Hugo Fabricio Rivera Bello

Expediente 471/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
471/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Hugo Fabricio Rivera Bello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados del Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, en acatamiento al punto Tercero del artículo Vigésimo Primero, del acuerdo general invocado, dado que se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado y el duplicado, se considera susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en atención a la fracción III, del artículo Vigésimo del referido acuerdo. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. Conforme al capítulo Primero, punto Segundo, fracción XVIII, del multicitado Acuerdo General Conjunto, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documento. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 471/2019, promovido por Hugo Fabricio Rivera Bello, contra actos del Juez Segundo de Primer Instancia del Ramo Familiar y el Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, ambos con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y turnado al siguiente día a este juzgado, Hugo Fabricio Rivera Bello, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES: PRIMERO.- C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, con domicilio [.] SEGUNDO.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, con domicilio [.] IV. ACTO RECLAMADO: A).- Del C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, se le viene reclamando la ilegal resolución de fecha 13 de Junio del año 2019, en la que indebidamente me previenen para que me abstenga de causar molestias y/o maltrato físico yo psicoemocional y/o presentarme en el domicilio de la hoy tercera interesada, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio donde además se me apercibe que en caso de desacato, se dará vista al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado Familiar, resolución que se tilda de ilegal como en su momento se señalará. A).- Del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, la omisión en que incurrió al no apegarse a lo que señala el capítulo noveno, específicamente al procedimiento en los casos de violencia familiar que señalan dese el articulo 449 al 456 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, ya que éste, en su omisión o complacencia, viene permitiendo que se me vulneren los derechos humanos del suscrito a ser oído en juicio, así como el de tener una defensa adecuada, como más adelante se señalará." (SIC). SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo propuesta, a la que le correspondió el número de expediente 471/2019, se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación, se ordenó dar vista al Representante Social de la adscripción, quien formuló pedimento; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, de conformidad con los artículos 33 fracción IV y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado y reformado mediante su similar 2/2019. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo promovido contra las actuaciones de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que la parte peticionaria de la protección constitucional, reclama de las responsables, específicamente:  La determinación emitida el trece de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, que contiene la medida de protección urgente aplicada en su contra, para que se abstuviera de causar molestias y/o maltrato físico y/o psicoemocional y/o presentarse en el domicilio de la demandada, hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio especial de divorcio.  Así como las sanciones aplicables, a cargo del Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, en caso de incumplimiento.  Las omisiones de la representación social en términos de los artículos 449 al 456 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". (Tesis: 2a./J. 55/98, contenida en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, y los es también del Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, por el diverso motivo expuesto a continuación. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". (Jurisprudencia 278, con número de registro 917812, contenida en la página 231, Tomo VI, Apéndice de 1917 a 2000, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación). Además, ello se corrobora con las constancias allegadas por el Juez Familiar, las cuales por tratarse de documentos públicos tienen plena eficacia probatoria, acorde con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, se presume cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, toda vez que la autoridad responsable fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, pese a estar debidamente notificada, tal como se advierte del acuse que obra en autos. En tales condiciones, se tiene por cierto el acto reclamado a la aludida autoridad responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de los actos reclamados se procede analizar las causas de improcedencia del presente juicio, ya sea que las hagan valer las partes, o que de oficio se advierta, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Cuarto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. (Tesis: II.1o. J/5, contenida en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación). Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el 62 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el presente caso, respecto al auto de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el que se concede medida de protección urgente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18, de la Ley de Amparo, por haberse presentado la demanda de manera extemporánea. Los artículos antes mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." [Énfasis añadido]. El segundo artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo a saber: plazo de quince días; asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para presentar la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión, dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días, es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Los antecedentes del asunto son los siguientes: 1. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, el juez responsable, en la vía de tramitación especial divorcio unilateral, admitió la demanda promovida por Hugo Fabricio Rivera Bello contra Emma Cristina Vilchis Torres, bajo el expediente 1039/2017, ordenando su emplazamiento (fojas 55 a 56). 2. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se decretó la correspondiente rebeldía al no contestar la demanda (foja 57). 3. El veintisiete de septiembre del mismo año, se dictó sentencia en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre Hugo Fabricio Rivera Bello y Emma Cristina Vilchis Torres y se dictaron medidas provisionales referentes a la guardia y custodia de los descendientes de las partes, hasta que se resolviera por interlocutoria las oposiciones manifestadas (fojas 58 a 69 del anexo). 4. Por escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecinueve, Emma Cristina Vilchis Torres, manifestó temor por su seguridad y las de sus descendientes menores de edad, por lo que solicitó una medida provisional de protección ante el juez de la causa (fojas 108 a 110). 5. El trece de junio de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad previno a Hugo Fabricio Rivera Bello para que se abstuviera de causar molestias y/o maltrato físico y/o psicoemocional y/o presentarse en el domicilio de la demandada, a efecto de evitar actos de violencia intrafamiliar, hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio principal, apercibiéndolo que en caso de desacato se daría vista al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, para que actuara conforme a sus atribuciones (fojas 111 a 112). 6. El dieciocho de junio de dos mil diecinueve la licenciada Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia, Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, realizó la correspondiente notificación de la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, en el domicilio ubicado en Río Nazas, número 158-4, Colonia Ferrocarrilera, de esta ciudad. Asimismo, la diligencia fue atendida por Claudia Guerra, a quien se le hicieron saber las prevenciones ordenadas, y la cual manifestó que se daba por notificada y enterada, firmando para constancia la copia del instructivo, más no la del acta de la notificación por no ser su deseo (fojas 117 y 134 a 136). 7. Por auto de dos de julio de dos mil diecinueve, el juez natural tuvo por recibido el escrito de Hugo Fabricio Rivera Bello -firmado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, según se aprecia del mismo-, en el que realizó diversas manifestaciones en relación a la convivencia con las menores y solicitó el auxilio del juez de la causa para que no se obstaculizara la convivencia de dichas menores con el actor (fojas 118 a 119). De lo enunciado, se advierte que el quejoso no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto en el término de quince días, pues tuvo conocimiento de la determinación emitida el trece de junio de dos mil diecinueve, en el juicio especial de divorcio 1039/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el que se le comunicó la medida de protección urgente aplicada en su contra, por lo menos, desde el dieciocho de junio de dos mil diecinueve. También, es de resaltarse que el quejoso promovió en ese juicio un escrito -firmado en veintiséis de junio del presente año, según se aprecia del mismo- en el que solicitó el auxilio del juez de la causa, para llevar a cabo la convivencia con las menores, el cual fue acordado el dos de julio de dos mil diecinueve, es decir, continuó actuando dentro del juicio natural y accediendo a los autos. Por tanto, la fecha en que el quejoso efectivamente tuvo pleno conocimiento de los actos reclamados fue el dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Entonces, la presentación de la demanda que se atiende es extemporánea, pues ocurrió mucho después de que había fenecido el plazo legal para hacerlo, ya que fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, el dieciséis de julio del año en curso, como se desprende de la boleta de turno y del sello de recepción que obran a fojas 1 y 2 de autos, respectivamente. En ese sentido, la parte quejosa dejó transcurrir el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto del acto analizado en este apartado. Lo anterior, se ejemplifica con el siguiente calendario: JUNIO 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 18 Se notifica 19 Surte efectos 20 Inicia plazo 21 22 Inhábil 23 Inhábil 24 25 26 27 28 29 Inhábil 30 Inhábil JULIO 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 Inhábil 7 Inhábil 8 9 10 Fenece plazo 11 12 13 Inhábil 14 Inhábil 15 16 Se presenta demanda de amparo 17 Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción del plazo genérico de quince días aludido; lo anterior, hace evidente el consentimiento tácito del acto reclamado. Consecuentemente, el amparo indirecto es improcedente conforme al artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18, de la ley de la materia, por ende, se sobresee el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad ejecutora, ya que no se combaten por vicios propios. De igual manera, es improcedente el juicio respecto a los actos u omisiones que se reclaman al Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 108 fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, al no enderezar conceptos de violación en su contra. La consecuencia de no hacerlo así, es la imposibilidad del juzgador para efectuar un análisis de constitucionalidad respecto de los actos reclamados, pues por virtud de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho se rigen en la materia, ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de derechos, el juez de amparo se encuentra impedido para apreciarlos. En el caso, de la lectura pormenorizada de la demanda, no se advierte razonamiento lógico-jurídico alguno tendente a impugnar la constitucionalidad de la "omisión de no apegarse al procedimiento en los casos de violencia familiar que señalan. el articulo 449 al 456 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa", es decir, no expresa argumento jurídico del que se desprenda la causa de pedir, ni cuál es la lesión o agravio que la quejosa estima le causa en específico ese acto señalado, ni los motivos que originaron ese agravio. Sin que reúna dicho requisito la sola mención de las violaciones a ser oído en juicio, así como el de tener una defensa adecuada, pues en todo caso es en vía de consecuencia al acto anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". (Jurisprudencia 2a./J. 63/98, página 323, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). De modo tal, que procede sobreseer el juicio de amparo en relación a los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, atento a la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 108 fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo establecido en los artículos 37, 73, 74, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Hugo Fabricio Rivera Bello, contra actos del Juez Segundo de Primer Instancia del Ramo Familiar y el Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, ambos con residencia en esta ciudad, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando cuarto esta sentencia. Notifíquese en términos de Ley.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Fórmese cuaderno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que dentro del juicio de amparo 471/2019, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, a las nueve horas con treinta y un minutos del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó dictar sentencia, sin que a la fecha se haya pronunciado la resolución correspondiente; por lo tanto, fórmese cuaderno de antecedentes. Revoca domicilio. Téngase por recibido el escrito presentado por la tercera interesada Emma Cristina Vilchis Torres; en atención a su contenido, se le tiene revocando el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones; por tanto, se tiene como nuevo domicilio procesal, el que indica en su escrito de cuenta. Notifíquese.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano