Hugo Heriberto López Padilla

Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
197/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Hugo Heriberto López Padilla
  • José Luis Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que los promoventes HUGO HERIBERTO LÓPEZ PADILLA, MARÍA GUADALUPE HUERTA y JOSÉ LUIS FLORES, dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra del proveído de siete de marzo del presente año, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por desechada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico por la Administradora de Correos Urbana del Valle, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante oficio 673-VII de veintiocho de febrero del año en curso, en el que se le requirió a fin de que remitiera el acuse de recibo o en su defecto la copia correspondiente del oficio 221-VII, dirigido al Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal con residencia en Zapopan, Jalisco, al informar que el mismo ya fue entregado a este órgano jurisdiccional. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva del mismo, éste no fue localizado; consecuentemente, requiérase al Administrador Postal de Correos de la ciudad de Tepic, Nayarit, a fin de que dentro del término de tres días, remita a este Juzgado Federal el acuse de recibo del oficio de referencia, o en su defecto, copia certificada correspondiente de la misma; apercibido que de no hacerlo se le aplicará alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por los quejosos HUGO HERIBERTO LÓPEZ PADILLA, MARÍA GUADALUPE HUERTA y JOSÉ LUIS FLORES, por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de veintitrés de febrero del año en curso. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente CAC-RI-015/2021, por el que la autoridad responsable desechó por notoriamente improcedente el recurso de impugnación interpuesto por la parte quejosa en contra de las elecciones de los Comités de Acción Ciudadana, delegados municipales y jueces auxiliares de la ciudad de Tepic, Nayarit, las cuales se llevaron a cabo el catorce de noviembre de dos mil veintiuno -por el que la parte quejosa solicitó la nulidad y reposición de las mismas-, al estimar que la parte quejosa carecía de legitimación para promover dicho medio de impugnación. Sin embargo, de su análisis este Juzgador Federal advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En tanto que el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;" De la interpretación de la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Por lo tanto, se advierte que la naturaleza del acto reclamado es electoral y versa sobre derechos políticos de los quejosos, dado que la parte quejosa reclama la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente CAC-RI015/2021, por el que la autoridad responsable desechó por notoriamente improcedente el juicio de inconformidad interpuesto por ésta en contra de las elecciones de los Comités de Acción Ciudadana, delegados municipales y jueces auxiliares de la ciudad de Tepic, Nayarit, las cuales se llevaron a cabo el catorce de noviembre de dos mil veintiuno -por el que la parte quejosa solicitó la nulidad y reposición de las mismas-, al estimar que carecía de legitimación para promover dicho medio de impugnación. Es así, en virtud de que el juicio de inconformidad planteado por la parte quejosa se encuentra contemplado en el artículo 65 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit1, mismo que establece que entre los medios de 1 TITULO TERCERO De los Medios de Impugnación en particular y de las Nulidades en Materia Electoral Capítulo I Generalidades impugnación en materia electoral, se encuentran el recurso de revisión, el recurso de apelación, y el juicio de inconformidad. En efecto, dicho dispositivo establece que entre cada dos procesos electorales ordinarios, los ciudadanos, los partidos políticos y las organizaciones o agrupaciones políticas, podrán interponer el recurso de apelación, en contra de los actos y resoluciones del Consejo Electoral. De igual forma, establece que durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, además del medio de impugnación señalado en el párrafo anterior, podrán interponerse el recurso de revisión y el juicio de inconformidad. Asimismo, dispone que en los procesos electorales locales extraordinarios, serán procedentes los medios de impugnación señalados con anterioridad. Por otra parte, el diverso numeral 80 de dicho ordenamiento2, dispone que durante los procesos Artículo 65.- Entre cada dos procesos electorales ordinarios, los ciudadanos, los partidos políticos y las organizaciones o agrupaciones políticas, en los términos señalados en este título, podrán interponer el recurso de apelación, en contra de los actos y resoluciones del Consejo Electoral. Durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, además del medio de impugnación señalado en el párrafo anterior, podrán interponerse los siguientes: I. Recurso de Revisión; II. El recurso de Apelación; y III. El juicio de inconformidad. En los procesos electorales locales extraordinarios, serán procedentes los medios de impugnación señalados con anterioridad, debiéndose aplicar en lo conducente las reglas señaladas en el presente ordenamiento. 2 Artículo 80.- Durante los procesos electorales locales y exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procede para impugnar las determinaciones de los órganos electorales que violen las normas constitucionales y legales relativas a las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos, en los términos señalados en el presente capítulo. electorales locales y exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procede para impugnar las determinaciones de los órganos electorales que violen las normas constitucionales y legales relativas a las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos. Bajo ese contexto, si la parte quejosa se duele de la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente CAC-RI015/2021, por el que la autoridad responsable desechó por notoriamente improcedente el juicio de inconformidad planteado por ésta en contra de las elecciones de los Comités de Acción Ciudadana, delegados municipales y jueces auxiliares de la ciudad de Tepic, Nayarit, las cuales se llevaron a cabo el catorce de noviembre de dos mil veintiuno -por el que la parte quejosa solicitó la nulidad y reposición de las mismas-, resulta inconcuso que el juicio de amparo que se promueve en su contra es improcedente, pues se reitera, la naturaleza del acto reclamado es electoral y versa sobre derechos políticos de los quejosos, pues pretenden atacar el desechamiento de un medio de impugnación contemplado en la Ley Electoral del Estado de Nayarit, esto es, el juicio de inconformidad establecido en los artículos 65 y 80 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, los cuales establecen que entre los medios de impugnación en materia electoral, se encuentra precisamente el juicio de inconformidad. En concordancia a lo anterior, se cita por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 323, tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal". Bajo ese contexto, se colige que el juicio de amparo interpuesto por actos emitidos por autoridades electorales federales o locales, es improcedente, pues la Ley de Amparo no distingue el ámbito de competencia en la causal de improcedencia invocada-, pues no son impugnables a través del juicio de amparo. En la especie, se reitera, se advierte que la parte promovente reclama la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente CAC-RI-015/2021, por el que la autoridad responsable desechó por notoriamente improcedente el juicio de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra de las elecciones de los Comités de Acción Ciudadana, delegados municipales y jueces auxiliares de la ciudad de Tepic, Nayarit, las cuales se llevaron a cabo el catorce de noviembre de dos mil veintiuno -por el que solicitó la nulidad y reposición de las mismas-, al estimar que la parte quejosa carecía de legitimación para promover dicho medio de impugnación. Por tanto, el acto reclamado constituye estrictamente actuaciones del procedimiento electoral y versa sobre los derechos políticos de los quejosos, el cual, dada su naturaleza jurídica y en razón al órgano que las emitió -es decir, tanto su naturaleza material como formal-, no pueden ser reclamados a través de esta instancia constitucional. Sustenta lo anterior la tesis P. LX/2008, número de registro 168997, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, página 5, de septiembre de dos mil ocho, que establece lo siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por quejosos HUGO HERIBERTO LÓPEZ PADILLA, MARÍA GUADALUPE HUERTA y JOSÉ LUIS FLORES. Por otro lado, se autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3o.C.725 C., sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil nueve, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". En la inteligencia que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por HUGO HERIBERTO LÓPEZ PADILLA, MARÍA GUADALUPE GUERTA y JOSÉ LUIS FLORES por su propio derecho, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Jefe del Departamento de Comités de Acción Ciudadana y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 197/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Antes de acordar lo procedente respecto a la admisión o no de la demanda, con fundamento en el artículo 114, en relación con los numerales 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: A) Narre de manera clara, sucinta, concreta, pormenorizada y de manera cronológica y sin ambigüedades los antecedentes del expediente CAC-RI-015/2021 que refiere en su demanda de amparo. Ello es así, a fin de que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Encuentra sustento dicho requerimiento en la tesis XX.57 K de la Novena Época, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En la inteligencia de que la parte quejosa deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, toda vez que éste forma parte integral de su demanda; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, téngasele proporcionando número de teléfono móvil para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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