Hugo Gerardo González González
Expediente 189/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Hugo Gerardo González González
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 5336/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento del juicio de amparo en que se actúa, el cual quedó registrado con el número 339/2018-8K de su índice. En otro orden de ideas, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que el presente juicio de amparo carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, procédase a la destrucción de este expediente. .......
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo indirecto promovida por ++++++, contra el acto de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por lo que, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 189/2018-V, que le corresponde. En primer término, conviene precisar que la impetrante de garantías señala en su demanda como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: ".II.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA a).- Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con domicilio para ser notificado en su recinto Oficial. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS b).- La Policía institucional destacamentada en la seguridad de Ciudad Laboral, Y que depende de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León." ".IV.- ACTO RECLAMADO.- hostigamiento y coartar mis derecho a la impartición de la justicia." Ahora bien, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como los diversos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda, pues dada la naturaleza del acto reclamado, el conocimiento del mismo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en la entidad, atento a las razones siguientes: En primer término, es necesario señalar que para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto de reproche, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto, es menester puntualizar que al analizar sistemáticamente lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley de Amparo, y los diversos numerales 51, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia en el juicio de amparo se finca con base en tres factores primordiales, a saber. a).- El territorio; b).- La materia jurídica sobre la cual versa el acto que se reclama, y; c).- La índole especial de la autoridad que se señale como responsable. Tratándose de la competencia por materia de los órganos de control constitucional especializados, la misma se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En el caso, el artículo 48 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ".Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por su parte, los artículos 51, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señalan: ".Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ".Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, y III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley." ".Articulo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." De la interpretación de la primera de las disposiciones transcritas, se aprecia, como regla general, la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, así como, de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. La exégesis del segundo de los numerales trasuntos revela que corresponde al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo, conocer de las demandas de amparo, que se promuevan, entre otras, contra actos de una autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden. Por otra parte, es pertinente señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, lo que incide en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Luego, la competencia, en estricto sentido, obedece a razones prácticas de distribución sobre la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales, así la doctrina jurídica limita la jurisdicción atendiendo a diversos ámbitos competenciales, como lo es en la especie, por la materia, cuyo criterio se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso o la que se atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo. De lo anteriormente relatado, se concluye que el Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en turno en el Estado de Nuevo León, corresponde conocer del presente juicio de garantías, respecto al acto que el quejoso que le reclama a las responsables Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y La Policía institucional destacamentada en la seguridad de Ciudad Laboral, y que depende de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León; en atención a ello, la controversia de que se trata es de aquellas que corresponden a un Juez de Distrito Especializado en Materia Civil y del Trabajo, pues, como se ve, la hipótesis planteada de manera alguna actualiza alguno de los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un acto formal y materialmente relacionado en materia de trabajo, lo que conlleva a declinar competencia a favor de una autoridad jurisdiccional de esa especie. En estas condiciones, al ser de orden público las cuestiones de competencia, y toda vez que la demanda que nos ocupa no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ende, no se surte competencia a favor de este Juzgado de Distrito en Materia Penal para conocer del asunto planteado, determinación que encuentra sustento en la circunstancia de que el supuesto que determina la competencia para conocer de la demanda planteada, la define la naturaleza material del acto reclamado, además de las autoridades señalada como responsables, que en el ejercicio de sus funciones son formal y materialmente laborales; por tanto, si el acto que se les reclama tiene como origen la actuación y/u omisión imputada a dicho ente, y no penal, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer sobre la demanda de garantías. Por lo anterior, al acreditarse fundada y razonadamente que este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo promovida por Hugo Gerardo González González, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el expediente original del presente juicio, por conducto de la oficina de correspondencia común al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en turno, a fin de que se avoque al conocimiento del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta o no la competencia planteada, dejando copias certificadas de las constancias conducentes. ........
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SE NOTIFICA POR LISTA la parte tercero interesada la resolución de doce de abril de dos mil dieciocho, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo...
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SE NOTIFICA POR LISTA A QUEJOSO... Monterrey, Nuevo León, a doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo indirecto promovida por ++++++, contra el acto de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por lo que, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 189/2018-V, que le corresponde. En primer término, conviene precisar que la impetrante de garantías señala en su demanda como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: ".II.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA a).- Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con domicilio para ser notificado en su recinto Oficial. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS b).- La Policía institucional destacamentada en la seguridad de Ciudad Laboral, Y que depende de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León." ".IV.- ACTO RECLAMADO.- hostigamiento y coartar mis derecho a la impartición de la justicia." Ahora bien, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como los diversos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda, pues dada la naturaleza del acto reclamado, el conocimiento del mismo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en la entidad, atento a las razones siguientes: En primer término, es necesario señalar que para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto de reproche, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto, es menester puntualizar que al analizar sistemáticamente lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley de Amparo, y los diversos numerales 51, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia en el juicio de amparo se finca con base en tres factores primordiales, a saber. a).- El territorio; b).- La materia jurídica sobre la cual versa el acto que se reclama, y; c).- La índole especial de la autoridad que se señale como responsable. Tratándose de la competencia por materia de los órganos de control constitucional especializados, la misma se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En el caso, el artículo 48 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ".Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por su parte, los artículos 51, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señalan: ".Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ".Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, y III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley." ".Articulo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." De la interpretación de la primera de las disposiciones transcritas, se aprecia, como regla general, la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, así como, de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. La exégesis del segundo de los numerales trasuntos revela que corresponde al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo, conocer de las demandas de amparo, que se promuevan, entre otras, contra actos de una autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden. Por otra parte, es pertinente señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, lo que incide en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Luego, la competencia, en estricto sentido, obedece a razones prácticas de distribución sobre la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales, así la doctrina jurídica limita la jurisdicción atendiendo a diversos ámbitos competenciales, como lo es en la especie, por la materia, cuyo criterio se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso o la que se atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo. De lo anteriormente relatado, se concluye que el Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en turno en el Estado de Nuevo León, corresponde conocer del presente juicio de garantías, respecto al acto que el quejoso que le reclama a las responsables Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y La Policía institucional destacamentada en la seguridad de Ciudad Laboral, y que depende de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León; en atención a ello, la controversia de que se trata es de aquellas que corresponden a un Juez de Distrito Especializado en Materia Civil y del Trabajo, pues, como se ve, la hipótesis planteada de manera alguna actualiza alguno de los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un acto formal y materialmente relacionado en materia de trabajo, lo que conlleva a declinar competencia a favor de una autoridad jurisdiccional de esa especie. En estas condiciones, al ser de orden público las cuestiones de competencia, y toda vez que la demanda que nos ocupa no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ende, no se surte competencia a favor de este Juzgado de Distrito en Materia Penal para conocer del asunto planteado, determinación que encuentra sustento en la circunstancia de que el supuesto que determina la competencia para conocer de la demanda planteada, la define la naturaleza material del acto reclamado, además de las autoridades señalada como responsables, que en el ejercicio de sus funciones son formal y materialmente laborales; por tanto, si el acto que se les reclama tiene como origen la actuación y/u omisión imputada a dicho ente, y no penal, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer sobre la demanda de garantías. Por lo anterior, al acreditarse fundada y razonadamente que este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo promovida por Hugo Gerardo González González, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el expediente original del presente juicio, por conducto de la oficina de correspondencia común al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en turno, a fin de que se avoque al conocimiento del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta o no la competencia planteada, dejando copias certificadas de las constancias conducentes. ........
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