Hugo Humberto Cano Ayala

Expediente 736/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
736/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Hugo Humberto Cano Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por ..., o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ..., EL PROVEÍDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: .Morelia, Michoacán, a once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho contra actos del Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, con sede en esta ciudad regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-736/2021-2 en tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: la Multa impuesta por el ..., Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, por el equivalente a equivalente a 50 unidades de medida y actualización que suman la cantidad de ... la cual fue notificada mediante el proveído de fecha 15 de julio de 2021, y notificado al suscrito mediante correo electrónico el día 03 de agosto de 2021. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, el citado artículo contiene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos que no admiten recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que, procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Así las cosas, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deben agotar los recursos que prevé la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de lo narrado en la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa procedente, que en la especie resulta ser, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda Como se dijo, contra la determinación del Juez de Control en la que impuso al quejoso multa, es procedente el recurso de revocación, al considerarse una resolución de mero trámite, por lo que la parte promovente pudo combatir dicho acto reclamado, en el procedimiento penal, ya que a través de dicho medio de impugnación, se puede modificar, revocar o nulificar dicho acto, esto es, debió agotar el principio de definitividad, antes de recurrir a esta vía constitucional. Lo anterior puesto que la imposición de multa, como medida de apremio establecida en el artículo 104 fracción II, inciso b), de la indicada codificación adjetiva penal nacional, constituye una resolución de tal naturaleza, porque constituye una cuestión que no trastoca el proceso penal, esto es, se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación. Numeral citado que en lo que interesa, dice: Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: (.) II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: (.) b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso Sirve de orientación el criterio XI.P.29 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página4585, Décima Época, que dice: MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ... contra actos del Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro:REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autorizando únicamente para ese efecto a la persona que hace alusión, toda vez que de una revisión en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no se encontró registrada su cédula profesional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA., EL PROVEÍDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: .Morelia, Michoacán, a once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho contra actos del Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, con sede en esta ciudad regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-736/2021-2 en tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: la Multa impuesta por el ..., Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, por el equivalente a equivalente a 50 unidades de medida y actualización que suman la cantidad de ... la cual fue notificada mediante el proveído de fecha 15 de julio de 2021, y notificado al suscrito mediante correo electrónico el día 03 de agosto de 2021. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, el citado artículo contiene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos que no admiten recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que, procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Así las cosas, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deben agotar los recursos que prevé la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de lo narrado en la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa procedente, que en la especie resulta ser, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda Como se dijo, contra la determinación del Juez de Control en la que impuso al quejoso multa, es procedente el recurso de revocación, al considerarse una resolución de mero trámite, por lo que la parte promovente pudo combatir dicho acto reclamado, en el procedimiento penal, ya que a través de dicho medio de impugnación, se puede modificar, revocar o nulificar dicho acto, esto es, debió agotar el principio de definitividad, antes de recurrir a esta vía constitucional. Lo anterior puesto que la imposición de multa, como medida de apremio establecida en el artículo 104 fracción II, inciso b), de la indicada codificación adjetiva penal nacional, constituye una resolución de tal naturaleza, porque constituye una cuestión que no trastoca el proceso penal, esto es, se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación. Numeral citado que en lo que interesa, dice: Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: (.) II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: (.) b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso Sirve de orientación el criterio XI.P.29 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página4585, Décima Época, que dice: MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ... contra actos del Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro:REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autorizando únicamente para ese efecto a la persona que hace alusión, toda vez que de una revisión en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no se encontró registrada su cédula profesional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho contra actos del Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, con sede en esta ciudad regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-736/2021-2 en tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: la Multa impuesta por el ..., Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, por el equivalente a equivalente a 50 unidades de medida y actualización que suman la cantidad de ... la cual fue notificada mediante el proveído de fecha 15 de julio de 2021, y notificado al suscrito mediante correo electrónico el día 03 de agosto de 2021. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, el citado artículo contiene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos que no admiten recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que, procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Así las cosas, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deben agotar los recursos que prevé la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de lo narrado en la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa procedente, que en la especie resulta ser, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda Como se dijo, contra la determinación del Juez de Control en la que impuso al quejoso multa, es procedente el recurso de revocación, al considerarse una resolución de mero trámite, por lo que la parte promovente pudo combatir dicho acto reclamado, en el procedimiento penal, ya que a través de dicho medio de impugnación, se puede modificar, revocar o nulificar dicho acto, esto es, debió agotar el principio de definitividad, antes de recurrir a esta vía constitucional. Lo anterior puesto que la imposición de multa, como medida de apremio establecida en el artículo 104 fracción II, inciso b), de la indicada codificación adjetiva penal nacional, constituye una resolución de tal naturaleza, porque constituye una cuestión que no trastoca el proceso penal, esto es, se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación. Numeral citado que en lo que interesa, dice: Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: (.) II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: (.) b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso Sirve de orientación el criterio XI.P.29 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página4585, Décima Época, que dice: MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ... contra actos del Juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro:REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autorizando únicamente para ese efecto a la persona que hace alusión, toda vez que de una revisión en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no se encontró registrada su cédula profesional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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