Hugo Martínez Aguilar
Expediente 1518/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1518/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/10/2019
Partes del expediente
- Hugo Martínez Aguilar
- Renato Melgarejo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO.- LA PRESENTE RESOLLUCIÓN SERÁ PÚBLICADA DE CONFORMIDAD A LO ESTBLECIDO EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA SENTENCIA. TERCERO.- DESE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA RSOLUCIÓN.
- Principal
1 NO PRESENTADA Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que Gervasio Cano Gutiérrez, no dio cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado Federal el diez de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, se requirió al promovente del amparo para que realizara lo siguiente Acredite con documento fehaciente el carácter con el que se ostenta en el presente juicio de amparo, ya que dice promover como apoderado legal de Hugo Martínez Aguilar, Darío Jorge Guzmán Rodríguez, Obdón Martínez Barrientos y Renato Melgarejo Martínez. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Gervasio Cano Gutiérrez, quien se ostenta como apoderado legal de Hugo Martínez Aguilar, Darío Jorge Guzmán Rodríguez y Renato Melgarejo Martínez. 2 CUMPLIMIENTO En diverso aspecto, por lo que respecta al escrito de demanda y diverso aclaratorio de Obdón Martínez Barrientos por conducto de su apoderado legal Gervasio Cano Gutiérrez, se acuerda: En primer término, cabe destacar que de la lectura integral al escrito de demanda y diverso aclaratorio, se advierte que Obdón Martínez Barrientos por conducto de su apoderado legal Gervasio Cano Gutiérrez, señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional: La resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. La notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. 3 DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, respecto del acto precisado en el inciso a), consistente en la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, respecto del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la citada causa de improcedencia en atención a que contra el acto que reclama la parte quejosa, procede el recurso de revisión de los actos de ejecución que prevén los artículos 849, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de conformidad con su artículo 11. Lo anterior permite establecer que respecto de los actos de ejecución de un laudo, el recurso de revisión procede contra los realizados por el presidente adscrito al órgano responsable, cuestión que responde al principio de impugnación, que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Bajo esa premisa, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, es claro que previamente al amparo procedía agotar el recurso de revisión contra dichos actos. Lo anterior ya que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. En diverso aspecto, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a dichos medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, procede el incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 762, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo, De la interpretación literal de los mencionados dispositivos legales, se desprende que la nulidad de actuaciones es un medio de defensa que tiene como objeto que los actos judiciales sean revisados y en su caso ser modificados o revocados, por existir un vicio cuya corrección legal procede, incluso posterior al dictado del laudo. En las relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Obdón Martínez Barrientos por conducto de su apoderado legal Gervasio Cano Gutiérrez, respecto del acto reclamado consistente en la notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.
- Principal
1 NO PRESENTADA Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que Gervasio Cano Gutiérrez, no dio cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado Federal el diez de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, se requirió al promovente del amparo para que realizara lo siguiente Acredite con documento fehaciente el carácter con el que se ostenta en el presente juicio de amparo, ya que dice promover como apoderado legal de Hugo Martínez Aguilar, Darío Jorge Guzmán Rodríguez, Obdón Martínez Barrientos y Renato Melgarejo Martínez. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Gervasio Cano Gutiérrez, quien se ostenta como apoderado legal de Hugo Martínez Aguilar, Darío Jorge Guzmán Rodríguez y Renato Melgarejo Martínez. 2 CUMPLIMIENTO En diverso aspecto, por lo que respecta al escrito de demanda y diverso aclaratorio de Obdón Martínez Barrientos por conducto de su apoderado legal Gervasio Cano Gutiérrez, se acuerda: En primer término, cabe destacar que de la lectura integral al escrito de demanda y diverso aclaratorio, se advierte que Obdón Martínez Barrientos por conducto de su apoderado legal Gervasio Cano Gutiérrez, señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional: La resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. La notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. 3 DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, respecto del acto precisado en el inciso a), consistente en la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, respecto del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la citada causa de improcedencia en atención a que contra el acto que reclama la parte quejosa, procede el recurso de revisión de los actos de ejecución que prevén los artículos 849, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de conformidad con su artículo 11. Lo anterior permite establecer que respecto de los actos de ejecución de un laudo, el recurso de revisión procede contra los realizados por el presidente adscrito al órgano responsable, cuestión que responde al principio de impugnación, que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Bajo esa premisa, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, es claro que previamente al amparo procedía agotar el recurso de revisión contra dichos actos. Lo anterior ya que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. En diverso aspecto, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a dichos medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, procede el incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 762, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo, De la interpretación literal de los mencionados dispositivos legales, se desprende que la nulidad de actuaciones es un medio de defensa que tiene como objeto que los actos judiciales sean revisados y en su caso ser modificados o revocados, por existir un vicio cuya corrección legal procede, incluso posterior al dictado del laudo. En las relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Obdón Martínez Barrientos por conducto de su apoderado legal Gervasio Cano Gutiérrez, respecto del acto reclamado consistente en la notificación realizada el catorce de enero de dos mil dieciséis, respecto de la resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciséis, que resolvió como procedente el incidente de prescripción de laudo, tramitado en los autos del juicio laboral D-133/2005 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 1136/2010, relativo al juicio de reducción de pensión alimenticia, en el que, el Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Director de Asistencia Jurídica del DIF Estatal, exhibió el estudio socioeconómico practicado al aquí tercero interesado Gerardo Sánchez Villanueva, no así el estudio de la demandada, aquí quejosa Sandra Román Vázquez, en virtud de que no se presentó a realizarlo, girando nuevamente oficio a la indicada autoridad a fin de que realice el estudio socioeconómico a la aquí quejosa y una vez que recabe todos los elementos de prueba, estará en posibilidad de dictar lo relativo a la disminución de la pensión alimenticia dentro del expediente civil de origen; por lo que se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Hágase saber lo anterior, a la parte quejosa Sandra Román Vázquez, para los efectos legales procedentes.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Hugo Josue Ramirez Lucero1139/2021
- Hugo Josue Ramirez Lucero1675/2022
- Hugo Juventino Arista Y Orduña2036/2017
- Hugo León García1564/2018
- Hugo López Martínez1272/2018
- Hugo Marín Ruiz1440/2023
- Hugo Martínez Cruz197/2015
- Hugo Michel Mejía Gómez193/2015
- Hugo Mijangos Cordoba2365/2017
- Hugo Montaño Perez637/2020
- Hugo Munguía Quintero244/2017
- Hugo Ortega Ordoñez573/2018