Hugo Garcia Medina
Expediente 1603/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Hugo Garcia Medina
Actuaciones
- Principal
MESA IV B De la razón que antecede, asentada por el actuario de la adscripción el uno de diciembre del año en curso, se advierte que no fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa, el proveído de veintiséis de noviembre del año que transcurre, ya que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, fue informado por la Dirección Jurídica de la referida cárcel, que el quejoso no se encuentra en el referido centro de internamiento por haber salido en libertad el veintitrés de noviembre de este año. En consecuencia, notifíquese a la parte quejosa, el auto de referencia, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, tomo XXVII, abril de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDO ORDENADO EN AUTO ANTERIOR. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil quince. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil quince (fojas 5 a 7), por el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo promovida por Hugo García Medina; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, hágase de su conocimiento que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
MESA IV B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil quince (fojas 5 a 7), por el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo promovida por Hugo García Medina; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, hágase de su conocimiento que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
MESA IV A Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil quince (fojas 27 a 33), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Narciso García Orta, para el efecto de que, una vez que causara ejecutoria dicha sentencia, el Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, debería: I. Dejar sin efectos el descuento en la pensión por jubilación del quejoso Narciso García Orta, por concepto de fondo de pensiones, relativo al mes de junio de dos mil quince, así como efectuar la devolución correspondiente; y II. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1° y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en casos futuros en relación con el quejoso; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo el descuento en ellos previsto en razón del 9% de su percepción mensual. Cabe destacar, que no es procedente que la autoridad responsable devuelva cantidad alguna, de las descontadas al quejoso por concepto de fondo de pensiones con anterioridad al pago de su pensión por jubilación correspondiente al mes de junio de dos mil quince, aquí reclamado; pues tales actos, ante su falta de impugnación oportuna, se refutan consentidos en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, no obstante de también constituir actos de aplicación de las normas inconstitucionales en cita. En cumplimiento al fallo protector, el Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, remitió con su oficio número OP/DG/3476/2015, copia certificada del diverso OP/DG/3426/2015, de dieciocho de septiembre de dos mil quince; de la póliza de cheque 292 y copia simple del cheque 0049750 (fojas 47 a 54); con su oficio OP/DG/3695/2015, remitió copia certificada del diverso OP/DG/3677/2015, por el que instruyó al Jefe del Departamento Administrativo elaborara el cheque correspondiente a la cantidad faltante al quejoso (foja 66 a 74); con su oficio OP/DG/3796/2015, remitió copia certificada del diverso OP/DG/3793/2015, de catorce de octubre de dos mil quince, entre otras constancias (fojas 79 a 90). En consecuencia, ya que la autoridad responsable Director General y Apoderado Legal de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a los lineamientos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dejó insubsistente el descuento en la pensión por jubilación del quejoso Narciso García Orta, por concepto de fondo de pensiones, relativo al mes de junio de dos mil quince, así como efectuó la devolución correspondiente; y lo desincorporó de la obligación de enterar la cuota referida en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; entregándole los cheques 0049750 y 0049942, por concepto de devolución de las cuotas retenidas; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
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