Hugo López Márquez

Expediente 399/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
399/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Hugo López Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado el estado procesal que guardan los presentes autos, así como del cómputo secretarial que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del plazo legal de cinco días, previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Por lo anterior; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no se considera de relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el antepenúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación."

  2. Principal

    "...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por... en representación del quejoso... contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales previstos en el artículo 1, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 399/2023-IV-B. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En el caso, el promovente, reclama de las autoridades responsables la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Poza Rica, Veracruz, a uno diverso. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no haber agotado la parte quejosa, previo a acudir a esta vía, "la petición administrativa" que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que pudo obtener la modificación, revocación o nulidad del citado acto En efecto, la porción normativa en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Disposición de la que deriva que el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad, que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. A fin de evidenciar que en el caso se actualiza ese supuesto de improcedencia, es pertinente precisar que la emisión de la orden de traslado reclamada se atribuye únicamente a autoridades administrativas, distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Explicado lo anterior, en el caso, la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Poza Rica, Veracruz, al Centro de Reinserción Social de Acayucan, Veracruz. Así, del contenido de la demanda de amparo, en específico, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso el impetrante al narrar los antecedentes, se observa que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (fecha en que se ejecutó la orden de traslado que reclama). En efecto, la manifestación hecha por el promovente en cuanto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, entraña una confesión expresa, que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo. En esas condiciones, el plazo mencionado de quince días hábiles con que contaba para presentar su demanda de amparo en contra de la aludida orden, debe computarse a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, como lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo. EUGENIA RAMIREZ RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0d.fd 15/05/26 18:00:00 26 Entonces, como orden de traslado reclamada se ejecutó el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el plazo genérico de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de mayo al catorce de junio de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles según lo establece el artículo 19 de la Ley de Amparo. De modo que si el impetrante presentó la demanda de amparo hasta el veintinueve de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, turnada a este Juzgado en esa propia fecha, ES EVIDENTE QUE HA TRANSCURRIDO EN EXCESO el plazo genérico de quince días hábiles con que contaba, para presentar su demanda. En esa tesitura, si como se dijo, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, así como su ejecución desde el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, y presentó su demanda hasta el veintinueve de junio del año en curso, es inconcuso que al no haberla interpuesto dentro del plazo indicado, consintió tácitamente los actos que reclama en esta vía constitucional, esto es, la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Poza Rica, Veracruz, al Centro de Reinserción Social de Acayucan, Veracruz. En este punto, se precisa que el promovente no se ubica en alguna de las excepciones que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, pues el acto deriva de un procedimiento de naturaleza civil en donde no se impuso ninguna de las medidas antes destacadas. No pasa desapercibido para quien resuelve, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J.2 83/2015 (10a.), visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, sostuvo que cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, se ejecute sin intervención de la autoridad juridicial, no puede considerarse como un acto dentro del procedimiento y, por ende, se actualiza la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, para promover el juicio de garantías dentro del plazo de quince días. Bajo esa perspectiva, es incuestionable que en el caso, no opera la excepción del pazo de quince días en comento, de conformidad con la jurisprudencia apenas transcrita. Lo anterior es así, ya que en los antecedentes redactados bajo protesta de decir verdad por el impetrante de amparo, manifestó que desde el catorce de mayo de dos mil veintitrés, se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social de Poza Rica, Veracruz, con motivo de un proceso penal seguido en su contra. Asimismo, que el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Acayucan, Veracruz. En ese sentido, es inconcuso que el traslado que se reclama fue derivado del proceso penal seguido en contra del peticionario de garantías, por lo cual, opera la regla de que el juicio de amparo debió promoverse dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de la Amparo. De ahí que, si el quejoso no presentó su demanda de amparo en el plazo de referencia, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, al no haberse presentado la demanda dentro del término genérico de quince días, que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XIV del citado ordenamiento legal, por tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo..."

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