Hugo Marcos Sanabria Mascareño
Expediente 1577/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1577/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/03/2018
Partes del expediente
- Hugo Marcos Sanabria Mascareño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal el veintitrés de enero y veintiuno de febrero del año en curso (fojas 129 a 130 y 143), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintidós de febrero del año en curso (foja 144), se dio vista a la parte agraviada con los referidos comunicados y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al peticionario del amparo, el veintiocho de febrero del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del dos al seis de marzo del año en curso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. No pasa desapercibido, que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se calificó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo efectuado por la autoridad responsable, en el cual se determinó que no se encontraba cumplida en su totalidad; por lo que se requirió nuevamente a los entes responsables dependientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y en respuesta a ello realizaron manifestaciones respecto al proveído de referencia. Entonces, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 81 a 93), se determinó conceder a Hugo Marcos Sanabria Mascareño, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Secretario y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $20,485.53 (veinte mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 53/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a los solicitantes del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero del dos mil dieciocho, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $20,786.72 (veinte mil setecientos ochenta y seis pesos 72/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $20,485.53 (veinte mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 53/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), da como resultado la cantidad de $20,205.53 (veinte mil doscientos cinco pesos 53/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, y el diecinueve de enero del año en curso se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a diciembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue 126.408; y para el mes de diciembre del año próximo pasado 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03484. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $20,909.49 (veinte mil novecientos nueve pesos 49/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $423.96 (cuatrocientos veintitrés pesos 96/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la secretaría responsable debía devolver al quejoso era de $20,909.49 (veinte mil novecientos nueve pesos 49/100, moneda nacional); sin embargo, esta reintegró la diversa de $20,786.72 (veinte mil setecientos ochenta y seis pesos 72/100 moneda nacional), es decir, faltó retribuirle $122.77 (ciento veintidós pesos 77/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe el peticionario de garantías a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual con el fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, informa que el diecinueve de enero de la presente anualidad, realizó una transferencia bancaría a favor del quejoso por la cantidad de $***por concepto de devolución de lo erogado con motivo del acto de aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio y para corroborar su dicho, anexa la constancia del SPEI generado con motivo del citado movimiento electrónico, por lo que solicita se declare cumplida la ejecutoria de mérito. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable.
- Principal
Tepic, Nayarit, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 80), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, el veintinueve de noviembre siguiente (fojas 81-93) en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por **** respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Secretario y Director General de Ingresos, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus garantías individuales violadas, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito, se advierte que la concesión de amparo fue para que la autoridad responsable referida, esencialmente, realizara lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le aplicaran en el presente ni en el futuro tales ordinales, hasta en tanto no sean modificados. Le devolvieran a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $20,485.53 (veinte mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con cincuenta y tres centavos 53/100 moneda nacional), que el quejoso pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, en el entendido de que dicha cantidad a devolver debería encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero de la presente anualidad y registrado con el número de folio 1825 el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, en representación del director de ingresos y recaudador de rentas responsables, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el diecinueve de enero pasado realizó una transferencia bancaria a favor del quejoso valiosa por la cantidad $20,786.72 (veinte mil setecientos ochenta y seis pesos con setenta y dos centavos 72/100 moneda nacional), cantidad que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva y al efecto remitió la constancia del SPEI generado con motivo del citado movimiento electrónico (fojas 129-130). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las citadas autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit no acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que únicamente desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por éstos, sin embargo, ésta no se encuentra debidamente actualizada debidamente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $20,485.51 (veinte mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con cincuenta y un centavos 51/100 moneda nacional), por los siguientes conceptos: Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenia que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $20,205.51 (veinte mil doscientos cinco pesos con cincuenta y un centavos 51/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dieciocho de julio de dos mil diecisiete y el diecinueve de enero de la presente anualidad, las autoridades responsable, por conducto de su apoderado legal, realizaron una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cual pretendían devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecisiete a enero de la presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio entre el índice para el mes de diciembre, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.886; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03094. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $21,119.33 (veintiún mil ciento diecinueve pesos con treinta y tres centavos 33/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $633.82 (seis cientos treinta y tres pesos con ochenta y dos centavos 82/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las citadas autoridades responsables no acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, a la cantidad que devolvieron les hizo falta agregar el diverso monto de $332.61 (trescientos treinta y dos pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional), a fin de que el concepto de actualización se encontrara debidamente completo. En tales condiciones, se requiere de nueva cuenta a las referidas autoridades responsables Director de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto del director general jurídico de dicha dependencia estatal, para que dentro del término de cinco días contados a partir al que surta efectos la notificación del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, acredite a este juzgado que devolvió la cantidad debidamente actualizada, tal como se indicó en la ejecutoria de amparo dictada en autos; esto es, devolver al quejoso la aludida cantidad de $332.61 (trescientos treinta y dos pesos con sesenta y un centavos 61/100 moneda nacional). Lo anterior, apercibido que de no hacerlo, así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.
- Principal
Tepic, Nayarit, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual con el fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, informa que el diecinueve de enero de la presente anualidad, realizó una transferencia bancaría a favor del quejoso por la cantidad de $****), por concepto de devolución de lo erogado con motivo del acto de aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio y para corroborar su dicho, anexa la constancia del SPEI generado con motivo del citado movimiento electrónico.. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable.
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