Hugo Cesar Diaz Aguirre
Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Hugo Cesar Diaz Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, de la Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el disco versátil digital (DVD), relativo a la causa penal número RIV-CV/CP-97/2018, de su índice, que allegó como medio de prueba. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 214 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables y tercero interesado, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, puesto que al haberse determinado sobreseer el presente juicio, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. En consecuencia, devuélvase al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, de la Cuarta Región, en esta ciudad, el disco versátil digital (DVD) relativo a la causa penal número RIV-CV/CP-97/2018, de su índice, que allegó como medio probatorio; solicitando el acuse respectivo. En ese orden de ideas, una vez que obre en autos el acuse referido se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 210 a 213), se recibió por parte de la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, con sede en esta ciudad, copia certificada de la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso, celebrada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y su continuación el veintiuno del mismo mes y año, relativo a la causa penal RIV-CV/CP-97/2018, de su índice, seguida en contra del aquí quejoso Hugo César Diaz Aguirre. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama el quejoso en esencia son los siguientes: a) La orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia librada en su contra. b) La ejecución de dicho mandato privativo de libertad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, se evidencia la actualización manifiesta, notoria e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que conlleva a decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del presente juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese contexto, como se dijo en líneas que anteceden, se tiene que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la orden de aprehensión librada en su contra, lo cual corroboro la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación (foja 86), pues indicó que en los autos de la causa penal RIV/CV/CP-97/2018, en audiencia privada de veintidós de junio de dos mil dieciocho, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Hugo César Diaz Aguirre, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre Martín González Colunga. Posteriormente, la Juez responsable informó vía telegráfica (foja 116), que en audiencia de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictó auto de vinculación a proceso en contra del peticionario de amparo, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de Homicidio Calificado, previsto por el numeral 126, en relación con el 114, facción II del Código Penal vigente en el Estado de San Luis Potosí, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre Martín González Colunga, imponiendo al aquí quejoso Hugo César Diaz Aguirre, la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso penal de origen; lo cual queda plenamente demostrado, pues del disco versátil digital que obra en autos a foja 206, se puede advertir lo manifestado por la responsable. Por consiguiente, es obvio que la situación jurídica del quejoso Hugo César Diaz Aguirre ha cambiado, en virtud de que la orden de aprehensión aquí reclamada se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de vinculación a proceso, provocándose con dicho cambio de situación jurídica que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden privativa de libertad y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la vinculación a proceso decretada en la causa de origen, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 169410, visible en la página 270, Tomo XXVII, junio de 2008, página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." De igual manera, encuentra sustento en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, con número de registro 2017544, cuya epígrafe y letra indican: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido en los citados artículos 61, fracción XVII y 64, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras, ya que el acto de ejecución no fue reclamado por vicios propios. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). Notifíquese, y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que se advierte que no mediaron al menos ocho días, entre la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y la recepción del disco versátil digital, relativo a la causa penal número penal RIV-CV/CP-97/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, de la Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles. En tales condiciones, a fin de que la parte quejosa se imponga de su contenido, a efecto de que esté, si así lo desea, en aptitud de desvirtuar el contenido del mismo y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo; se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese.
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