Hugo César Matías González

Expediente 1438/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1438/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Hugo César Matías González y Otros.
  • Hugo César Matías González
  • Juez Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca.
  • D. M. M. T.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra de la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó en este juicio de amparo que promovió **** (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. ***, por propio derecho, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, remitido el diecisiete siguiente a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLACOLULA, OAXACA. ACTO RECLAMADO: "La omisión de la Juez responsable de proveer en el expediente familiar 236/2020 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, sobre la procedencia o improcedencia de la escucha de los menores de iniciales ***., en donde manifiesten su deseo de vivir o no con el suscrito, privilegiando su interés superior." SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera que se vulneran en su perjuicio los previstos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. a) En acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo, bajo el registro 1438/2021 y se requirió al quejoso para que acreditara la representación de las menores de iniciales D.M.M.T. y K. G. M. T. b) En proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, al no cumplir con la prevención formulada en el plazo establecido para ello; se admitió a trámite únicamente por lo que hace al solicitante de amparo, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia civil (controversias del orden familiar) y tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Hugo César Matías González reclama de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: El acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente familiar 236/2020. No pasa desapercibido que en la demanda de amparo el quejoso reclamó la omisión de la autoridad responsable de proveer sobre la procedencia e improcedencia de la escucha de sus menores hijas; sin embargo, de un análisis integral de la demanda de amparo y del informe justificado, se advierte que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, pues en esa fecha se acordó su petición. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió de las que se advierte que el nueve de agosto de dos mil veintiuno acordó el escrito de Hugo César Matías González, presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 236/2020. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados Ahora, de la demanda de amparo, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: I. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el expediente familiar 236/2020, del índice del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se aprobó de manera definitiva el convenio exhibido por las partes María de los Ángeles Tlamanca Sosa (actora) y Hugo César Matías González (demandado), en el que se determinó la guarda, custodia y convivencia de las menores de iniciales D.M.M.T. y K. G. M. T., con sus progenitores, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada. II. Hugo César Matías González, mediante escrito de catorce de julio de dos mil veintiuno, solicitó a la autoridad responsable se señalará hora y fecha para desahogar la audiencia de carácter familiar en la que se escuche a sus menores hijas, ya que éstas argumentaron que desean vivir con su progenitor. III. En acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por el demandado en el juicio de origen, en los siguientes términos: "TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA; NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. . Se da cuenta con el escrito presentado por HUGO CÉSAR MATÍAS GONZÁLEZ, recibido el catorce de julio del año en curso. Visto su contenido dígasele que deberá estarse a lo acordado en la diligencia de pruebas y alegatos de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en la que se aprobó en forma definitivo el convenio celebrado por las partes y por haberse celebrado en una contienda judicial adquirió la eficacia de una sentencia firma, motivo por el cual se le hace saber que quedan a salvo, los derechos del promovente para que los haga valer en términos de Ley. ." Ese proveído fue notificado por lista de acuerdos publicada en el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, fijada el diez de agosto de dos mil veintiuno. QUINTO. Causal de improcedencia Previo al estudio de los conceptos de violación, debe verificarse la procedencia de este juicio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto de los actos reclamados consistentes en el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por el cual la autoridad responsable acordó que no resultaba procedente escuchar a las menores, en los términos solicitados por el demandado en el juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haber instaurado el presente sumario constitucional fuera de los plazos que prevén los artículo 17 y 18 de la ley de la materia. El artículo 61, fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" La citada causa de improcedencia consiste en la presunción del consentimiento del acto reclamado por la parte quejosa, por haber omitido instaurar la acción constitucional dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De las disposiciones transcritas deriva que el plazo genérico para la presentación de la solicitud de amparo es de quince días, y las propias normas establecen excepciones en materia de normas generales; procesos penales en hipótesis especificas; derechos agrarios, y en los casos que importen peligro de privación de la vida, entre otras. Asimismo, en el artículo 18 citado el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, determinando tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca del juicio. Los medios para establecer que el afectado por un acto de autoridad se ha enterado de su existencia son: 1) la notificación, 2) el conocimiento, y 3) la confesión. En la primera hipótesis debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, la cual constituye la comunicación oficial a la parte quejosa, en cuyo caso, el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, esa notificación. En la segunda, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado. El tercer supuesto entraña una confesión expresa por parte del afectado, acerca de la fecha en que reconozca que tuvo conocimiento del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En este asunto, se materializa la causa de improcedencia invocada, porque de las constancias que remitió la Juez responsable, en apoyo a su informe justificado, se advierte que el acto reclamado consistente en el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, fue notificado por lista de acuerdos el diez de agosto de ese año. Notificación que surtió efectos, el once de agosto de dos mil veintiuno; de modo que, con las constancias citadas, queda evidenciado que se está ante el primer supuesto de los establecidos en el artículo 18 de la ley de la materia, por ello, el cómputo para promover el juicio de amparo debe realizarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de los actos reclamados. De manera que el plazo de quince días referido transcurrió del doce al veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, con exclusión de los días catorce, quince, veintiuno y veintidós del referido mes y año, por ser inhábiles; por lo que si la demanda de amparo se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, es evidente su extemporaneidad. No pasa inadvertido, que el quejoso haya manifestado, bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda que conoció el acto reclamado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en la que acudió al juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Lo anterior, porque al ser parte en el juicio familiar 236/2020, el peticionario del amparo se encuentra sujeto a los lineamientos previstos en el artículo 107 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, relativos a las notificaciones. Por tanto, la aplicación de esas normas -notificación- excluye el diverso supuesto a que se refiere el numeral 18 de la Ley de Amparo, como punto de partida para el cómputo del plazo legal para la promoción del juicio de amparo. Cabe precisar que en este asunto no se advierte actualizada alguna hipótesis de excepción de las descritas en el artículo 17 transcrito, puesto que el acto reclamado no constituye una norma general; el juicio de origen no es de naturaleza penal; no se cuestionan derechos agrarios ni se está frente a actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. No es óbice a la anterior conclusión, el que previamente a esta etapa procesal se haya admitido a trámite la demanda de amparo contra ese acto y, ahora, se decrete el sobreseimiento por extemporaneidad de la misma en la presente resolución, pues el hecho de que se haya dado trámite a la demanda en el auto admisorio, solo se establece en razón al cumplimiento de determinados requisitos, pero si en ese momento no se advierte la extemporaneidad de la demanda, ello no impide a este juzgador acatar las reglas de procedencia del juicio constitucional, al emitir la sentencia correspondiente. Tiene aplicación, la tesis I.4o.A.20 K de Tribunales Colegiado de Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO". Por tanto, al acreditarse que la presentación de la demanda fue extemporánea, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de ese ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ***, por el acto reclamado a la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por las razones precisadas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento a lo ordenado en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no se podrá llevar a cabo, en razón que, está transcurriendo los ocho días para que la parte quejosa haga manifestaciones respecto del informe justificado de la autoridad responsables, mismo que fue notificado por medio de lista el veinticuatro de enero pasado. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del Juez Primero Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; con el mismo, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Asimismo, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de su parte la copia certificada del expediente 236/2020, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Notifíquese por lista electrónica.

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