Hugo Hernandez Mondragon
Expediente 1281/2013 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 11/04/2016
Partes del expediente
- Hugo Hernandez Mondragon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de abril de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo, a consideración del suscrito, este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado; y, Que de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió a la digitalización de constancias, las cuales coinciden con su original. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión del amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de veintisiete de enero de dos mil catorce (fojas 77 a 82), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, diera cabal cumplimiento al laudo de veintiuno de noviembre de dos mil uno, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en los términos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad responsable acate de manera cabal el laudo; es decir, que en forma pronta se restituya al quejoso en lo obtenido en convenio en comento. En el entendido, que esto deberá ser en un término prudente de cinco días, contados a partir de que la presente determinación adquiera firmeza procesal, para que así sea respetado el derecho efectivo a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Hágase del conocimiento de la responsable que no se dará por cumplida la presente resolución, con el simple impulso o medidas que tome para acatar el laudo, sino hasta que se tenga por cabalmente ejecutado el laudo; asimismo, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo el incumplimiento extemporáneo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad penal, también se le hace ver a la responsable, conforme al 2° párrafo del artículo 193 de la citada ley, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, tanto del Ayuntamiento responsable como de cualquier autoridad que intervenga en el trámite de la ejecución del laudo." Posteriormente, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil catorce (fojas 104 a 118), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la responsable Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, por conducto de su apoderada jurídica, interpuso recurso de revisión contra el fallo protector descrito en párrafos anteriores, mismo que por acuerdo de veinticinco de febrero de ese año, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 120). Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, órgano colegiado que en proveído de catorce de marzo de dos milo catorce, desechó el recurso promovido, por extemporáneo, mismo que por auto de ocho de abril siguiente, quedó firme (foja 137). Posteriormente, en acuerdo de diez de abril de dos mil catorce (fojas 138 y 139), se declaró que la sentencia causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En respuesta, mediante oficio TECA400F/104010/1525/2014 (fojas 194 a 197), el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, comunicó que el catorce de abril de dos mil catorce, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, por conducto de sus apoderados legales, exhibió un cheque por la cantidad de $199,550.37 (ciento noventa y nueve mil quinientos cincuenta pesos 37/100 M.N.), para que el quejoso lo recibiera; asimismo, el veintiocho de abril de ese año, el apoderado legal del Ayuntamiento de Valle de Bravo exhibió un escrito en el cual manifestó que en cumplimiento al convenio de treinta de junio de dos mil tres, mediante cheque número 0000569 se amparó la cantidad de $199,550.37 (ciento noventa y nueve mil quinientos cincuenta pesos 37/100 M.N.). De igual manera, presentó la hoja de retenciones de constancias de sueldos y salarios, concepto asimilados de créditos al salario y al subsidio, en la cual se le hicieron las retenciones al contribuyente (aquí quejoso), por la cantidad de $100,449.63 (cien mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 63/100 M.N.) que sumados a la cantidad amparada en el cheque descrito en el párrafo que antecede, daban el monto total de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), cifra que fue la pactada en el convenio que las partes celebraron el treinta de junio del dos mil tres, al tenor de las siguientes cláusulas: ".Segunda.- La parte demandada, está de acuerdo con el desistimiento producido en la cláusula que antecede, por lo que le hará entrega al actor en el presente juicio, de la cantidad de $570,000.00 (QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como pago del laudo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil uno, en relación con el auto de ejecución de fecha trece de mayo del año en curso (2003), cantidades que serán pagadas de la siguiente forma, un primer pago en este acto por la cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como pago parcial, en cheque certificado, el cual en este acto exhibe la parte demandada, expedido por la institución de crédito Banorte, con número de cheque 0000180. Así mismo la otra cantidad restante la parte demandada se compromete a entregarla en fecha CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, que es la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), a las doce horas con treinta minutos del día antes señalado, en el local de este H. Tribunal.- - - CUARTA.- Ambas partes solicitan se apruebe el presente convenio por estar ajustado a derecho y no contener cláusula alguna contra la ley o la moral ni renuncia de derechos por parte del actor. Asimismo la parte demandada se compromete a pagar al actor la cantidad de $493.42 por cada día que transcurra en caso de incumplimiento.". Es menester precisar, que después de haber pactado el convenio supracitado, el tribunal responsable por auto de siete de agosto de dos mil tres, ordenó el requerimiento de pago y/o embargo, en atención al incumplimiento por parte de la autoridad responsable Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, del mismo, aplicando la pena convencional a la que fue condenada y constreñida la parte demandada en el juicio de origen; así, por diligencia de doce de agosto de dos mil trece le fueron embargadas a ésta las cuentas 7963500, 7955508, 9032804342 y 9018988575, de las que, únicamente las dos primeras se pudieron extraer fondos por un total de $85,189.12 (ochenta y cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.), ya que las restantes estaban canceladas. Así, el ocho de septiembre de dos mil tres, el Tribunal responsable dio vista a la parte actora con las aseveraciones vertidas por el Banco Nacional de México, en lo atinente a las cuentas bancarias existentes a nombre de la autoridad responsable y su monto, para que manifestara lo que a su derecho conviniere, misma que fue desahogada y se requirió a la citada institución bancaria para que remitiera la cantidad total de las cuentas bancarias embargadas, es decir $85,189.12 (ochenta y cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.). En ese contexto, es de importancia precisar que para el diez de noviembre del año dos mil cuatro, la pena convencional por cada día de incumplimiento hasta ese entonces era de $220,946.88 (doscientos veinte mil novecientos cuarenta y seis pesos 88/100 M.N.). Después, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./2148/2014 (fojas 331 a 334), el Tribunal responsable informó, que mediante proveído de seis de junio de dos mil catorce, ordenó el requerimiento de pago y/o embargo hasta por la cantidad de $1'658,833.60 (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.), que es el importe total de la suma de la pena convencional, en atención a las consideraciones siguientes: $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de surte principal, y respecto a la pena convencional cuantificándose desde el cinco de agosto de dos mil trece al diecisiete de junio de dos mil catorce, pues habían transcurrido 3,969 días que multiplicados por la pena convencional de $493.42 (cuatrocientos noventa y tres pesos 42/100 M.N.), sumaban la cantidad de $1,958,383.90 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y tres pesos 90/100 M.N.), en contra del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, en el entendido de que a esta última cifra, se le debería restar lo ya entregado al aquí quejoso, para lo cual señaló las once horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil catorce, para su verificativo. Luego, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./2290/2014 (fojas 367 y 368), el Tribunal responsable informó, que el impetrante de garantías podía comparecer ante esa autoridad a recoger el cheque por la cantidad de $35,986.42 (treinta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.), atento a ello, este órgano jurisdiccional el cuatro de julio de dos mil catorce, dio vista al quejoso para que acudiera a recoger el título de crédito mencionado. En ese orden de ideas, por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiocho de julio del dos mil catorce (foja 396 a 400), el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, informó que por la situación financiera por la que atravesaba el municipio, realizaría el pago correspondiente en parcialidades y de acuerdo a su presupuesto, a fin de lograr el cumplimiento del fallo protector. No obstante lo anterior, por diverso presentado el siete de agosto de ese año (fojas 418 a 426), el Presidente Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, remitió el acuse de recibo de la promoción presentada ante el Tribunal responsable, a través de la cual exhibió el cheque número 38321269 por la cantidad de $1'234,663.98 (un millón doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.), a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues argumentó que el monto total de lo que el quejoso debía recibir ascendía a $2,283,054.98 (dos millones doscientos ochenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 98/100 M.N.); del cual se le restaban $492,300.88 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos pesos 88/100 M.N.), correspondientes a los diversos pagos que se le habían entregado al quejoso y $556,091.00 (quinientos cincuenta y seis mil noventa y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago del impuesto sobre la renta, por lo que, para cubrir la cantidad de $2,283,054.98 (dos millones doscientos ochenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 98/100 M.N.), faltaba la diversa que exhibía por $1,234,663.98 (un millón doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.). Mediante oficio TECA400F/A.I./2517/2014 (fojas 437 a 439), el Tribunal responsable, remitió copia certificada de la comparecencia de trece de agosto de dos mil catorce, en la que se advierte que la parte actora (aquí quejosa), acudió a solicitar la entrega de los cheques números 0000052 y 0000111, expedidos a su favor, por las cantidades de $1'234,663.98 (un millón doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.) y $35,986.42 (treinta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.). Ahora, por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil catorce (fojas 540 a 542), se estimó que el fallo protector no había sido cumplido en su núcleo esencial; por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requirió de nueva cuenta el debido cumplimiento en atención a que la autoridad responsable, al momento de comunicar la forma en que acató el fallo protector, refirió que había realizado retenciones al quejoso, por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y, por su parte, el peticionario de amparo, al desahogar la vista que se le diera con el cumplimiento, manifestó que la pena convencional, no es deducible de impuestos. Atento a lo anterior, por oficio TECA400F/A.I./284/2015 (fojas 673 a 675), el Tribunal responsable remitió copia certificada de la comparecencia de quince de enero de dos mil quince, en la que se advierte que la parte actora (aquí quejosa), acudió a solicitar la entrega del cheque número 0000057, expedido a su favor, por la cantidad de $556,091.00 (quinientos cincuenta y seis mil noventa y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de las retenciones hechas al monto correspondiente a la pena convencional. Luego, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince (foja 680), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil quince (fojas 686 a 691), se estimó que el fallo protector no había sido cumplido en su núcleo esencial; por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requirió de nueva cuenta el debido cumplimiento en atención a que la autoridad responsable, al momento de comunicar la forma en que acató el fallo protector, refirió que había realizado retenciones al quejoso, por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y tal proceder no fue correcto, en atención a lo dispuesto en los numerales 794 y 876 de la Ley Federal del Trabajo. En esa guisa, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil quince (fojas 723 a 725), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, exhibió la constancia con la que aduce dar cumplimiento al fallo protector, consistente en: ocurso dirigido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (con sello de acuse de recibo), a través del cual deja a su disposición el cheque número 0000613, que ampara la cantidad de $100,450.00 (cien mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta hechas al actor, aquí quejoso y a efecto de que le sea entregado. Después, mediante oficios TECA400F/104010/A.I/440/2015; TECA400F/104010/A.I/487/2015, TECA400F/104010/A.I/532/2015 y TECA400F/104010/A.I/551/2015 (fojas 730 a 733, 741 y 742, 745 y 746, así como 751 y 752, respectivamente), el Tribunal responsable remitió copias certificadas de las gestiones tendentes a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, dentro de las cuales cabe resaltar la comparecencia de la parte actora (aquí quejosa) el uno de abril de dos mil quince, ante el tribunal responsable, en la cual se le hizo entrega de los cheques números 0000542 y 0000613, por las cantidades de $20,328.04 (veinte mil trescientos veintiocho pesos 04/100 M.N.) y $100,449.63 (cien mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 63/100 M.M.), por concepto de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, hechas al impetrante de garantías. De igual manera, remitió copias certificadas del acuerdo de nueve de abril de dos mil quince, mediante el cual se hace constar que en el término de tres días concedido a Hugo Hernández Mondragón, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en lo atinente al buen cobro de los títulos de crédito descritos en el párrafo que antecede, no hizo pronunciamiento alguno, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso de uno de abril de la anualidad, es decir, se le tuvo por cubierto en cuanto a los montos señalados, en términos del artículo 19 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Luego, en proveído de trece de abril de dos mil quince (foja 754), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues acató todos y cada uno de ellos, en estricto acatamiento a los argumentos vertidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.
- Principal
Se notifica al quejoso HHM, el auto de seis de mayo de dos mil quince, por medio de lista que se publica en los estrados, dado que no compareció a notificarse de manera personal, dentro de los dos días hábiles que se le concedierón, Citatorio de ocho de mayo de dos mil quince. Iajb
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito y anexo de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual, remite copia certificada del auto de nueve de abril del año en curso en el cual se informa que feneció el término otorgado al quejoso para que manifestara sobre el buen cobro de los títulos de crédito, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo por cubierto el pago y al efecto anexa copia certificada de dicho proveído; por tanto, se tiene a la autoridad oficiante por informado lo citado en líneas precedentes, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; así como con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizaron las responsables al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por éstas.
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