Hugo Eduardo Jiménez Carrillo
Expediente 253/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Hugo Eduardo Jiménez Carrillo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, por el que se desechó la solicitud de amparo; se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, envíese al archivo.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo presuntamente presentada por Hugo Eduardo Jiménez Carrillo, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el doce del mes y año en curso, e ingresada en la Oficialía de Partes de este órgano de control constitucional, el trece de marzo del presente año. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese el expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 253/2018-III. En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en el precepto legal mencionado se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. En ese sentido, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquél que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en el caso en concreto la demanda de amparo que se provee, según se aprecia de lo asentado en la certificación secretarial, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica, por ende, no es posible advertir en ella la manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo que implica que el promovente fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de quien al parecer promovió la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En tales condiciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6º, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Se tiene como autorizado en términos de la primera parte, segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Abel Gutiérrez Hilario, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, bajo el número 98736, que lo acredita como profesional del derecho, y como domicilio para tal efecto los Estrados de este juzgado. Notifíquese al promovente del amparo mediante lista que se publique en los estrados de este Juzgado. En cumplimiento a lo ordenado en línea que anteceden, notifico al promovente HUGO EDUARDO JIMÉNEZ CARRILLO, el proveído que antecede mediante lista publicada en los estrados del juzgado de mi adscripción, en razón de haberlos señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones.
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