Hugo Enrique Contreras Torres

Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
701/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Hugo Enrique Contreras Torres

Actuaciones

  1. Incidental

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el alegato ministerial 242/2023 que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación de éste en la audiencia incidental y respecto a la copia certificada que solicita en el tercer punto petitorio, dígasele que dada la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; en sustitución de la copia solicitada, expídase a su favor una impresión electrónica con evidencias criptográficas de la resolución que precisa, la cual se le entregará en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Hugo Enrique Contreras Torres, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera instancia de esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 701/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la ley de la materia y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; con copia del escrito de demanda y por separado, tramítese el incidente de suspensión, sin necesidad de formar duplicado. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. Además, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Cabe precisar que aun cuando existan días inhábiles que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, se debe rendir el informe justificado en el lapso concedido, debiendo tomar en cuenta que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen; pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros, entre ellos el de seguridad jurídica. De igual forma, es importante destacar que los periodos vacacionales no serán motivo de justificación para la interrupción del plazo concedido para rendir el informe de ley; en razón de que no están contemplados como inhábiles en la Ley de Amparo; ni es atribuible a los particulares, aunado que las autoridades al contar con los recursos físicos y materiales pueden hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2022 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo I, Undécima Época, abril de 2022, registro digital 2024510, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO RESPONSABLE De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, tercer párrafo, inciso e), de la Ley de Amparo, mediante oficio y con copia simple de la demanda, notifíquese al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado señalado como responsable, la presentación de la demanda de amparo, toda vez que le reviste el carácter de tercero interesado y no fue señalado como autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Por lo que se comisiona a la oficial judicial "A", que lo capture como tercero interesado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN TORNO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Toda vez que el quejoso manifiesta que desconoce de la existencia de algún tercero interesado en el presente asunto; sin embargo, se estima que por lo que respecta al que pudiera surgir en este juicio, con tal carácter, conforme a lo que dispone el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, para el caso de que el acto reclamado sea cierto, requiérase al juez responsable, para que al momento de rendir sus informe justificado, informe el nombre y domicilio completo del ofendido o víctima en el proceso penal seguido en contra del peticionario del amparo. Lo anterior, a fin de que este Juzgado Federal esté en aptitud de decretar las medidas pertinentes para proveer sobre su carácter de tercero interesado y estar en posibilidad de emplazarlo a la presente instancia judicial. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 244, de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salvador Bustos Morales, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. NOTIFICACIONES DE LOS POSIBLES DIFERIMIENTOS Por otro lado, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes en el presente asunto, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulte suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por tanto, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho acuerdo, se realizará únicamente a través de lista; lo anterior con independencia de que si dicho proveído contuviera algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN DEL INCIDENTE Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 701/2023, promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales. REQUERIMIENTO DE INFORMES PREVIOS Con apoyo en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, por oficio, con copia simple de la demanda, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS; con el apercibimiento que de omitir rendirlo dentro del término señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción I y 238 de la ley de la materia, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN I. Para el caso de que el acto reclamado consista en una orden de aprehensión, que afecta Hugo Enrique Contreras Torres y existe solicitud de éste en el sentido de que se le conceda la suspensión, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión provisional bajo los términos y condiciones siguientes: Si el acto reclamado deriva de una orden de aprehensión emitida por autoridad competente la suspensión deberá ser para lo siguiente: 1. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, o los contemplados por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado Decimoprimero de Distrito, en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluido, y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento penal que se le instruye, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. 2. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, esta suspensión es para el efecto de que el quejoso no sea detenido; sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que este Juzgado Federal le imponga una vez que se tenga la certeza de la existencia del mandato de captura así como de la naturaleza del delito por el cual se le giró. Lo anterior, a fin de que no evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. De igual manera, y en caso de que con motivo de la presente suspensión el quejoso comparezca ante el Juez responsable para la continuación del proceso seguido en su contra, y a consecuencia de ello se autorice como medida cautelar la prisión preventiva justificada, surte efecto para que no sea detenido, pues mientras se encuentre vigente la presente suspensión, al encontrarse el quejoso a disposición por cuanto hace a su libertad personal es que no podrá ejecutarse dicho mandamiento restrictivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LOS EFECTOS DE SU CONCESIÓN IMPIDEN QUE EL QUEJOSO SEA DETENIDO CUANDO COMPARECE ANTE EL JUEZ DE CONTROL, AUNQUE SE AUTORICE COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA." Ahora bien, si el quejoso ya se encuentra materialmente aprehendido por orden de autoridad competente y el fiscal que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 citado. REQUISITO DE EFECTIVIDAD El artículo 168 de la ley de la materia, prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración: 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa: 2. La situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que el mismo se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos, pues la parte quejosa en su demanda de amparo no proporciona datos fidedignos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos, los inculpados no tienen conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se les detiene. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto las autoridades responsables en su caso, informen respecto al delito que se atribuye a quien solicita el amparo, toda vez que existe peligro de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, y 139 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. No obstante lo anterior, esta suspensión surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si en el término de CINCO DÍAS, según lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, el quejoso no otorga una garantía a disposición de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la cual podrá exhibir en cualquiera de las formas que establece la ley. Ahora bien, en caso de exhibir dicha garantía en billete de depósito o póliza de fianza, deberá ser a nombre del quejoso, en la inteligencia de que esta última deberá ser exhibida en un horario que permita su validación ante la afianzadora que la expide, ya que se tendrá por constituida la garantía hasta que se valide la autenticidad de dicha póliza. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Con fundamento en el artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que se presente ante la autoridad responsable que corresponda dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído para la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, debiendo acreditar con la constancia respectiva en la que se advierta el sello de las autoridades responsables el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del mismo plazo al que se hizo alusión con anterioridad, esto es, tres días hábiles. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del Erario Federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar el acto reclamado e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Signifíquesele a la parte quejosa que la obligación descrita en el párrafo precedente, será exigible hasta que se tenga la certeza respecto de la existencia de los actos reclamados y de la autoridad que la emitió. Se fija como medida de aseguramiento adicional, una vez exhibida la garantía, la obligación del impetrante de no ausentarse del lugar de residencia del juzgado natural sin permiso de su titular, así como notificar a éste de los cambios de domicilio que pudiera tener, en la inteligencia que de no cumplir con las medidas señaladas, se hará efectiva la garantía exigida a favor de la Federación y dejará de surtir sus efectos esta medida suspensiva, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 198729 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 16/97 Página: 226 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Esta medida cautelar no surtirá efecto alguno si se sorprende a la parte quejosa en la comisión de flagrante delito o violando los reglamentos de la policía y buen gobierno, o si las ordenes reclamadas provienen de autoridades distintas a las aquí señaladas como responsables. Además, en términos del artículo 167 de la ley de la materia, la libertad otorgada a la parte quejosa con motivo de una resolución suspensional podrá ser revocada cuando ésta incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por el órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA SUSPENSIÓN Esta suspensión debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE IMPRESIÓN ELECTRÓNICA Finalmente, dada la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; en sustitución de las copias solicitadas por la parte quejosa, expídase a su favor una impresión electrónica con evidencias criptográficas de esta determinación y hágase entrega al promovente o a los autorizados para tal efecto, previo recibo que otorguen en autos para debida constancia. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,372 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano