Hugo César Delgado Castillo

Expediente 1849/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1849/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Hugo César Delgado Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, sin que sea necesario realizar pronunciamiento respecto a su contenido, pues mediante proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 907/2022, signado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por medio del cual comunicó haber aceptado la incompetencia planteada por este órgano judicial; por tanto, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda. Finalmente, devuélvase el presente cuaderno de antecedentes al archivo general de este juzgado, de donde se extrajo para la elaboración del presente acuerdo. Cúmplase Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 907/2022, signado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, a través del cual informa que mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Hugo César Delgado Castillo, la cual quedó registrada con el juicio de amparo 1447/2022, de su índice estadístico. En virtud de lo anterior, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, del cual se advierte que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por lo que mediante oficio 18231/2022, se remitió el presente juicio al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo; sin embargo, a la fecha no se tiene noticia a qué órgano colegiado correspondió conocer de dicho asunto. En tal virtud, con transcripción del presente proveído, requiérase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, para que de no tener inconveniente legal alguno informe a este órgano jurisdiccional a qué Juzgado de Distrito turnó el juicio de amparo 1849/2022-IV, toda vez que ello es necesario para, a su vez, solicitarle informe si aceptó la competencia planteada y, en su caso, archivar este cuaderno. Notifíquese. ...

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por Hugo César Delgado Castillo, contra actos del Juez de lo Penal de Primera Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con dese en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese la misma en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1849/2022-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde y fórmese expediente. Previo pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el juicio de amparo indirecto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, lo correcto es establecer si este órgano de control constitucional tiene competencia para conocer del asunto. Es conveniente precisar que los preceptos 37 y 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De los artículos transcritos, se puede advertir que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. El concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo expuesto y la doctrina, podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: 1. Por materia. 2. Por territorio. 3. Por cuantía. 4. Por grado. 5. Inicial. 6. Derivada. Así las cosas, en el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se estima aplicable al presente asunto. La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. En las relatadas condiciones, se estima que de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, tratarse de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que dicha ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107 del tomo I, junio de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Debe destacarse que en el caso a estudio, la parte quejosa reclama las violaciones en que incurren las autoridades responsables en la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso y su ejecución, acto que se concretará, en su caso, en el lugar en que se encuentra recluido. En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, toda vez que el aquí quejoso, manifestó estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 (CEFERESO 18), con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, es ahí en donde en su caso, se concretarán el efecto del acto que reclama. Resulta aplicable a lo antes considerado, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 1ª./J. 52/2013 (10ª.), Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, página 383, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESEA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓNTERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En esas condiciones, con apoyo en lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta y por ende se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por considerar que es quien debe conocer del asunto, mismo que de conformidad con lo señalado por el numeral 48 antes citado, deberá informar si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda que se ordena remitir; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, en el lugar en que se encuentra recluido.

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