Hugo Ivan Rodriguez Lopez
Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Ivan Rodriguez Lopez
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Centro-Poniente, Con Sede En Cholula, Puebla (David Rodríguez González)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. I. NUEVA DENOMINACIÓN DE ESTE JUZGADO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad, publicado el quince de mayo del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. II. PRESCRIPCIÓN BILLETE DE DEPÓSITO. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 602/2021 promovido por el quejoso Hugo Iván Rodríguez López, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, feneció el término de dos años que se otorgó al aludido peticionario de amparo, en resolución interlocutoria de quince de julio de dos mil veintiuno, para que compareciera ante esta potestad, a solicitar la entrega del billete de depósito N-096168 expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $1,300.00 (mil trescientos pesos cero centavos moneda nacional); que exhibió para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida en auto de ocho de julio de ese mismo año; sin que a la data en que se emite este proveído, haya comparecido a este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante esa circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se previno al referido quejoso en resolución interlocutoria de quince de julio de dos mil veintiuno y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción del billete de depósito N-096168, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca Desarrollo, por la cantidad de $1,300.00 (mil trescientos pesos cero centavos moneda nacional); por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase dicho documento bancario a la Tesorería de la Federación, a fin que lo haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero General de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo del billete de depósito de referencia, que se le envía para el efecto antes indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Finalmente, en razón a que el presente proveído deberá notificarse por oficio, al Tesorero General de la Federación, por tanto, con fundamento en los artículos 3°, fracciones III y XII, 10 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asunto de la competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo; así como el 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena generar la impresión del presente proveído, así como de la minuta derivada del mismo, con la evidencia criptográfica de las firmas respectivas y agregarlos al expediente físico del incidente de suspensión. Notifíquese por lista al quejoso; y, por oficio al Tesorero de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. I.CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría y los oficios correspondientes. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. AMPARO: 602/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL: ALEJANDRO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E-313-1 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. OF.E-313-2 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS. OF.E-313-6 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA. OF.E-813-AMF AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO (NO RESPONSABLE.) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 602/2021-E, PROMOVIDO HUGO IVAN RODRÍGUEZ LÓPEZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. I.CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]." LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 18 DE AGOSTO DE 2021. A T E N T A M E N T E (FIRMA ELECTRÓNICA) MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 602/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Hugo Iván Rodríguez López; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Hugo Iván Rodríguez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable 1. David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiocho de junio del presente año, la demanda promovida por Hugo Iván Rodríguez López, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 602/2021; y se previno al quejoso para que especificara la denominación correcta, de manera detallada y enumerada de las autoridades responsables, que señaló en su escrito de demanda, en los términos siguientes: "ÚNICO. Precise cuál es la denominación correcta, de manera detalla y enumerada, de las autoridades responsables siguientes: ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE." ".Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO." ". La Agencia Estatal de Investigación, del Estado Libre y Soberano de Puebla, por conducto de los Agentes Investigadores; o bien, 2. Las Instituciones policiales, de carácter ministerial o los cuerpos de seguridad pública estatal o municipal.". Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído ocho de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, Hugo Iván Rodríguez López, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de aprehensión. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; POR CONDUCTO DEL JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO. Niega 2 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS; POR CONDUCTO DEL JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO. Niega 3 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE PUEBLA. Niega. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes justificados respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de las autoridades señaladas con antelación y los actos que les fueron atribuidos, destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Hugo Iván Rodríguez López, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo resolvió y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada), y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/1105/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Romina Ortiz Ávila, secretaria quien autoriza y da fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 602/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Hugo Iván Rodríguez López; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Hugo Iván Rodríguez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable 1. David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiocho de junio del presente año, la demanda promovida por Hugo Iván Rodríguez López, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 602/2021; y se previno al quejoso para que especificara la denominación correcta, de manera detallada y enumerada de las autoridades responsables, que señaló en su escrito de demanda, en los términos siguientes: "ÚNICO. Precise cuál es la denominación correcta, de manera detalla y enumerada, de las autoridades responsables siguientes: ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE." ".Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE." ". Juez(es) de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control, DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO." ". La Agencia Estatal de Investigación, del Estado Libre y Soberano de Puebla, por conducto de los Agentes Investigadores; o bien, 2. Las Instituciones policiales, de carácter ministerial o los cuerpos de seguridad pública estatal o municipal.". Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído ocho de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, Hugo Iván Rodríguez López, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de aprehensión. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; POR CONDUCTO DEL JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO. Niega 2 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS; POR CONDUCTO DEL JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO. Niega 3 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE PUEBLA. Niega. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes justificados respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de las autoridades señaladas con antelación y los actos que les fueron atribuidos, destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Hugo Iván Rodríguez López, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista, intégrese a los autos la razón de cuenta, a través de la cual el funcionario de la adscripción hace del conocimiento la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso la resolución interlocutoria de quince de julio pasado en el domicilio ubicado en "calle Prolongación Norte número 1802, departamento 2, colonia San Andrés Cholula, Puebla", ya que después de un recorrido por San Andrés Cholula, Puebla, haber preguntado con vecinos del lugar, así como haber buscado en el mapa del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, no logró ubicar la "calle Prolongación Norte" por lo que aduce el actuario que los datos proporcionados no son suficientes para localizar el domicilio mencionado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa Hugo Iván Rodríguez López, la resolución de interlocutoria de quince de julio de dos mil veintiuno, el diverso de esta data, así como las subsecuentes notificaciones, por medio de lista de acuerdos. Notifíquese por lista al quejoso, la resolución de quince de julio pasado y el similar de esta data, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020. AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con cinco minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 602/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Rafael Torres Campos, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Hugo Iván Rodríguez López, auto de ocho de julio de dos mil veintiuno (suspensión provisional), informes previos rendidos por las autoridades responsables y acuerdo que los tuvo por recibidos. Asimismo, se da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla y con el billete el escrito con anexo, signado por el quejoso Hugo Iván Rodríguez López. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes y, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el que será tomado en consideración al momento de dictar la presente resolución. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito y anexo de cuenta signado por el quejoso Hugo Iván Rodríguez López, a través del cual exhibe el billete de depósito N 096168, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $1, 300.00 (mil trescientos pesos cero centavos moneda nacional), para que siga surtiendo sus efectos la suspensión provisional que le fue concedida en autos. Sin embargo, toda vez que en esta fecha, se está resolviendo la suspensión definitiva en la presente incidencia, negándose la suspensión por las razones que a continuación se explicaran; por lo que la suspensión (provisional) para la cual fue exhibida la garantía, ya fue sustituida procesalmente. En consecuencia, no se tiene por exhibida la citada garantía y, se ordena devolver el billete de depósito N 096168, por la cantidad de $1, 300.00 (mil trescientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió el quejoso para garantizar la suspensión provisional concedida, debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días martes y jueves de cada semana a partir del dos de agosto de dos mil veintiuno, de las doce a las trece horas con treinta minutos, debiendo acompañar copia de identificación oficial, para los efectos legales correspondientes; haciendo de su conocimiento que durante el periodo vacacional del suscrito Juez Federal, comprendido del dieciséis al treinta de julio del presente año, no se realizara la devolución de billetes de depósito. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos de diligencias personales -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Además, comuníquese al quejoso que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Guárdese el citado billete de depósito en el seguro del juzgado y regístrese bajo el número que le corresponda en el libro respectivo, hasta en tanto la parte quejosa comparezca a las instalaciones de este juzgado para su devolución. Así mismo, para facilitar el manejo del expediente, agréguese copia fotostática simple del citado billete de depósito con la leyenda "fotocopia sin valor". Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario da cuenta con las documentales que en copia certificada ofreció la parte quejosa, consistente en la documental pública consistente en todo lo actuado en la presente incidencia. Asimismo, el secretario certifica que las demás partes no ofrecieron elementos probatorios; y, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales relacionadas por la Secretaria, y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Se cierra el periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Por tanto, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 602/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Hugo Iván Rodríguez López; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno (suspensión provisional), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por Hugo Iván Rodríguez López, contra actos del 1. David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla y otras autoridades, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados por el quejoso Hugo Iván Rodríguez López en el presente asunto son: La orden de aprehensión decretada en su contra; y, su ejecución. TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1-2 1. David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla y 2. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado. Niega 3 Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables mencionadas en la tabla que antecede, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Hugo Iván Rodríguez López, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria, por las autoridades indicadas en el diverso considerando tercero. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la adscripción.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Hugo Gonzalez Rivera404/2022
- Hugo Gutierrez Urbano749/2023
- Hugo Gutierrez Urbano599/2023
- Hugo Hermenegildo Cruz Cisneros47/2018
- HUGO HERMENEGILDO o HERMEGILDO CRUZ CISNEROS103/2018
- Hugo Hernández Zitlalpopoca20/2021
- Hugo Jesus Hernandez Martinez101/2017
- Hugo Jimenez Flores1127/2017
- Hugo Jimenez Perez401/2020
- HUGO LARA RODRIGUEZ y Otros.467/2017
- Hugo Lopez Navarro471/2017
- Hugo Luna Vergel192/2023