Hugo Lara Rodriguez y Otros.

Expediente 95/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
95/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Hugo Lara Rodriguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos omitieron recurrir el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 25), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En último lugar, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Se ordena agregar al expediente el escrito al parecer signado por los quejosos *** , por el cual pretenden cumplir con lo requerido en proveído de uno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 14 a la 16). Sin embargo, se observa que las firmas de los quejosos *** , plasmadas en el escrito de cuenta, difieren notablemente de las que obran en la demanda origen del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se requiere a los quejosos *** , para que comparezcan ante este juzgado con credencial oficial vigente y copia simple de las mismas, a manifestar bajo protesta de decir verdad, si las firmas que obran en el escrito de cuenta, fueron estampadas de sus respectivos puños y letras. Ello, en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en la tesis XIII. 1°. J/10, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, página 83, cuyo rubro indica: "FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL". Se hace saber a los promoventes que la necesidad de requerirlos para que comparezcan a ratificar sus firmas, obedece a la importancia que esta tiene, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Es más, la firma como expresión de voluntad está vinculada con lo establecido por el artículo 107 constitucional, porque este en su fracción primera, exige la instancia de parte agraviada para sustanciar el juicio constitucional, pues de evidenciarse la falsedad de la firma en algún escrito de instauración procesal -como el aclaratorio- se estaría ante la ausencia de la instancia de parte agraviada, la cual es exigida constitucionalmente. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha sostenido que los jueces de distrito tienen facultad para ordenar el desahogo de una pericial en caligrafía y grafoscopía, de considerar que la firma plasmada en la demanda, difiere con alguna que obra en otro escrito dentro del expediente (como en el caso la del escrito aclaratorio). Pese a lo anterior, este juzgador considera de momento como una forma más viable para la verificación de la autenticidad de dichas firmas, la comparecencia de los promoventes a este órgano jurisdiccional. Empero, se les apercibe que de omitir comparecer en el plazo señalado, se tendrá no presentado el escrito de referencia. También se hace del conocimiento de los promoventes que de omitir conducirse con la verdad, se puede actualizar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por *** , por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Ejecución con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierte irregularidad en los actos reclamados. Para demostrarlo se hace notar que la irregularidad de los actos reclamados, obedece a que fue señalada una orden de reaprehensión entre lo siguiente: ".De las autoridades Ordenadoras, se reclama el supuesto oficio de localización y presentación y/o orden de búsqueda, Aprehensión, Detención y Reaprehensión que pudieren existir en nuestra contra, girados dentro de una supuesta Carpeta de Investigación o en su caso Causa Penal." (foja 4). Lo anterior evidencia que los quejosos combaten diferentes órdenes de detención, cuyo origen ignoran, y al mismo tiempo introdujeron una orden de reaprehensión, que implicaría el conocimiento pleno de una causa penal. En efecto, la orden de reaprehensión se puede librar durante el trámite de un proceso penal, después de que el inculpado ha quedado sometido bajo los términos de un acuerdo de formal prisión. De ahí la irregularidad de los actos reclamados por los quejosos, pues el reclamo a una orden de reaprehensión obligaría a que estos proporcionaran el número de la causa penal donde tienen el carácter de procesados, y la autoridad judicial que la tramita. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectúen la siguiente aclaración: 1. Manifiesten si desean limitar los actos reclamados a las distintas órdenes de detención que precisaron en la demanda (también la ejecución de las mismas) pero con exclusión del acto que denominaron orden de reaprehensión; y 2. Si es voluntad de los quejosos mantener el reclamo genérico de una orden de reaprehensión, deberán proporcionar el número del proceso donde hayan participado, la autoridad judicial que lo trámite y el estado procesal de la misma. Se hace saber a los quejosos que al desahogar el requerimiento formulado, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por la irregularidad antes mencionada) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a los quejosos que la prevención de que se trata, habrá de asegurar una debida integración de la litis de amparo, para una pronta y expedita impartición de justicia, como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por lo que también deberán nombrar un representante común de entre ellos; y se les apercibe que de omitir hacerlo, se asignará ese carácter al primero que se nombra en la demanda de amparo. Asimismo, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de cuenta (ubicado en la ciudad de Puebla); y queda autorizado en términos amplios el profesionista *** , porque se encontró inscrita su cédula en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF (9208661) del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Mientas que sólo para recibir y oír notificaciones, a las demás personas que señalaron en la demanda, porque así lo solicitaron. También se hace saber a los quejosos que se autoriza la toma de fotografías, a las personas designadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y los quejosos) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de los autorizados, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación anterior se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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