HUGO ISRAEL RONCO PÉREZ y Otros.

Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
226/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • HUGO ISRAEL RONCO PÉREZ y Otros.
  • Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región En el Estado de Guanajuato
  • DAVID OLSTAN RONCO PÉREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la jueza Menor Mixta, con residencia en Comonfort, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 148/2023 del índice de este juzgado federal, pues se advierte que, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso a) y b) de la Ley de Amparo, notificó a los quejosos ********************, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, el auto de quince de marzo pasado, pronunciado en este asunto, por el que se desechó la demanda de amparo promovida. Dese de baja la comunicación oficial enviada de referencia y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firme desechamiento Ahora bien, de las constancias adjuntas a la comunicación oficial de cuenta y de la certificación que antecede, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de quince de marzo de dos mil veintitrés pasado, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********************, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, pues se notificó el catorce del mes y año en curso, mediante lista de acuerdos publicada por el órgano jurisdiccional requerido. Por tanto, al no haberse impugnado tal determinación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto de desechamiento en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la jueza Menor Mixto con sede en Comonfort, Guanajuato, mediante el cual refiere devolver diligenciado el despacho local 137/2023 (origen 98/2023). Por tanto, dese de baja la comunicación oficial enviada que ahora se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de las constancias que integran la comunicación oficial de referencia, se advierte que se encomendó notificar a los quejosos ********************, ******************** y ********************, todos de apellidos ******************** o a sus autorizados ******************** ******************** y ******************** el proveído de quince de marzo del año actual, por el que se desechó la demanda de amparo promovida, conforme lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo; sin embargo, de los documentos adjuntos al oficio de cuenta, se advierte que funcionario comisionado por dicho órgano jurisdiccional, llevó a cabo la diligencia de notificación por conducto de persona diversa a los antes nombrados, a saber, mediante cédula de notificación que efectuó con quien le atendió en el domicilio proporcionado por dichos quejosos, y dijo llamarse ********************, sin que ésta sea persona autorizada para recibir notificaciones en el presente juicio de amparo, para en su caso llevar a cabo tal encomienda mediante la referida cédula de notificación. Sin embargo, debió ajustar su actuación a lo expresamente señalado por el invocado numeral 27, a saber: "(.) Buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y, c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente (.)" En razón de lo anterior, al no haberse llevado a cabo la aludida notificación conforme lo dispuesto por la ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales y con apoyo en lo establecido por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos ordinales 298 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese nuevo despacho al juez Único Menor Mixto con sede en Comonfort, Guanajuato, para que en auxilio de la justicia federal y por delegación de facultades de este juzgado, ordene a quien corresponda, notifique el proveído de quince de marzo del presente año a los quejosos ********************, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, incluso a través de este último, quien tiene el carácter de representante común, o a través de sus autorizados ******************** ******************** y ******************** en el domicilio situado en calle ********************, número ********************(********************), colonia centro, de dicha municipalidad, debiéndoles correrles traslado con copia autorizada del citado proveído. Así también, para que requiera a esa parte a efecto de que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se les practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. En el entendido que el funcionario comisionado deberá llevar a cabo dicha diligencia observando los lineamientos establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo, que se destacaron en el cuerpo del presente. Así también, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la autoridad requerida pueda llevar a cabo la notificación ordenada; hecho lo cual, remita a la brevedad las constancias que así lo acrediten.

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por **************todos de apellidos ************, en contra de actos del juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya, por violación a los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 226/2023-5. Designación de representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a *************por así haberse designado en el escrito de demanda. Desechamiento de la demanda Del análisis integral de la demanda de amparo, preliminarmente se avizora que el accionante reclama: Autoridad responsable: Actos reclamados: Jueza de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya. El proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ************que denegó tener como defensor particular de los hoy agraviados, al profesionista que éstos designaron como tal, y continuar su defensa a cargo del público. Del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte la facultad de la persona juzgadora de amparo para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, se reitera que del examen integral del escrito de demanda se obtiene, en términos de lo previsto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de resoluciones, que la parte accionante de la tutela federal reclama: El proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la subyacente causa penal **************que denegó tener como defensor particular de los hoy agraviados, al profesionista que éstos designaron como tal (Fernando Guillén Rodríguez), mediante escrito que presentaron ante la jueza penal responsable en data dieciséis de febrero del año en curso; y que por ello continúa la defensa pública en representación de los imputados. El anterior acto es reclamado a la autoridad: Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede en esta localidad. Destaca que en la causa penal subyacente aún no se lleva a cabo la audiencia inicial de imputación, pues fue programada para el próximo dieciséis de marzo. De lo expresado por la parte quejosa en su escrito de derechos fundamentales -así como del documento anexo a ésta-, manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se desprenden como antecedentes relevantes del caso, los siguientes: 1. En la causa penal de origen ************* tienen carácter procesal de imputados, quienes designaron como defensor particular al licenciado *************. 2. El veinte de enero pasado no se logró desahogar la audiencia inicial de imputación en dicha causa penal, ante la incomparecencia del defensor particular ***********. Por ese motivo la juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado el uno de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de declarar el abandono de la defensa, por no haber justificado tal inasistencia; asimismo, asignó como defensor de los imputados al público. 3. En contra de esa determinación se interpuso recurso de revocación, el que se dirimió en data treinta de enero de dos mil veintitrés, confirmando el auto recurrido. 4. El dieciséis de febrero pasado, los imputados presentaron escrito ante la jueza responsable, donde señalaron como defensor particular al licenciado ***************, para que los asista en la audiencia de imputación programada para el dieciséis de marzo siguiente. 5. A esa petición recayó el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual la juez penal responsable denegó tener como defensor particular de los imputados al abogado Fernando Guillén Rodríguez. Esta determinación es el acto reclamado en forma destacada. Al efecto, cabe apuntar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: I. La de investigación, que abarca las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En la especie, el acto reclamado en forma destacada ocurrió en la fase de investigación inicial porque si bien se judicializó la carpeta de investigación, todavía no se desahoga la audiencia inicial de imputación, pues esta se reprogramó para el dieciséis de marzo próximo. En virtud de lo anterior, esta juzgadora considera que en el particular es operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, la fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos" "107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". Por su parte, el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, dispone: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y; (.)". Del examen relacionado de las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, procederá el juicio de amparo indirecto. Asimismo, que se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, cuando se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Esto, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Las consideraciones anteriores se contienen en la jurisprudencia tesis 3a./J. 43 29/89, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercera Sala, tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 291, cuyo título establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, es aplicable al caso, por los conceptos jurídico que contiene, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, la persona juzgadora, de acuerdo con un criterio racional orientado en los precedentes emitidos sobre el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe, discernir si el acto afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República. En tales circunstancias, se considera que contra el acto aquí reclamado no procede el amparo indirecto, en virtud de que se trata de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos humanos reconocidos en la constitución o en tratados internacionales en los que México es parte. Efectivamente, se estima que el acto reclamado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos, ya que, sin prejuzgar, de resultar fundada su inconformidad, en su caso, tal acto constituiría una violación a las leyes del procedimiento, en términos del arábigo 173, apartado B, fracción XIII de la Ley de Amparo, el cual dispone: "173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley; II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir; (.) XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso; (.)". Lo anterior se concatena con la circunstancia de que en el procedimiento penal de origen aún no se desahoga la audiencia de imputación, por ende, tampoco se ha hecho pronunciamiento sobre el eventual auto de vinculación a proceso respecto los imputados. Así, en caso de que se emita un auto de no vinculación a proceso, la violación ahora reclamada se desvanecerá sin afectar a la esfera jurídica de los imputados; en cambio, de existir un resultado adverso (auto de vinculación a proceso), será entonces hasta ese momento en que se cristalice la violación cuestionada; por tanto, cuando combata esa eventual determinación adversa podrá hacer valer la violación procesal que ahora reclama como acto destacado. En apoyo a lo que precede se invoca la tesis XVIII.2o.P.A.4P(10a.), con registro digital 2017649, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cincuenta y siete, agosto de dos mil dieciocho, tomo III, página tres mil ciento sesenta y cuatro, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable. También, en apoyo a lo expuesto, se invoca, por las razones que la informan, la tesis XX.2o.91 P, con registro digital 169148, visible en la página mil cincuenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, agosto de dos mil ocho, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA EXCUSA FORMULADA POR EL DEFENSOR PÚBLICO PARA FUNGIR COMO TAL, PORQUE EL INCULPADO YA TIENE DEFENSOR PARTICULAR EN LA APELACIÓN PROMOVIDA CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, POR NO CONSTITUIR UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de "actos de imposible reparación", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. En esas condiciones, la resolución que declara infundado el recurso de revocación contra el auto que niega la excusa formulada por el defensor público para fungir como tal, porque el inculpado ya tiene defensor particular en la apelación promovida contra la sentencia de primera instancia, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente puede afectar derechos adjetivos, pues si se revocara la determinación apelada a favor de la parte afectada, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues no se afectaría la garantía de defensa adecuada que se estima conculcada, prevista en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, y si el fallo le fuera desfavorable podría reclamarla como violación procesal a través del amparo directo en forma conjunta cuando se promoviera contra la sentencia que confirmara la resolución recurrida, la que sí constituiría un acto que afecta la libertad personal del individuo, pero no en forma destacada aquella determinación, pues la garantía de defensa sólo constituye el instrumento establecido por la Norma Fundamental para salvaguardar ese derecho sustantivo." Así, se considera que el acto aquí reclamado no produce una imposible reparación que haga procedente el juicio de derechos fundamentales conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se advierte que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que en lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, con excepción hecha de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de los cuales no se surte ninguno en este caso. Tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, no se cristalizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio, ya que por una parte, los actos reclamados no encuadran en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación, y por otro lado, del escrito de cuenta, se advierte que la parte solicitante de la tutela federal es parte imputada dentro de la causa de origen. En ese sentido, debió agotarse el medio de defensa ordinario tendente a revocar el auto ahora reclamado. Se estima así, porque el acto cuestionado es impugnable mediante el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Por lo anterior, se concluye que el recurso de revocación satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto revocar y anular, respectivamente, las actuaciones que agravian en los intereses de la parte quejosa, el cual se encuentra establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tiene determinado un procedimiento para su resolución y, por tanto, constituyen actuaciones necesarias de las partes que han comparecido a juicio, a fin de que la autoridad responsable se pronuncie, específicamente, respecto a la nulidad de lo determinado en el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 1P0621-2052 que denegó tener como defensor particular de los hoy agraviados, al profesionista que éstos designaron como tal (Fernando Guillén Rodríguez); y que por ello continúa la defensa pública en representación de los imputados. Por lo tanto, al no haber promovido el recurso de revocación respectivo, es evidente que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues con dicho medio de impugnación se puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 187016, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En estas condiciones al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia en examen, se desecha de plano la demanda de amparo en trato. Domicilio y autorizados Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a***************; lo anterior, dado que no se proporciona mayor dato que justifique que éstos cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, como su número de cédula profesional o de su inscripción en el aludido Registro, como así lo exige el invocado numeral 12; sin perjuicio que, en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Ahora bien, dado que los quejosos señalaron como domicilio para recibir notificaciones de índole personal, el situado en *****************, que se localiza en lugar diverso a la sede de este juzgado federal, con apoyo en lo establecido por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos ordinales 298 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por única ocasión, gírese atento despacho al juez Único Menor Mixto con sede en dicha municipalidad, para que en auxilio de la justicia federal y por delegación de facultades de este juzgado, ordene a quien corresponda, notifique la presente determinación ya sea por conducto de los propios agraviados o a través de sus autorizados, antes nombrados, debiendo correrles traslado con copia autorizada del presente proveído. Así también, para que requiera a esa parte a efecto de que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se les practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. En el entendido que, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que las autoridades exhortadas puedan llevar a cabo el llamamiento a juicio de que se trata. Una vez practicada la diligencia encomendada, se solicita comedidamente que las constancias que así lo acrediten sean remitidas a este juzgado a la brevedad. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, modificando únicamente en cuanto su vigencia por el diverso acuerdo general 1/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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