Hugo Flores Jimenez

Expediente 2056/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2056/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2019

Partes del expediente

  • Hugo Flores Jimenez
  • Responsable de la Superintendencia de la Zona Comercial de la Comision Federal de Electricidad suministrador de Servicios Basicos en Tapachula, Chiapas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 3-A.- Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    TSe tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Hugo Flores Jiménez, contra actos de La Superintendencia de la Zona Comercial Tapachula, de la C.F.E. (Comisión Federal de Electricidad), suministrador de Servicios Básicos, con residencia en esta ciudad y otra. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2056/2019. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XVI, julio de 2002, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 448, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Del análisis del escrito de demanda, se advierte que Hugo Flores Jiménez, señala como actos reclamados, los siguientes: A) La violación al artículo 8vo constitucional, B) La negativa de darme mi contrato para seguir prestando mis servicios a la C.F.E, de donde soy empleado desde aproximadamente 7 años 10 meses a la presente fecha. C) La negativa de darme como trabajador de base de la C.F.E, en base a que llevo prestando mis servicios 7 años 10 meses para esta. Así, de lo transcrito, y, del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que, los actos reclamados son: a) La omisión y falta de contestación al escrito de veintiséis de julio del año en curso. b) La negativa de dar contrato de trabajo para seguir prestando servicios en la Comisión Federal de Electricidad de Tapachula, Chiapas, así como la base de trabajador. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión y falta de contestación al escrito de veintiséis de julio del año en curso. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." (.) "ARTÍCULO 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Del artículo 8 Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna; esto es, cualquier gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a) Por escrito; y, b) De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquélla se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 470, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, visible en el Apéndice de 1975, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si en la ley que rige el acto reclamado, se encuentra reglamentado el ejercicio del derecho de petición, de modo tal que exista disposición expresa en relación con el término en que la autoridad de que se trate, debe dar respuesta a la petición formulada, y solo se considerará que se transgrede el artículo 8º de nuestra Carta Magna, si no se observa el término que la ley que rige el acto reclamado, otorga a la autoridad para atender una petición presentada ante ella. En el caso concreto, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, la falta de respuesta a su petición efectuada mediante escrito presentado ante la responsable con sello de recibo de veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Luego, atendiendo a los numerales 1 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, los cuales dicen lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- las disposiciones del Libro Primero de esta Ley son de orden e interés Públicos, y se aplicaran a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, a los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o los Municipios presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el Estado o los municipios." (.) "ARTÍCULO 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo." Por ello, debe decirse que, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió adecuarse a los términos que establece el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, toda vez que dicha ley es la que corresponde resolver los actos y procedimiento y resoluciones administrativas en la cual se evidencia, que corresponde a los organismos Públicos del Estado, la obligación de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, lo cual no podrá exceder de tres meses; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes aludido para que la autoridad atienda la petición elevada ante ella. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el veintiséis de julio del año en curso; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido veintiún días después de haberse elevado la solicitud de mérito ante la autoridad responsable. En estas circunstancias, si se toma en cuenta que el quejoso debió adecuarse al plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, esto es, al término específico para que las responsables, deban dar contestación a su escrito dentro del término de tres meses (el cual no podrá exceder de dicho término), a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había transcurrido. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la tesis aislada XIX. 1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, septiembre de 1996, página 633, registro digital 201387, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en un plazo de tres meses, la promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurren las autoridades son de tracto sucesivo. Lo anterior, para que este juzgador esté en aptitud de determinar la actualización del caso de excepción establecido en la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esto es, que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por otra parte, atendiendo al acto reclamado establecido en el inciso "b", consistente en la negativa de dar contrato de trabajo para seguir prestando servicios en la Comisiona Federal de Electricidad de Tapachula, Chiapas, así como la base de trabajador. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se obtiene de relacionar el artículo 61 fracción XXIII, con la interpretación contraria de los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, entre otras cosas, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También conforme a la presente ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, la perspectiva de esta institución sufrió cambios trascendentes, entre ellos destaca el de autoridad responsable, transfigurándose de modo tal, que permite reclamar actos, aun cuando no hubiesen sido emitidos por autoridades, con el objeto de garantizar una máxima protección de los derechos humanos. Con anterioridad el juicio de amparo se promovía en exclusiva contra actos provenientes de autoridades, formal y materialmente establecidas, teniendo ese carácter todas las que cumplían con las siguientes características:  La existencia de un ente de hecho o de derecho que entablara una relación de supra a subordinación con un particular.  Que esa relación emanara de la ley, dotando a la autoridad de una facultad administrativa cuyo ejercicio era irrenunciable, pues se basaba en su potestad pública.  Que a través de esa relación emitiera actos unilaterales con los cuales se crearan, modificaran o extinguieran situaciones jurídicas, que afectaran la esfera legal del gobernado  Que para la emisión de esos actos no se necesitara acudir al órgano jurisdiccional, ni fuese indispensable el consenso de la voluntad del afectado. Sin embargo, con la vigente Ley de Amparo se introduce un nuevo parámetro para la impugnación de actos por esa vía, independientemente del carácter de quien produzca la violación. Por lo que ahora se puede acudir a este juicio en contra de actos que provengan de particulares, que podrán tener la calidad de autoridad responsable si realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de un particular, en el ejercicio de funciones que le hayan sido determinadas por una norma general. Aclarado el nuevo estándar de autoridad responsable que reconoce la Ley de Amparo vigente, debe decirse que para este juzgado es claro que en el caso no se está frente a este nuevo supuesto, por las razones que enseguida se apuntarán. Resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es menester atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y de trabajo. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala la Constitución General de la República. Por lo que, para definir cuando el órgano de gobierno tiene la calidad de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable la tesis P. XXVII/97, publicada a página 118, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por lo expuesto, debe decirse que el acto reclamado al encargado de Superintendencia de la Zona Comercial Tapachula, de la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, en esta ciudad, fue emitido en un plano de igualdad frente al quejoso debido a que la relación que los une es de índole laboral, en virtud de que el acto tildado de violatorio de derechos por el imperante Hugo Flores Jiménez, proviene de una relación obrero-patronal, por lo que sus diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Tal es el caso, porque las relaciones jurídicas que se dan entre empresas privadas, como patrón y sus empleados, se traducen en actos bilaterales u órdenes del patrón a sus trabajadores, y en caso de conflicto en el desarrollo de esas relaciones, la ley contempla la autocomposición voluntaria o jurisdiccional o el arbitraje ante órganos jurisdiccionales de carácter laboral. De modo que el amparo será procedente únicamente cuando se promueva contra un acto emitido por una autoridad que ejerza funciones de imperio, o en su caso, un particular al que puedan atribuirse las características apuntadas; es decir, para que el acto de autoridad sea considerado como tal, debe contener las características antes relacionadas. Bajo ese contexto, se insiste, que el acto reclamado por el quejoso es de índole laboral, por consecuencia no constituyen actos de autoridad, dado que la pretendida responsable no actuó en condiciones de supra-subordinación con el carácter de autoridad ante el "empleado"; es decir, no realizó actos (ni negativos ni positivos) que tenga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, en tanto la relación existente entre las partes firmantes del convenio es exclusivamente de trabajo. En efecto, el acto que reclama el quejoso deriva de una relación regida por el derecho de trabajo pues éste se presenta en una relación entre la empresa administradora de servicios básicos, Comisión Federal de Electricidad como patrón y su contraparte en calidad de trabajador; de suerte que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, como en la especie ocurre, pues la relación que tiene la mencionada dependencia con el quejoso, es de índole contractual, por lo que tampoco cabe la idea de que tales actos sean equivalentes a los que efectúa una autoridad. De ahí, que el acto reclamado por el quejoso se presenta en una relación de igualdad entre el órgano señalado como responsable y el promovente, y en ese sentido, no es dable reclamar dicha actuación a través del juicio de amparo. De ahí que se actualiza la aludida causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, enero de 1992, Materia Laboral, visible en la página 134, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD. CUÁNDO NO SE TIENE ESE CARÁCTER EN MATERIA LABORAL. El juicio de amparo tiene entre otros objetos resolver las controversias que se susciten por leyes y actos de autoridad, que violen las garantías individuales de los gobernados, sin que pueda considerarse acto de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus servidores; por lo que no es suficiente por sí solo para la admisión de una demanda de amparo, que el acto reclamado emane de una dependencia oficial si no actuó como autoridad, sino que lo que hizo fue ejercitar en su calidad de patrón los derechos derivados de la relación laboral con el peticionario de garantías." Así como la diversa tesis I.6o.T.26 L sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, volumen III, abril de 1996, Materia Laboral, página 347, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia que prevé la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción l, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, así como el 8vo constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Hugo Flores Jiménez, ante su notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1641, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, que señala: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En tanto que el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé un supuesto de excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, al establecer que el Juez de Distrito puede desechar la demanda cuando encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es posible que el juzgador de amparo analice en el auto inicial del juicio el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Por tanto, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar que la asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa la determinación de suspender en definitiva los derechos de asociado del quejoso, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, desechar la demanda. Lo anterior, cuando esa circunstancia pueda ser advertida a partir del escrito de demanda, su ampliación o aclaración y de los documentos que se anexen, de manera que la causa de improcedencia relativa, efectivamente, se advierta de manera manifiesta e indudable." Sin que resulte aplicable la jurisprudencia de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Página 829, Décima Época, toda vez que el supuesto analizado mediante la contradicción de tesis reflejado en dicha jurisprudencia, no se actualiza en el caso concreto. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto".

  3. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE:MESA 3-A.- SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO

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