Hugo César Román Chavarría

Expediente 702/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
702/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Hugo César Román Chavarría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA I. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, uno de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de dieciocho de septiembre de este año, remite copia certificada de la constancia de notificación realizada al quejoso Hugo César Román Chavarría del oficio ASJ-10113 de treinta y uno de agosto del año que transcurre, a través del cual dio respuesta a su petición realizada el treinta y uno de julio del presente año, las cuales merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2, de la Ley de Amparo, por tanto, en el caso ha sobrevenido una causal de improcedencia. En principio debe establecerse que el quejoso Hugo César Román Chavarría, señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. En ese contexto, al rendir su informe justificado el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que es cierto el acto reclamado y al respecto manifestó que recibió el escrito que refiere el quejoso en su escrito inicial de demanda el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Por oficio ASJ-10113 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dio respuesta a la petición realizada por el quejoso Hugo César Román Chavarría el treinta y uno de julio del año que transcurre; quedando notificado de esa determinación el cinco de septiembre del presente año. Sin embargo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la ley de la materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En ese contexto, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, y dado que de las constancias que remitió el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se aprecia que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 48), dio respuesta al escrito presentado por el quejoso Hugo César Román Chavarría, el treinta y uno de julio de este año; quedando notificado de esa determinación el cinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 59). Es aplicable al caso la tesis aislada I.15o.A.4 A, sustentada por Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que puede ser consultada en la página 1330 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre 2004, Novena Época, Número de registro 179934, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A ESTA GARANTÍA, ES INDISPENSABLE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA. Del artículo 8o. de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales que lo han interpretado, se desprende que en torno al derecho de petición deben actualizarse las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Sobre esas premisas, es dable concluir que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud formulada es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo en comento; lo que precisa en el juicio de amparo la necesidad de analizar la legalidad de la notificación que se realice para hacer del conocimiento del gobernado la respuesta de la solicitud, bastando para ello la simple argumentación en la demanda de garantías de que no se dictó tal determinación o que no se dio a conocer al solicitante. Se expone tal aserto, porque precisamente la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada, en el entendido de que aun cuando se haya dictado la resolución respectiva, si ésta no fue notificada debidamente provoca, en principio, la creencia de la omisión de su dictado y, por ende, la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición. En ese orden de ideas, basta que el quejoso alegue que no tiene conocimiento de la respuesta emitida para que el juzgador de amparo tenga la obligación de examinar si la contestación se emitió y fue notificada al peticionario; proceder este último que le impone, a su vez, el deber de examinar no solamente la existencia de la constancia de una notificación, sino también, si la notificación reúne las formalidades legales, esto es, los elementos jurídicos mínimos que determinan su existencia y el cumplimiento de su cometido, que es, sin lugar a dudas, hacer del pleno conocimiento del solicitante la determinación dictada respecto de su petición; de lo que se sigue que el juzgador de amparo está obligado a examinar que la relativa notificación haya satisfecho su cometido, sin que este examen implique que esté supliendo la deficiencia de la queja." En ese sentido, es inconcuso que en relación a la omisión reclamada se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado, por lo que es correcto concluir que han cesado los efectos de dicho acto reclamado. En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que las consecuencias de éste han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional; por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; en tales condiciones y en términos del artículo 63, fracción V del referido ordenamiento legal es procedente SOBRESEER EL JUICIO DE AMPARO, puesto que la aludida causal es manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así también, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, marzo de 2003, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA I Agréguese el oficio del Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en atención a su contenido, téngasele informando que una vez que cuente con el acuse de recibo del oficio ASJ-10113 de treinta de agosto del año que transcurre, con el que se le hizo del conocimiento al quejoso Hugo César Román Chavarría, la respuesta dada a su petición de treinta y uno de julio del actual, la remitirá a la brevedad; asimismo, remite copia certificada de diversas constancias relativas a las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo anterior.

  4. Principal

    MESA I. Agréguese el oficio del Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representante jurídico de la Directora General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo, remite copia certificada de diversas constancias en apoyo a su informe justificado. Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe y con las documentales que adjuntó al mismo, sin perjuicio de relacionarlos al celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que se adjuntaron al aludido informe, no se advierte que obre el acuse de recibo en el que conste que el quejoso Hugo César Román Chavarría quedó notificado de la determinación de treinta y uno de agosto del año en curso, por el que se dio respuesta a su petición que realizó el treinta y uno de julio del actual; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada al quejoso de mérito del acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la que deberá ser legible y completa. Esto es, al resultar necesarias para resolver el expediente en que se actúa O EN SU CASO MANIFIESTE LA IMPOSIBILIDAD QUE TENGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO REQUERIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectiva la multa con la que se le conminó en proveído de veinte de agosto de este año. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia de mérito y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho, para su verificativo.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano