Hugo Guillermo de la Cruz Rosales
Expediente 889/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2020
Partes del expediente
- Hugo Guillermo de la Cruz Rosales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el proveído dictado en el sumario en que se actúa, el seis de octubre pasado, se ordenó notificar de manera personal a la parte quejosa, sin que al día en que se actúa obre en ellos la constancia de notificación correspondiente; por lo tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales y con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrúyase al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, que corresponda, practique de manera inmediata la notificación de referencia.
- Principal
Visto el oficio suscrito por el Consejero Jurídico del Poder Judicial, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de septiembre del año que transcurre, informa que giró el oficio CJ/08-10/2020, mediante el cual requirió a la responsable Secretario del Transporte, para que cumpla con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa; al respecto, agréguese a los autos el oficio de cuenta, y con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad dando cumplimiento con el requerimiento de mérito.
- Principal
Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual refiere que existe una renuencia y contumacia de las autoridades responsables para acreditar cuál ha sido el tratamiento dado a la suspensión definitiva, pues, de sus informes, se aprecian manifestaciones ambiguas, imprecisas y que en nada proporcionan la información solicitada, en el entendido que nunca se refiere si están o no llevándose los procesos constructivos que refiere la quejosa; tampoco reconoce ni desmiente que hubieran estado removiendo material geológico y plantando sujetos forestales en el predio; no explica cuáles han sido las acciones que realizan sobre los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017; pretende eludir su responsabilidad alegando que sus representadas no tienen a su disposición el bien inmueble de la quejosa, cuando es evidente que están en posesión y a partir de la inspección judicial que se levantó en autos llevaron a cabo la plantación de los árboles justo donde se encontraban los vestigios del centro educativo; por ello, solicita, se decreten las medidas de apremio necesarias y solicitar al Agente del Ministerio Público de la Federación sobre las acciones que ha realizado con motivo de la denuncia formulada. Al respecto, cabe preciar que la parte quejosa ha sostenido que, se encuentran ejecutando actos contrarios a los efectos dictados en la suspensión definitiva, en el entendido que el jueves veinte de agosto último, miembro de la Administración Pública Municipal y Estatal han realizado actos tendientes a la violación a la suspensión pudiendo incluso generar actos constitutivos de delito; es decir, se encuentran realizando trabajos de perturbación al predio - tales como el plantado de sujetos arbóreos, excavación y el retiro de escombros -, y para tal efecto acompañó la impresión de unas fotografías. A su vez, quien suscribe, requirió a las autoridades responsables a efecto de que informaran sobre le cumplimiento dado a la suspensión definitiva, a lo cual, comunicaron que no han ejecutado ningún acto contrario a la suspensión otorgada y que en los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017, no han sufrido un fin distinto al que motivó su recuperación. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, es necesario requerir al Secretario General de Gobierno; Subsecretario de Asuntos Jurídicos; Director General Jurídico; Conserjería Jurídica, por ser quien asumió las facultades con las que contaba el Director de Área de Estudios Legislativos y a la Dirección de Patrimonio, para que el plazo de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio que de este proveído derive, informen, bajo protesta de decir verdad, si en los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA 01/2017, se están llevando a cabo los procesos de construcción que refiere la parte quejosa; si se está removiendo material geológico y plantando sujetos forestales en el predio; y, en todo caso deberán explicar cuáles han sido las acciones que realizan sobre los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Además, las autoridades ante mencionadas, deberán informar a este Juzgado de Distrito, qué autoridad es la que la posesión de los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA-01/2017, emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el dieciséis de marzo siguiente, bajo apercibimiento de no hacerlo así, se proveerá lo conducente en los términos mencionados en el párrafo que antecede. Finalmente, en cuanto a que se solicite al Agente del Ministerio Público de la Federación sobre las acciones que ha realizado con motivo de la denuncia formulada; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, pues, como se desprende de este incidente de suspensión, en auto de veinticuatro de agosto pasado, se corrió traslado al Representante Social, con copias certificadas de la demanda de garantías, para que estuviera en aptitud integrar su carpeta de investigación, con motivo de los hechos que posiblemente constituyen un delito, acorde a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, sin que se advierta que se hubiere abierto averiguación al respecto; máxime que, la quejosa puede denunciar ante las autoridades competentes los que considere constituyen algún delito.
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