HUGO CÉSAR URIOSTEGUI ZAMORA y Otros.
Expediente 118/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- HUGO CÉSAR URIOSTEGUI ZAMORA y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuente con el acuse de recibo del oficio dirigidos a la autoridad responsable foránea, con el que se ordenó notificarle el acuerdo de treinta de enero del año en curso, dictado en este juicio, pues debido al sentido de dicha resolución se considera que no afecta directamente los actos que se le atribuyeron, para que esté legitimada para interponer recurso de revisión, en términos del artículo 81 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
De la notificación de cuenta y de la diligencia actuarial que anteceden, se advierte que la parte quejosa, ratificó su deseo de desistir en su perjuicio de este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase las anotaciones correspondientes e infórmese a las autoridades responsables.
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida por Hugo César Uriostegui Zamora, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 118/2015. I. SUSPENSIÓN DE PLANO Debido a que los actos reclamados en la demanda que se provee se hacen consistir en el castigo, segregación, incomunicación de los que dice ser objeto la parte quejosa, así como la suspensión de estímulos (visita familiar e intima, actividades deportivas y recreativas, biblioteca, sala de audio), con motivo del posible correctivo disciplinario que le fue impuesto; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor del quejoso, por lo que las autoridades responsables deberán abstenerse de inmediato de mantener incomunicado al quejoso, así como de realizar cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se hace saber a las autoridades responsables, que de no haber ocurrido, se suspenda la orden de mantenerlo en módulo de castigo, sin causa legal justificada, así como toda restricción de derechos y estímulos; lo cual deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Se hace saber a la autoridad responsable que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión del delito previsto en el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, de consumarse éste, enseguida se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro persona. II. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El artículo 115 de la Ley de Amparo dispone que cuando se reclamen actos que impliquen violación a los derechos contenidos en los artículos 16, 19 y 20 Constitucionales, la audiencia constitucional tendrá verificativo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda; por lo tanto, se fijan las ONCE HORAS DEL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. IV. INFORME JUSTIFICADO Tomando en consideración que se están reclamando actos relacionados con los previstos en el artículo 22 Constitucional; con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafo tercero, 63 fracción IV, y 75, todos de la Ley de Amparo remitiendo a este juzgado: Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo. En orden. Completas y legibles. Asimismo cuando la autoridad ordenadora advierta que cesaron los efectos de los actos reclamados, o se actualice alguna causal de sobreseimiento, deberá informarlo, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento y su omisión entorpece el procedimiento, con fundamento en los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su respectivo informe justificado remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados al quejoso mencionado en ese centro penitenciario; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días; asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto por el artículo citado el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." INFORMACIÓN DE EGRESOS En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que diversos juicios radicados en este juzgado, han sido sobreseídos, en atención a las múltiples órdenes de egreso de internos efectuadas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En mérito de lo anterior, se solicita atentamente a las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que informe a este Juzgado si el quejoso egresó por algún motivo de tal centro de reclusión, y de ser el caso, deberá acreditar su dicho con las copias certificadas correspondientes. V. PRUEBAS En relación con la prueba de inspección, se comisiona al actuario en turno para que en el momento de la notificación, dará fe de las condiciones en que se encuentra el quejoso, sin asentar datos innecesarios que puedan vulnerar la seguridad del centro de reclusión. DEFENSOR PÚBLICO En atención a lo solicitado por la parte quejosa, en el sentido de que este órgano jurisdiccional designe al Defensor Público Federal de la adscripción como su autorizado en el juicio de amparo en que se actúa, para que promueva e impulse todo lo relacionado con la demanda de amparo; dese vista al profesionista citado, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. VI. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. VII. DOMICILIO Se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. VIII. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. IX. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Notifíquese la radicación de este juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación este juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. X. AUTORIDAD INEXISTENTE Finalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace de su conocimiento que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. XI. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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