Hugo José García Solís
Expediente 774/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hugo José García Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el primero de los oficios de cuenta que suscribe el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones Adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres Región "C", con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele rindiendo informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo e informando que el nombre correcto de dicha autoridad es el anteriormente descrito. Por otra parte, agréguese el segundo de los oficios de cuenta que suscribe la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintidós de los actuales, informa que el veinticinco de septiembre pasado dictó no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ***********, ante el otorgamiento del perdón de la ofendida. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como prueba la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: El citatorio suscrito por el Agente de Investigación Criminal adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ***********. Por tanto, de acuerdo con las documentales que remitió la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, se desprende que: El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, ante el otorgamiento del perdón de la ofendida ***********, la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, dictó dentro de la carpeta de investigación ***********, el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia el archivo definitivo de dicha carpeta. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, ante el otorgamiento del perdón de la ofendida ***********, dictó dentro de dentro de la carpeta de investigación ***********, el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia el archivo definitivo de dicha carpeta, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la fecha y hora señaladas para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese a sus autos el primero de los oficios de cuenta que suscribe el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones Adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres Región "C", con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele rindiendo informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo e informando que el nombre correcto de dicha autoridad es el anteriormente descrito. Por otra parte, agréguese el segundo de los oficios de cuenta que suscribe la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintidós de los actuales, informa que el veinticinco de septiembre pasado dictó no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ***********, ante el otorgamiento del perdón de la ofendida. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como prueba la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: El citatorio suscrito por el Agente de Investigación Criminal adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ***********. Por tanto, de acuerdo con las documentales que remitió la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, se desprende que: El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, ante el otorgamiento del perdón de la ofendida ***********, la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, dictó dentro de la carpeta de investigación ***********, el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia el archivo definitivo de dicha carpeta. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, ante el otorgamiento del perdón de la ofendida ***********, dictó dentro de dentro de la carpeta de investigación ***********, el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia el archivo definitivo de dicha carpeta, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la fecha y hora señaladas para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta, que suscribe el quejoso **********, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y ampliando su demanda respecto de la autoridad responsable Jefe de Cédula de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con residencia en esta ciudad, así como adjuntando la copia necesaria a fin de estar en condiciones de correrle traslado. En ese sentido, con fundamento en los artículos los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII constitucional, 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 110, 112, 115 y 111 de la Ley de Amparo, emplácese a juicio a la citada autoridad. Requiérase al Jefe de Cédula de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, en el entendido que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. De igual forma, con apoyo en el numeral 117 del mismo ordenamiento legal, hágase de su conocimiento que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se le tiene ofreciendo como medio de convicción, la documental que adjunta, la cual se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza jurídica. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que la Agente II del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de la carpeta de investigación **********, de la que se advierte una ampliación de entrevista de la ofendida, en la que solicitó que ya no se le citara al aquí quejoso **********, ni se le notificaran las medidas de protección, por los motivos que expuso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la Agente responsable para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita copia certificada legible de la constancia que recayó a dicha petición, o bien, manifieste el estado que guarda la carpeta de investigación aludida, esto es, si dejó sin efecto el citatorio aquí reclamado o aún se encuentra vigente, o en su caso, manifieste el impedimento que tuviere para ello, pues dicha constancia podría actualizar alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio. El requerimiento anterior, conlleva el apercibimiento que de no cumplirlo en la forma y plazos establecidos se impondrá a la autoridad requerida una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con treinta minutos del diecinueve del noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
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