Hugo Enrique Petlacalco Flores

Expediente 2162/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2162/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Hugo Enrique Petlacalco Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y la certificación de la Secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    agréguese a sus autos el escrito de Roberto Ochoa Pérez, visto su contenido y vistas las constancias que integran el presente sumario, no es el caso de realizar pronunciamiento alguno respecto a la petición que formula el ocursante, toda vez que no es parte dentro del juicio en que se actúa.

  3. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Hugo Enrique Petlacalco Flores, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de quince de diciembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia. En primer término cabe precisar que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Hugo Enrique Petlacalco Flores, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional el siguiente: "VI. ACTO RECLAMADO: La omisión de pronunciarse respecto a la petición que le fuera hecha por el quejoso, mediante mi diverso de fecha veintidós de noviembre del año en curso, recepcionado en la misma fecha, en la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil de este Distrito Judicial de Puebla, en el sentido de requerir e intimar a la C. Maria Graciela Petlacalco Flores, a efecto de exhibir ante el Juez Quinto Especializado en Materia Civil, dentro del expediente 289/2016, respecto del original o copia del Contrato de compraventa de fecha treinta de octubre de mil novecientos ochenta que celebró con la C. Esther Flores Viuda de Petlacalco, documental materia del medio preparatorio de juicio que se ha llevado ante la autoridad responsable." Precisado lo anterior, el suscrito juez advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio que deriva de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con las fracciones IV y V del artículo 107 de la legislación en cita, estas últimas aplicadas a contrario sentido y por analogía, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[.]". En principio, debe establecerse que los medios preparatorios han sido definidos por la doctrina como determinadas diligencias, casi todas de prueba, que el actor o el demandado necesitan llevar a cabo antes de iniciarse el juicio, para que éste proceda legalmente o para afianzar mejor sus derechos. También han sido definidos como las diligencias de prueba que deben verificarse en actos prejudiciales, a fin de que el actor en su acción, o, el demandado en su excepción, puedan probar los elementos constitutivos de éstas. Tales diligencias al ser preparatorias de una acción principal y futura han sido considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como actos "fuera de juicio". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 3/94 determinó, en lo que interesa, que: "El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Tal principio rige en los actos viciados 'provenientes de autoridades administrativas' (fracción III), pues si los mismos se dictan dentro 'de un procedimiento seguido en forma de juicio', deben reclamarse junto con la resolución que le 'ponga fin'. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dictados tanto dentro 'de juicio' (fracción IV), como después de concluido 'éste' (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro del juicio y después del juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera del juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución que autoriza o niega la venta de la prenda." Así, de la transcripción anterior, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la determinación que pone fin a los procedimientos de jurisdicción voluntaria (en su género), como actos provenientes de tribunales judiciales dictados fuera de juicio. Luego, los medios preparatorios a juicio, al ser parte del género de las diligencias de jurisdicción voluntaria, siguen las mismas notas distintivas que éstas, por lo que, es claro que el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la determinación que les pone fin. Es así, porque el Alto Tribunal de la Nación determinó que, esos procedimientos deben seguir las reglas de los actos dictados dentro de juicio o después de concluido, ya que atienden al mismo principio que el legislador ponderó al proveer tal aspecto, de conformidad con el artículo 107 constitucional, y ello, previo a respetarse el principio de definitividad, por regla general, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa correspondientes establecidos en la ley. En conclusión, por regla general, el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de medios preparatorios a juicio, debiendo respetarse el principio de definitividad. En el caso, el hoy quejoso se duele del acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de medios preparatorios 289/2016 dictado por el Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Por lo tanto, es evidente que en el caso no se trata de la resolución definitiva que pone fin a los medios preparatorios a juicio (el que los da por concluidos), ni tampoco es un acto de imposible reparación, esto es, alguno que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, debe destacarse que la Ley de Amparo vigente define en los términos antes apuntados a los actos de imposible reparación, por lo que los actos intermedios tienen una ejecución de esa naturaleza, sólo cuando causen una lesión material a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado. Luego, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación material alguna a los derechos humanos y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en otro momento. En ese orden, las violaciones procesales excepcionalmente pueden reclamarse en la vía indirecta cuando sus consecuencias de imposible reparación causen una afectación material. Por lo tanto, si en el caso el acto reclamado no constituye la resolución definitiva de los medios preparatorios a juicio, ni tampoco se trata de una determinación que sea de imposible reparación para el impetrante porque lesione de forma material alguno de los derechos fundamentales del gobernado, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XXIII, en relación con las fracciones IV y V del artículo 107 de la legislación en cita, estas últimas aplicadas a contrario sentido y por analogía, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el acuerdo de quince de diciembre de dos mil dieciséis al quejoso Hugo Enrique Petlacalco Flores, por las razones que del mismo se desprenden; por tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso dicho proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista.

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