Inspección en Comercio y Espectáculos de la Secretaría General de Gobierno Municipal de Querétaro, dirigido al quejoso Hugo Martinez Bueno, en el que ante la solicitud de reconsideración de negativa de la autorización para ejercer la actividad comercial con el giro de tacos, jugos, tortas y refrescos, en Boulevard de las Américas (al exterior de número 100) en el tramo comprendido entre Gustavo Garmendia y Nemecio García, Colonia Reforma Agraria, de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, siendo su modo de instalación en carrito móvil, de lunes a sábado de las ocho a las dieciséis horas, misma que quedó registrado como solicitud de apertura de licencia 2015-2018 folio 90/2017, determinó reiterar la negativa de dicha autorización, de la cual señala tuvo conocimiento el doce de julio de dos mil diecisiete. En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, al no haber observado la parte quejosa el principio de definitividad que anima el juicio de garantías. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El texto del precepto transcrito consagra el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo y fracción indicados, hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Sentado lo anterior, en el caso a estudio -como ya se adelantó-, se actualiza la referida causa de sobreseimiento, toda vez que contra los actos de autoridad administrativa, procede el juicio contencioso-administrativo, ante los juzgados de lo contencioso administrativo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. A fin de entender el alcance del sentido de la presente determinación, resulta conveniente abordar el siguiente marco jurídico. Así, el artículo 34, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece: "Artículo 34. El funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sujetará a lo siguiente: Apartado A. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con los particulares. Residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y tendrá la estructura, la organización, la jurisdicción y la competencia que le atribuya la ley. Para ser Magistrado, se deberán satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y será electo para un período de cuatro años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual." Por su parte, los artículos 1, 2, 3, 4 y 20 del título primero, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establecen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 34, Apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro." "Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, en todo el territorio del Estado de Querétaro. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y estará sujeto a las disposiciones aplicables en dicha materia. El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se ejercerá con autonomía y conforme a lo dispuesto por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Juez Administrativo: el Juez Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; II. Juzgado Administrativo: el Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; III. Magistrado: el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; IV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; V. Sala Especializada: la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VI. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VII. Pleno: el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y VIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las expresiones citadas podrán utilizarse en singular o plural, conservando el significado expuesto." "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de aprovechamientos o de algún tipo de contribución contemplada por el Código Fiscal del Estado de Querétaro, indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; VII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o los municipios, declaren improcedente su reclamación o cuando, habiéndola otorgado, no satisfaga al reclamante. También las que, por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio que corresponda el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; IX. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o las disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XII. Las sanciones que imponga la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; y XIII. Las demás que esta y otras leyes establezcan como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias de su competencia." "Artículo 20. Los Juzgados Administrativos conocerán de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con excepción de la prevista en la fracción XII de dicho precepto, que será de (sic) conocimiento de la Sala Especializada." Por su parte, los artículos 20 y 41 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro, dicen: "Artículo 20. El juicio ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo es improcedente: I. Contra actos emanados de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como de autoridades en materia electoral y laboral; II. Contra actos del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo; III. Contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; en el que exista identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones reclamadas sean las mismas, siempre que exista sentencia ejecutoria que haya decidido el fondo del asunto; IV. Contra actos que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la autoridad que lo emitió o ante el propio Tribunal, cuando exista identidad de partes y por el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; V. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del actor; VI. Contra actos o resoluciones que hayan sido tácita o expresamente consentidas; VII. Contra actos consumados de modo irreparable; VIII. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal aplicable." "Artículo 41. Serán partes en el juicio: I. El actor; y II. El demandado, que podrá ser: a) La autoridad tanto ordenadora como ejecutora de los actos impugnados y, en su caso, las que las sustituyan, así como los organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal o municipal o fideicomisos. En el caso del Gobernador del Estado, éste será representado por el Secretario de Gobierno. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya validez impugne alguna autoridad fiscal o administrativa estatal o municipal. c) El tercero perjudicado, teniendo ese carácter cualquier persona cuyos derechos e intereses legitimas puedan resultar afectados por las resoluciones del Tribunal." Del referido cuerpo normativo si bien no establece un numeral que se señale un catálogo especifico respecto de los diversos tipos de actos que con el juicio contencioso administrativo se puedan combatir, antes bien, se prevé de forma genérica su procedimiento contra todos los actos administrativos de la administración pública estatal y municipal y por excepción a -contrario sentido- en lo previsto por el diverso artículo 20; se advierte claramente que contra el acto administrativo del organismo de la administración pública Municipal, (Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos de la Secretaría General de Gobierno Municipal de Querétaro), reclamado por la parte quejosa en su demanda; procede el juicio contencioso administrativo, pues se trata de un acto proveniente de la administración pública municipal que no se ubica en los supuestos de excepción que establece el aludido artículo 20; por lo que es un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, es concluyente que el mismo es improcedente. En efecto, el acto reclamado (oficio por el cual se reitera la negativa de autorización para ejercer la actividad comercial con el giro de tacos, jugos tortas y refrescos, identificada como solicitud de apertura de licencia 2015-2018 folio 90/2017), es un acto administrativo irreparable, respecto del cual el quejoso de manera optativa puede ser impugnarlo a través del recurso ordinario que prevé la legislación de la materia, o bien, a través del juicio de contencioso-administrativo, empero, si decide promover el recurso ordinario, contra la determinación que lo resuelva necesariamente debe promover el referido juicio, de ahí que exista la obligación de promover el juicio de contencioso-administrativo, antes de acudir al juicio de amparo. Ello es así, dado que la autoridad responsable es de aquellos entes a los que hace referencia el citado artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con el acto que aquí se combate, en razón de que se trata de actos administrativos dictado por una autoridad perteneciente al Municipio de Querétaro, en agravio de un particular. De esta suerte, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. Es aplicable, la tesis VII.A.T.154 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 463, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." Además debe precisarse que la ley que rige el juicio de nulidad prevé la suspensión del acto en sus artículos 44 a 49, bajo condiciones idénticas a las que prevé la Ley de Amparo y sin mayores requisitos de los que ésta exige, por lo cual se trata de un medio de impugnación que debe agotarse previo al juicio de amparo. En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 44. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado y se trate de: I. Multa excesiva; II. Confiscación de bienes; III. Privación de libertad por autoridad administrativa; IV. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia; y V. Cuando el acto impugnado, de llegar a consumarse, hiciera materialmente imposible la restitución al actor en el pleno goce de sus derechos. En tanto no se pronuncie la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. La suspensión en estos casos se decretará de plano en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo; ante el juzgador que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento. Artículo 45. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo que antecede. La suspensión podrá ser revocada o modificada por el juzgador, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días si varían las condiciones por las cuales fue otorgada. Artículo 46. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, mediante cualquiera de las formas siguientes: I. Depósito en efectivo; II. Prenda o hipoteca; III. Embargo de bienes; y IV. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite solvencia suficiente con bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Los fiadores deberán renunciar expresamente a los beneficios de orden y excusión y someterse, de igual manera, al procedimiento administrativo de ejecución a que hubiere lugar. Si la garantía se hubiese constituido previamente ante la autoridad demandada deberá acreditarlo el particular para los efectos legales del caso. Si la garantía no se otorga dentro de los ocho días siguientes al en que fuere notificado el acuerdo que la hubiera concedido dejará de surtir efectos. Artículo 47. En los casos en que la suspensión sea procedente, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá sólo si el actor concede garantía bastante para reparar los posibles daños y perjuicios que con su concesión se causaran si no obtuviera sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el juzgador fijará discrecionalmente el importe de dicha garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la violación, así como para garantizar el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la otorgada por el actor. Artículo 48. La resolución que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos inmediatamente, aunque se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión, pero si la Sala Unitaria revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata. Artículo 49. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo, vía incidental, dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia." Con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo en el Estado de Querétaro para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de oficio y b) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos, obliga al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite. Pues bien, el examen comparativo de los artículos 44 a 49, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a las siguientes razones legales: Del análisis del artículo 44, se aprecia que éste exige que el actor solicite la medida suspensional, beneficio del cual goza en cualquier etapa del juicio, ya sea al momento de presentar la demanda de nulidad o en cualquier tiempo hasta que se dicte sentencia; por su parte, la Ley de Amparo también exige que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar (artículo 128, fracción I) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Así, ambos ordenamientos coinciden en que: a) Es menester que el interesado solicite la concesión de la medida suspensional; y, b) Cuando la suspensión es solicitada al interponer la demanda, ello es suficiente para que la autoridad competente, se aboque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la suspensión. Cabe precisar que la circunstancia de que la suspensión en el juicio de nulidad se pueda solicitar en cualquier tiempo hasta que se dicte sentencia, y que el incidente de suspensión en el juicio de garantías pueda promoverse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, no implica que la Ley de Enjuiciamiento exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, sino únicamente tiene el propósito de fijar la preclusión del derecho del interesado a solicitar la suspensión de la ejecución del acto, es decir, precisar el límite del tiempo en que se puede ejercer tal prerrogativa, después de transcurrido el cual queda extinguido, mas no el de impedir que tal derecho se ejerza con antelación, desde el lapso comprendido que va desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, en la inteligencia de que tal lapso es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional y sólo podría considerarse como una desventaja cuando se limitara al momento de presentar la demanda de nulidad. Otro requisito común que exigen los dos ordenamientos jurídicos citados, consiste en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro; 128, fracción II, de la Ley de Amparo), la Ley de Enjuiciamiento prevé además, la posibilidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios, en los casos que consigna expresamente el artículo 45, entre los que destaca, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado. Los artículos 45, 46 y 47 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro, exigen que con la medida cautelar no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de que no se obtenga resolución favorable; por su parte, la Ley de Amparo en su artículo 132 dispone, en esencia, el mismo requisito al aludir que cuando se puede ocasionar daño o perjuicio a terceros, la medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, siendo pertinente hacer notar que incluso la Ley de Enjuiciamiento prevé un término más amplio de ocho días para la exhibición de la garantía de mérito, bajo apercibimiento de que la medida suspensional dejara de surtir efectos (artículo 47), mientras que en la Ley de Amparo, para tal efecto, se otorga un término de cinco días (artículo 136). De conformidad con los anteriores textos legales se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. De todo lo cual es válido concluir que el juicio contencioso administrativo, sí constituye un medio de defensa legal que previamente debe agotarse a la instancia constitucional. Sirve de apoyo la tesis de Jurisprudencia número PC.XXII. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1014, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD... Así también, tiene apoyo en las consideraciones vertidas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 933, libro XXI, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, materia común, que es del tenor siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. ... Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones del principio de definitividad, cuenta habida que las violaciones reclamadas, pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un juicio ordinario ante tribunales, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, como en el caso aconteció, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no analizara las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la tesis 2a.LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a su publicación del mes de julio del año dos mil, materia común, de texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ... En ostro aspecto, en los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece que no existe la carga procesal de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado: a) carece de fundamentación, b) cuando solamente se aleguen violaciones directas a la Constitución o c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, en el caso se no se actualizan dichas excepciones, porque, sin prejuzgar sobre su corrección y suficiencia en el oficio número DICVP/LVP/2133/2017 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, signado por el Director de Inspección en Comercio y Espectáculos, Secretaría General de Gobierno Municipal de Querétaro, se contienen las disposiciones legales en que la responsable sustenta su competencia para emitirlo, así como las disposiciones y fundamentos legales que tomó en consideración para resolver en el sentido que lo hizo, a saber: Reglamento para el Desarrollo de Actividades Comerciales en Vía Pública del Municipio de Querétaro artículos 1, 3, 6, 9, 12 y 14, así como los oficios DDU/CCU/US/2080/2017 y DDU/CCU/US/2684/2017 emitidos por el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XVI.1o. J/16 del Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, visible en la página 99, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, correspondiente a su publicación en el mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, que es de contenido siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ...Respecto del requisito b), los actos reclamados en esta instancia constitucional no son en sí mismos inconstitucionales, pues en el caso los motivos de queja son tendentes a destacar la existencia de ilegalidad del acto, que puede o pudieron ser materia precisamente de la Litis planteada mediante el ejercicio del medio legal ordinario de defensa en contra de tal acto. Consecuentemente, el quejoso no está relevado de la carga de agotar el procedimiento contencioso administrativo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien por el solo hecho de expresar que existe violación directa a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de aparo o agotar los medios ordinarios de defensa. Ello a razón de que si bien señala con el acto reclamado se viola el derecho fundamental consagrado en el artículo 123 de la Constitución en razón de que refiere se restringe su derecho al trabajo, sin embargo de la lectura integra de la resolución que en esta vía se combate, no se aprecia ninguna determinación o pronunciamiento en tal sentido, pues únicamente se señalaron los motivos y fundamentos por los cuales no era factible otorgarle la autorización para ejercer la actividad comercial en los términos en que la solicitó, ello de ninguna forma constituye una restricción a que pueda ejercer tal actividad siempre y cuando cumpla con los requisitos que para ello se establecen en los ordenamientos legales correspondientes. Tiene aplicación la jurisprudencia 499, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, tomo VI del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el que sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. ... Finalmente, en torno a la excepción prevista en el inciso C) el medio de defensa ordinario, esto es el juicio de nulidad como medio de impugnación, no se encuentra contemplado en un reglamento, sino en la propia Ley del Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro. Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR HUGO MARTÍNEZ BUENO, de conformidad con el numeral 113, de la misma legislación. Por otro lado, se le tiene como domicilio procesal el que indica en el proemio de su demanda de amparo y como autorizados para oír y recibir notificaciones, por no tener debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
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