Hugo Enrique Legorreta Ponce
Expediente 4/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- Hugo Enrique Legorreta Ponce
- Omar Valencia Domínguez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de cuatro de enero de dos mil veintitrés, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ricardo Gil Ramírez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. radicación Vista la demanda que promueve Hugo Enrique Legorreta Ponce y Omar Valencia Domínguez; con fundamento en el artículo 112 de La Ley de Amparo, regístrese bajo el número 4/2023-I-C. REPRESENTANTE COMÚN. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Hugo Enrique Legorreta Ponce. ACTO RECLAMADO Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio integró de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Conforme a lo anterior se sigue que los promoventes reclaman del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México con residencia en Toluca y del Actuario adscrito lo siguiente: La omisión de girar y notificar a través de oficio al Banco Azteca sociedad anónima Instituto de Banca Múltiple, en cumplimiento al acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós dentro del expediente número 994/2009, de su índice. Desechamiento En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable que impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)." De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo que establece que antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. Los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la ley, prescriben el principio de definitividad respecto de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: 1. Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente) y que son: A. Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. D. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar el acto que aquí reclamado, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. 1. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En primer término, con relación al requisito descrito en el apartado uno, para establecer el medio de defensa o el recurso que debe agotar la parte demandante contra el acto reclamado, quien suscribe trae a colación los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo que establecen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria." De los preceptos transcritos se obtiene que en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede el recurso de revisión. Así, mediante este recurso las partes pueden inconformarse de las actuaciones tomadas por el Presidente del Tribunal o por el Actuario respectivo, en la ejecución de los laudos. Por lo tanto, la revisión prevista en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo y siguientes, constituye un recurso o medio ordinario de defensa, que debe ser agotado, previamente a la presentación de la demanda de garantías, ya que el resultado del mismo, tiene la posibilidad de satisfacer la pretensión de su promovente, en cuanto a revocar, modificar o anular los actos dictados por el Presidente de un Tribunal y del actuario adscrito, dictados en la etapa de ejecución de un laudo. Por tanto, si en el caso concreto la quejosa reclaman la omisión de girar y notificar a través de oficio al Banco Azteca sociedad anónima Instituto de Banca Múltiple, en cumplimiento al acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós dentro del expediente número 994/2009 del índice de la responsable; resulta inconcuso que es impugnable a través del recurso de revisión en conformidad con los numerales transcritos. 2. No se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad. En cuanto al supuesto descrito en el apartado dos, relativo a las excepciones al principio de definitividad, conviene mencionar que no se actualiza ninguna. En efecto, el acto impugnado no importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De ahí que, la parte quejosa estaba en aptitud de promover el recurso de revocación en contra del acuerdo tildado de inconstitucional, previo a la promoción del juicio que nos ocupa; lo anterior, dado que no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b), c) y d) del referido artículo 61 de la Ley de Amparo. Finalmente, los quejosos no tienen el carácter de tercero extraño, ya que, como lo reconocieron, son parte del juicio de origen. En esa tesitura, no se configuran las excepciones del principio de definitividad descritas en el apartado cuatro. Asimismo; las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo, como aconteció en caso. Es aplicable al caso, la tesis 15, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, de título, subtítulo y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA.- La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Por consiguiente, se materializan todos los supuestos que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la ley, de manera que la quejosa debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, contra la omisión de girar y notificar a través de oficio al Banco Azteca sociedad anónima Instituto de Banca Múltiple, en cumplimiento al acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós dentro del expediente número 994/2009 del índice de la responsable, y, en consecuencia, la demanda de amparo deviene notoria y manifiestamente improcedente. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Hugo Enrique Legorreta Ponce y Omar Valencia Domínguez, por propio derecho. Domicilio Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido que de ser omiso al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO. Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptógrafa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal .
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