Hugo Edel Rios Rangel
Expediente 1250/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hugo Edel Rios Rangel
- JUAN CARLOS MENDOZA BAHENA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, a través del cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del presente asunto. Se ordena archivo En mérito de lo antes expuesto, y tomando en consideración que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente asunto, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en atención a la sesión celebrada de manera extraordinaria ese día, se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; en la que los integrantes de esa Comisión determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en la que entre otros puntos, destaca que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los supuestos de asuntos ya radicados que deban continuarse al calificarse como "urgentes". Por tanto, se tiene por recibido el escrito de demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y otras autoridades, de quienes reclaman la orden de traslado a diverso centro penitenciario. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1250/2020-PJ, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Suspensión de Oficio y de Plano respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado a un diverso centro penitenciario. Ahora bien, en relación al acto reclamado al tratarse de un acto fuera de procedimiento que afecta la libertad, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, por ende, los quejosos descritos en el proemio del presente auto, queden a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en el que actualmente se encuentran recluidos, esto es, en interior del CEFERESO 4, con residencia en Tepic, Nayarit, y no sean trasladados a un diverso centro de reclusión del Estado o de la Federación. Cabe hacer mención que la presente suspensión no es obstáculo para que los directos quejosos sean puestos en libertad, ni en su caso se les deje de aplicar los reglamentos existentes en ese centro penitenciario, por cuestiones diversas a las que dieron origen a los actos reclamados en el presente juicio de amparo. También, se precisa que no surtirá efecto legal y material alguno cuando la orden de traslado sea en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de las personas privadas de su libertad o en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, tal como lo establecen los artículos 15 y 52, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o bien, si el acto impugnado es dictado y ejecutado con motivo de una ejecutoria de amparo, emitido por autoridades distintas de las señaladas como responsables o de actos diversos a los reclamados. Por lo anterior, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento dado a esta medida. Se previene a la responsable que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia, que dice: " ..Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa 193 de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;." Del representante común. En términos del numeral 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Hugo Edel Ríos Rangel, para que por su conducto sean notificadas las determinaciones dictadas en el presente expediente; lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, sea designado diverso quejoso. Incompetencia. Una vez decretado lo anterior, esta sede constitucional estima necesario señalar que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, y por consiguiente una cuestión de orden público, debe ser analizada oficiosamente por este órgano jurisdiccional, para legitimarse en el momento de decidir el fondo de un litigio al dictar la sentencia respectiva, por lo que es de precisarse que es el acto y las autoridades los que determinan dicha incompetencia. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo promovida este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos arriba a la conclusión de que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se vierten. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, para determinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, debe primero precisarse donde tiene ejecución el acto reclamado, para lo cual resulta necesario el siguiente estudio. La parte quejosa reclama la orden de traslado a diverso centro penitenciario, al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit y otras autoridades, asimismo, de la demanda de amparo se desprende que los impetrantes del amparo actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. En ese sentido, y al advertirse que los actos reclamados tienen efectos positivos sobre las cuestiones de internamiento de los mismos quejosos, dado que los beneficios alcanzados en el caso de ser procedente la demanda de amparo, surtirán efectos en el lugar donde se encuentren recluidos; por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2020828, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Página 899, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". Asimismo, sirve de apoyo la diversa jurisprudencia número 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, en la página 107, Materia (s) Común, que por rubro y texto dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". En tales circunstancias, de acuerdo con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, determina carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver en el presente juicio de amparo; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase las actuaciones correspondientes al citado órgano jurisdiccional, quien se estima competente para conocer del asunto. Asimismo, se solicita al Juez que corresponda conocer del mismo, comunique a este órgano jurisdiccional, la determinación que considere respecto a la incompetencia planteada. De la notificación a la parte quejosa. En ese sentido, toda vez que el domicilio para llevar a cabo la notificación del presente auto a la parte quejosa, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto urgente a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", les notifique el contenido del presente auto al representante común de los quejosos Hugo Edel Ríos Rangel, y le corra traslado con copia autorizada del mismo que al efecto se acompaña; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo. En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial ÚNICAMENTE por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. De la Compensación. Finalmente, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, instruyéndole para que haga los movimientos, registros y/o cambios correspondientes en el sistema computarizado, para efectos estadísticos y cargas de trabajo, por lo que deberá informar el movimiento correspondiente de manera oportuna. Notifíquese; y por medio de exhorto a la parte quejosa. Lo proveyó y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marco Antonio Elizalde Guerrero, Secretario que autoriza y da fe.Grch/guardia
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