Hugo Enrique Morales Jiménez
Expediente 2266/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/03/2022
Partes del expediente
- Hugo Enrique Morales Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 08.18.-2821, del Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 125/2021, del que se advierte que la responsable señaló las doce horas del veintidós de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, excediendo con ello el lapso en el que debe fijar la data para dicha audiencia; asimismo, ordenó emplazar a las demandadas en el juicio de origen; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Estado de autos. Del análisis del sumario se advierte que en la sentencia emitida en los autos del juicio en que se actúa, los efectos son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: - La Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Deje insubsistente el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 125/2021, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. El Actuario notificador adscrito a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Emplace y notifique a la demandada en el término de ley, en el juicio laboral 125/2021; (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo y la moral "Corporativo Heavy Box, sociedad anónima de capital variable", ambas con domicilio en calle Lago Cajititlán número 201, en la colonia Nicolás R. Casillas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dedicadas a la elaboración de empaques de cartón corrugado). O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello.." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que reciba del presente acuerdo, remita copia certificada, completa y legible del proveído en el que deje insubsistente la data que fijó para la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, toda vez que la data que señaló sobrepasa el término que tiene para ello, por lo que está incurriendo en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, por ende, deberá señalar fecha dentro de los quince días que para ello establece dicho numeral, así como del emplazamiento realizado a la demandada quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo y la moral "Corporativo Heavy Box, sociedad anónima de capital variable", ambas con domicilio en calle Lago Cajititlán número 201, en la colonia Nicolás R. Casillas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dedicadas a la elaboración de empaques de cartón corrugado, o bien, informe la gestiones que se encuentren realizando para tal fin. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre
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Zapopan, Jalisco, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: - La Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Deje insubsistente el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 125/2021, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. El Actuario notificador adscrito a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Emplace y notifique a la demandada en el término de ley, en el juicio laboral 125/2021; (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo y la moral "Corporativo Heavy Box, sociedad anónima de capital variable", ambas con domicilio en calle Lago Cajititlán número 201, en la colonia Nicolás R. Casillas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dedicadas a la elaboración de empaques de cartón corrugado). O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello.." Se levanta reserva. En ese orden de ideas, del estado procesal de este asunto se pudo advertir que en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, se reservó proveer lo conducente del oficio 08.18.1066 suscrito por el Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta en tanto se declara firme la sentencia dictada en este juicio de amparo, circunstancia que ya aconteció, por tanto, se provee lo conducente: Se tiene por recibido el oficio 08.18.1066 suscrito por el Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en esta instancia remite y acredita con un legajo certificado que el cuatro de febrero de dos mil veintidós, se procedió a dejar sin efectos la data señalada en proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto laboral 125/2021 de su índice, y en su lugar señaló las trece horas con treinta minutos del veintiocho de febrero pasado para su verificativo. A la par, instruyó al actuario notificador adscrito a dicho órgano jurisdiccional para que procediera a realizar el emplazamiento de las partes demandadas de tal asunto. Bajo dicha tesitura, téngase a la autoridad oficiante informando el cumplimento parcial que dio a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, queda evidenciado que no se ha cumplido en su totalidad los efectos del fallo protector dictado en este asunto. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable Actuario notificador adscrito a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo referido, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
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Revisados los presentes autos, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tramitó el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional y definitiva decretadas en este asunto. Asimismo, que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes, acorde con lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que manifiesten lo a que su interés legal convenga, respecto del informe rendido por la Juez Décimo Séptimo Especializada en materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, respecto a la incidencia precisada con antelación, glosado en auto de tres de febrero de dos mi veintidós Diferimiento de audiencia. En tal virtud, se procede diferir la audiencia prevista por el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo, y en su lugar, se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga su verificativo. Notifíquese.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2266/2021, promovido por Hugo Enrique Morales Jiménez; por conducto de su apoderado especial, contra actos de la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante demanda electrónica presentada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Hugo Enrique Morales Jiménez; por conducto de su apoderado especial, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 17 y 133 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2266/2021, se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: De la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, reclama: - La actuación en la que señaló fecha excesiva (lejana) para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente 125/2021; y Del Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, reclama: - La omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, dentro del juicio laboral 125/2021. (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo y la moral "Corporativo Heavy Box, sociedad anónima de capital variable", ambas con domicilio en calle Lago Cajititlán número 201, en la colonia Nicolás R. Casillas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dedicadas a la elaboración de empaques de cartón corrugado). TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y su Actuario notificador adscrito. En relación al acto reclamado a la primera de las autoridades, manifiesta que es cierto el acto reclamado, en el cual establece que el once de noviembre de dos mil veintiuno, señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el expediente 125/2021; de ahí que está plenamente acreditado el acto reclamado. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado al Actuario notificador adscrito a dicha Junta, debe decirse que este fue omiso en rendirlo, por lo que opera la presunción de certeza del acto; lo que se corrobora con las manifestaciones realizadas por la diversa autoridad responsable así como con las constancias remitidas por la junta responsable, en las que, en lo conducente, se advierte que sí se ordenó el emplazamiento a la demandada, sin que en el caso, exista constancia con la cual se acredite que se realizó. Lo que se corrobora con las constancias certificadas anexas a su informe con justificación, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los concepto de violación a través del cual se reprocha que las responsables Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su Actuario notificador adscrito, vulneraron el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba desahogar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Así, se recuerda que el acto reclamado a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es el acto que hace consistir en la emisión del proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señalaron las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el procedimiento laboral 125/2021. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los artículos 685, párrafo primero, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto la obligación de la autoridad responsable, de dictar las medidas pertinentes a efecto de que el trámite de los procedimientos que ante ellas se instauran sea inmediato, procurando que los juicios no queden inactivos. También, disponen que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda ante la Junta correspondiente. Precisado ello, tenemos que, en el caso, en once de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable citó de nueva cuenta a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, el actuar de la Junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la ley, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, toda vez que la fijación de esa hora y fecha contraviene lo dispuesto por el artículo 873 invocado, en razón de que excedió el plazo de los quince días ahí precisados. En ese orden de ideas, el actuar de la Junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra dicha omisión, para los efectos que a continuación se precisaran en el siguiente al presente considerando. Así mismo, se recuerda que el acto reclamado al Actuario notificador adscrito a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo constituye la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, dentro del juicio laboral 125/2021. (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo y la moral "Corporativo Heavy Box, sociedad anónima de capital variable", ambas con domicilio en calle Lago Cajititlán número 201, en la colonia Nicolás R. Casillas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dedicadas a la elaboración de empaques de cartón corrugado). En ese tenor, el artículo 750 de la Ley Federal de Trabajo, dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones, o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Del anterior se advierte, que la notificación a que está obligado a realizar el Actuario notificador de la Junta, debe de realizarse dentro de los cinco días a su fecha, esto es cinco días después del veinte de abril de dos mil veintiuno, fecha en que se avoco al conocimiento del conflicto laboral, según manifestación bajo protesta de decir verdad, del quejoso y la diversa responsable; por tanto, si en el caso tenemos la fecha de presentación de la demanda y la fecha que la responsable rindió su informe justificado; resulta inconcuso que el actuar de esta es contraria a lo previsto por la Ley, pues excede evidentemente el plazo de cinco días antes citado. En ese orden de ideas, el actuar del Actuario notificador responsable, resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra dicha omisión, para los efectos que a continuación se precisan. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: - La Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Deje insubsistente el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 125/2021, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. El Actuario notificador adscrito a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Emplace y notifique a la demandada en el término de ley, en el juicio laboral 125/2021; (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo y la moral "Corporativo Heavy Box, sociedad anónima de capital variable", ambas con domicilio en calle Lago Cajititlán número 201, en la colonia Nicolás R. Casillas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dedicadas a la elaboración de empaques de cartón corrugado). O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Hugo Enrique Morales Jiménez, contra los actos que reclamó de la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su Actuario notificador adscrito, precisados en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe. Conste.."DOS FIRMAS ILEGIBLES, RÚBRICAS.
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