Hugo Erik Nava Rojas

Expediente 680/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
680/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Hugo Erik Nava Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, queda sin efecto la medida de suspensión del procedimiento penal decretada en auto de once de julio de dos mil veintitrés. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, se ordena devolver a Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, el disco en formato DVD de su índice; que remitió como justificación a su informe. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, toda vez que el quejoso ********************, no compareció a ratificar su escrito por el que desiste del presente juicio de amparo, dentro del plazo de tres días que le fue concedido en auto de diecisiete de agosto del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, se tiene por no presentado el escrito por el que desiste del juicio y se ordena continuar con la tramitación del mismo. Por otra parte, toda vez que en dicho acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se reservó acordar lo procedente respecto al oficio que remitió la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, hasta en tanto transcurriera el término concedido para que el quejoso acudiera a ratificar su escrito de desistimiento, lo que ya aconteció; en consecuencia, se tiene a la jueza responsable remitiendo copia de la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, en que se declaró procedente la solicitud de suspensión condicional del proceso, para que surta los efectos legales consiguientes. Documental que en este acto se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, mediante demanda de amparo presentada por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, reclamó del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso, dictado el dos de julio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, por la comisión del hecho que la ley señala como delito ********************. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]" Al respecto, debe decirse que en la resolución que originó la jurisprudencia 2ª./J. 148/2006, con número de registro digital 174120, de rubro: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la fracción XI, de la anterior Ley de Amparo, idéntica a la ahora fracción XIII, del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, en la que consideró lo siguiente: ".De conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer su propia conducta. [.]" De acuerdo con dicho criterio, ese tipo de consentimiento debe entenderse como las manifestaciones de voluntad de particulares de someterse a los efectos de la ley o actos reclamados. Ahora, en relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, volúmenes 139-144, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 232527, establece: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De su contenido se desprende que para estimar que se actualiza un consentimiento expreso por parte de la parte quejosa, resulta indispensable que concurran los siguientes elementos: a).- La existencia del acto reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b).- Que el acto reclamado cause agravio al gobernado, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y c).- Una conducta espontanea del quejoso con apoyo en dicho acto; es decir, que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley, cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley; es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional arriba al convencimiento de que se actualizan todos los requisitos previstos para que el acto reclamado en el juicio tenga que ser considerado como consentido en forma expresa. Cierto, el primero y segundo elementos se encuentran acreditados, puesto que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos, el auto de vinculación a proceso decretado en su contra, el dos de julio de dos mil veintitrés, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la señala como delito ********************; acto reclamado que aceptó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Luego, el último requisito también se actualiza, porque la autoridad responsable mediante oficio PJEO/CJ/JCEJU/1621/2023, de catorce de agosto del dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la resolución de once de agosto del año en curso, en que declaró procedente la solicitud de suspensión condicional del proceso; decretó el sometimiento del imputado a varias condiciones que garanticen la efectiva tutela de los derechos de la víctima, en términos de lo dispuesto por el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; aprobó el plan de reparación del daño; y suspendió el proceso por seis meses. Cabe precisar que la aludida suspensión condicional constituye una medida alterna de solución que encuentra sustento en los artículos 184, 191 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La intelección de los citados artículos revela que la suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia penal, como medida para despresurizar el sistema de justicia penal y para culminar de manera anticipada el procedimiento bajo el cumplimiento de determinadas condiciones, que parte de la comisión de un hecho delictivo, pero no busca declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. De ese mismo entendimiento, se puede llegar a la conclusión de que, cuando la parte investigada -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, ello conlleva intrínseca una manifestación de voluntad que ineludiblemente se traduce en el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse como un consentimiento del auto de vinculación a proceso En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 461 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, con número de registro digital 2014495, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, con número de registro digital 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las doce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto del año en curso, ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Hugo Erik Nava Rojas; visto su contenido, se le tiene desistiendo de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, manifestación de voluntad que puede realizarse en cualquiera de las instancias del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria; al efecto se provee: Por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado Federal, requiérase al quejoso de mérito para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, comparezca (debidamente identificado) ante el personal de este Juzgado, en días y horas hábiles en un horario de las nueve a las trece horas; para que si a sus intereses conviene, ratifique el escrito de cuenta, con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado el mismo y se continuará con el trámite del presente asunto. Finalmente agréguese a los autos el oficio de la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla, Oaxaca; por medio del cual remite la audiencia de once de agosto del año en curso, en el que se le concedió al quejoso Hugo Erik Nava Rojas, la suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal 1401/2022, de su índice; respecto a su contenido, resérvese proveer hasta en tanto el quejoso comparezca ante este Juzgado, o bien transcurra el término concedido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en auto de cuatro del mes y año en curso, en el que se agregó el informe justificado rendido por la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca; en consecuencia, no es jurídicamente procedente llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha; por lo que, se difiere y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. NOTIFÍQUESE.

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