Hugo Guerrero Encinas

Expediente 1875/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1875/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Hugo Guerrero Encinas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por Jesús Onofre Ángeles, en favor de Hugo Guerrero Encinas, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1875/2023-IV. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: 1. Ilegal detención. 2. Incomunicación. En ese sentido, respecto al acto reclamado indicado en el numeral 1; con fundamento en los artículos 125, 126, 147, párrafo segundo y 161, todos de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano dicho acto reclamado, en caso de que la privación de la libertad del quejoso sea por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolo en inmediata libertad o a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que el quejoso sea puesto en libertad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si la privación de la libertad es dictada por autoridad distinta de la autoridad señalada como responsable, es decir, girada por autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión, el efecto de la suspensión será para que de forma inmediata se ponga al quejoso a disposición de la correspondiente autoridad jurisdiccional. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Y respecto al acto reclamado indicado en el ordinal 2; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 147 de la Ley de Amparo, se suspenden de oficio y de plano los actos de incomunicación de que dice ser objeto el directo quejoso, para el efecto de que cesen de inmediato, así como todos aquellos, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, a efecto de salvaguardar la vida e integridad física del directo quejoso. En la inteligencia que dicha suspensión no surtirá efecto alguno si los actos no constituyen alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o bien, no producen algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como los identifique el promovente. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Hágasele saber a las responsables que la violación a esta medida suspensional, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en el Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. La determinación antes descrita, encuentra sustento en el hecho de que el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por la parte promovente y los resultados dañinos temidos por ésta, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, lo cual en el caso acontece, pues los actos reclamados se hacen consistir en la ilegal detención e incomunicación del quejoso. Ahora bien, dado que la demanda de amparo fue promovida por persona diversa al directo quejoso Hugo Guerrero Encinas, y como del ocurso de cuenta se advierte que el promovente manifiesta bajo protesta decir verdad que éste se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comisiónese a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, a efecto de que se constituya en las instalaciones del centro de reclusión antes referido, y dé fe de las condiciones en que se encuentra el citado quejoso Guerrero Encinas; además lo requiera con la finalidad de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; de igual forma, haga constar cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo de la encomienda a fin de proveer lo que en derecho proceda. Y lo aperciba que en caso de no ratificar dicha demanda se tendrá por no presentada, quedando sin efectos la medida cautelar aquí decretada. Sin que sea factible la solicitud del promovente en el sentido de que se constituya el actuario judicial en las instalaciones del centro penitenciario de referencia e impida la detención del quejoso al momento de su salida, dado que con la suspensión concedida no puede impedirse la prosecución e investigación de diversos delitos por el que el quejoso se encuentre interno. Atento a lo anterior, se instruye al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a efecto de que ordene al personal a su cargo a fin de que otorguen la colaboración y medidas necesarias al funcionario judicial para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibida que en caso de no ser así, se procederá, -por el delito de desobediencia- acorde a lo dispuesto por el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Una vez ratificado el contenido del escrito de la demanda que se atiende se proveerá lo conducente con relación al domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados en términos amplios y usuario para el acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Secretario del Juzgado cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en atención al resultado de la consulta solicitada por la oficiante, en la cual se determinó que este Órgano Jurisdiccional es el competente para conocer del juicio de amparo ******************** de su índice, por guardar relación con el presente sumario; remite los autos originales del juicio en comento. Acúsese recibo. En consecuencia, previa copia que se deje agregada en autos, remítase el oficio original y anexos de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que realice el turno a este juzgado y compensación correspondiente. Hecho lo anterior, se proveerá lo que corresponda en el juicio de amparo indirecto que se forme para tal efecto. Cúmplase.

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