Hugo Luna Urias
Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hugo Luna Urias
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruirse con posterioridad al VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 237/2023 con número de orden 565/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, girado a efecto de notificar al quejoso Hugo Luna Arias, el proveído de cuatro de los actuales; en consecuencia, dese de baja en la noticia mensual de estadística y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, para los efectos legales procedentes. Finalmente, debido a que de la diligencia de notificación remitida por la autoridad oficiante, se advierte que el autorizado de la parte quejosa, al momento de la notificación señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Arquitectos, número 215, colonia Unidad Magisterial, código postal 91017, de esta ciudad, téngasele para tal efecto el mismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de este órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Ahora, visto el oficio número 15691/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 767/2023-V-A, de su índice, promovido por Hugo Luna Urías, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz; e informa que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal para resolver ese asunto, fincando dicha cuestión a favor del Juez de Distrito, en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en esta ciudad, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado. Al respecto, se acuerda: Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de mérito. Acúsese recibo de estilo. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 825/2023-6-B. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: ".A. Señaló como acto reclamado EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN dictado dentro de la causa penal 742/2021 del Juzgado de Huatusco, Veracruz, antes 730/2017 del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Córdoba Veracruz, dictado con fecha 25 de mayo del año corriente presunto responsable del delito de ROBO ESPECIFICO en la modalidad de un vehículo auto motor y desmantelamiento de un VEHICULO ROBADO siendo por este hecho privado de mi libertad desde el 19 de mayo del año en curso misma detención que fue legalizada ese mismo día, por lo cual en dicho AUTO se me cuarta mi libertad toda vez que el mismo esta carente de la debida fundamentación y motivación que debe caracterizar a todo AUTO de autoridad el cual fue dictado sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y como consecuencia vulneran mis más esenciales garantías individuales de legalidad, libertad y seguridad jurídica contenidas en los Artículos 14, 16, 19 y 20 apartado A de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el Juez de Distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes:4 "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en relación con los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se advierte en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que la quejosa se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a).- Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b).- Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c).- Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, la persona juzgadora debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo, por su contenido, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,5 que al rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Antes de exponer las razones por las cuales se actualiza la causa de improcedencia invocada, es conveniente precisar que, conforme a la certificación secretarial de cuenta, es un hecho notorio, que existe el diverso juicio de amparo indirecto 660/2023/3-B, en el que se observa los siguientes datos: 1. Quejoso: Hugo Luna Arias. 2. Autoridad responsable: Juez Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz. 3. Acto reclamado: ".EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN dictado dentro de la causa penal 742/2021 del Juzgado de Huatusco, Veracruz, antes 730/2017 del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Córdoba Veracruz, dictado con fecha 25 de mayo del año corriente presunto responsable del delito de ROBO ESPECIFICO en la modalidad de un vehículo auto motor y desmantelamiento de un VEHICULO ROBADO siendo por este hecho privado de mi libertad desde el 19 de mayo del año en curso misma detención que fue legalizada ese mismo día, por lo cual en dicho AUTO se me cuarta mi libertad toda vez que el mismo esta carente de la debida fundamentación y motivación que debe caracterizar a todo AUTO de autoridad el cual fue dictado sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y como consecuencia vulneran mis más esenciales garantías individuales de legalidad, libertad y seguridad jurídica contenidas en los Artículos 14, 16, 19 y 20 apartado A de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", a las formalidades esenciales del procedimiento." Los datos anteriores coinciden con los datos del presente juicio de amparo indirecto 825/2023/6-B, ya que de la lectura del escrito de demanda se tiene lo siguiente: 1. Quejoso: Hugo Luna Arias. 2. Autoridad responsable: Juez Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz. 3. Acto reclamado: ".EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN dictado dentro de la causa penal 742/2021 del Juzgado de Huatusco, Veracruz, antes 730/2017 del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Córdoba Veracruz, dictado con fecha 25 de mayo del año corriente presunto responsable del delito de ROBO ESPECIFICO en la modalidad de un vehículo auto motor y desmantelamiento de un VEHICULO ROBADO siendo por este hecho privado de mi libertad desde el 19 de mayo del año en curso misma detención que fue legalizada ese mismo día, por lo cual en dicho AUTO se me cuarta mi libertad toda vez que el mismo esta carente de la debida fundamentación y motivación que debe caracterizar a todo AUTO de autoridad el cual fue dictado sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y como consecuencia vulneran mis más esenciales garantías individuales de legalidad, libertad y seguridad jurídica contenidas en los Artículos 14, 16, 19 y 20 apartado A de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", a las formalidades esenciales del procedimiento." De lo antes precisado se concluye que el presente juicio de amparo, es idéntico en sus términos al diverso cuyos datos se desprenden de la certificación secretarial de cuenta, es decir, del juicio de amparo registrado con el número 660/2023/3-B, del índice de este Juzgado, promovido por el mismo quejoso, reclamando el mismo acto, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo el tres de agosto de dos mil veintitrés, al no haber desahogado la prevención que se le realizó, en el plazo concedido; datos que son de invocar como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación por identidad de razón la jurisprudencia 2ª./J. 27/97 visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1993, 6 que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial". De lo anterior tenemos que el quejoso Hugo Luna Arias, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Córdoba, Veracruz, demanda de amparo en la que reclamó ".EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN dictado dentro de la causa penal 742/2021 del Juzgado de Huatusco, Veracruz, antes 730/2017 del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Córdoba Veracruz, dictado con fecha 25 de mayo del año corriente presunto responsable del delito de ROBO ESPECIFICO en la modalidad de un vehículo auto motor y desmantelamiento de un VEHICULO ROBADO siendo por este hecho privado de mi libertad desde el 19 de mayo del año en curso misma detención que fue legalizada ese mismo día, por lo cual en dicho AUTO se me cuarta mi libertad toda vez que el mismo esta carente de la debida fundamentación y motivación que debe caracterizar a todo AUTO de autoridad el cual fue dictado sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y como consecuencia vulneran mis más esenciales garantías individuales de legalidad, libertad y seguridad jurídica contenidas en los Artículos 14, 16, 19 y 20 apartado A de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", señalando como autoridad responsable al Juez Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz; y, que en el asunto en que se actúa el acto combatido lo constituye el mismo acto. Sin embargo, del juicio de amparo 660/2023/3-B del índice de este juzgado, se advierte que desde el cinco de julio del año en curso, tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que, el plazo para interponer la demanda inició el seis de julio siguiente, concluyendo el veintiséis de julio posterior. De modo que, si la demanda que dio origen al amparo indirecto en que se actúa fue depositada en el buzón judicial el veinticinco de agosto del año en curso; entonces, la demanda resulta extemporánea, pues su presentación ocurrió con posterioridad al plazo que otorga la Ley de Amparo. Bajo tal orden de ideas, se considera que debe desecharse de plano la demanda de amparo debido a que su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se promovió dentro de los quince días siguientes al que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, y que dice le causan agravio. No obsta a lo anterior, que los Juzgados en Materia Penal del Sistema Tradicional, gozaron de su período vacacional de verano del diez al veintiocho de julio de dos mil veintitrés y del siete al veinticinco de agosto, ya que en el Acuerdo VII, de la Circular 1, de seis de enero de dos mil veintitrés, derivada de la sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil veintitrés, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se estableció que dichos juzgados no interrumpirían las labores durante las vacaciones. En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el multicitado juicio de amparo 660/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, se tuviese por no presentada la demanda de amparo, al no haber desahogado la prevención que se le realizó, en el plazo concedido, pues es evidente que desde la presentación de aquel juicio, ya era conocedor de la existencia del acto reclamado, de ahí que, resulte notoria e indudable la extemporaneidad del reclamo que ahora pretende plantear en la demanda de amparo que se atiende. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Marín Hernández quien cuenta con el registro 150912 en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro 2021840, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Ahora, tomando en consideración que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la citada legislación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito, con residencia en Córdoba, Veracruz, en turno, que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, es quien ejerce la jurisdicción territorial en el domicilio de mérito, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en calle 23 av. 10 y 12 número 1004 Colonia Centro, de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y notifique al quejoso Hugo Luna Urías, el presente proveído. Debiendo también, requerirlo en el momento de la diligencia, para que en el término de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos. Ahora, en cumplimiento a los artículos 10, 79, 80, 81 y 82, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, remítase el presente exhorto por la vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su diligenciación correspondiente. De igual modo, solicítese al órgano jurisdiccional al que por razón de turno corresponda diligenciar el exhorto de mérito, que una vez desahogada la solicitud, remita la comunicación oficial respectiva, únicamente a través de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo mencionado, por lo que su envío por la vía ordinaria resulta innecesario; en el entendido que, al ser actuaciones judiciales, deben ser firmadas electrónicamente, haciendo uso de la "FIREL", por los mismos funcionarios que la emiten, lo anterior de conformidad con el numeral 107 del citado Acuerdo General, así como lo establecido en la Circular SECNO/3/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, del Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como para realizar una labor judicial eficiente, se ordena al Secretario que corresponda, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllas promociones de las que resulte intrascendente dictar acuerdo. Lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) Promociones ya acordadas en autos; b) Duplicación de informes y comunicaciones recibidas; c) Piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido; d) Acuses de recibo; y, e) Solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas en este auto). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, signifíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el suscrito secretario Pablo Alberto Ochoa Blanco hago CONSTAR: Que la presente determinación y la promoción que antecede fueron integradas tanto al expediente electrónico, como al impreso en que se actúa. Conste.
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