Hugo Cabrera Díaz
Expediente 882/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hugo Cabrera Díaz
- Juez Ocatvo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Primer Circuito Judicial, Xalapa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de once de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, registrándolo bajo el número 298/2019, de su índice; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Hugo Cabrera Diaz, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de once de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por lo que, como apoyo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Hugo Cabrera Díaz, a través del cual desahoga la prevención que se le practicara mediante proveído de uno de octubre de la presente anualidad; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo, únicamente contra actos del Juzgado Octavo Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimoprimer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, toda vez que el quejoso en su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad desistirse expresamente del acto consistente en la orden de aprehensión y reclamado a las diversas autoridades señaladas como responsables. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso los hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio 687/2014/II, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimoprimer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la sentencia interlocutoria de veinte de agosto de dos mil diecinueve, que resolvió la planilla de liquidación promovida por la parte actora. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Entonces, al examinar el escrito de demanda así como el escrito aclaratorio, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, esto es, la prevista en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de la materia que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c)Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Asimismo, de la lectura integral del ocurso inicial de demanda así como del diverso aclaratorio, se desprende que el solicitante de amparo tiene el carácter de demandado en el juicio ordinario civil número 687/2014/II, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, promovido por María Antonia García Marín, en el cual se celebró convenio entre ambas partes, mismo que fue aprobado el día treinta de enero de dos mil quince, por el juez natural; asimismo, la parte actora, con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, promovió planilla de liquidación, la cual seguida en sus etapas, fue resuelta mediante sentencia interlocutoria el día veinte de agosto del año en curso, condenando al aquí quejoso a pagar una cantidad líquida a la parte actora, por concepto de alimentos del menor de iniciales J.E.C.G.; misma determinación que recurrió el promovente por la vía de apelación y que fue desechada de plano por auto de diez de septiembre del año en curso, - actuación que constituye el acto esencialmente reclamado. En efecto, es improcedente el juicio de amparo promovido por Hugo Cabrera Díaz, pues como se precisó en líneas anteriores el acto reclamado lo hace consistir esencialmente en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente civil 687/2014/II, del índice del Juzgado responsable, en el que desechó el recurso de apelación a que se hace mención en el párrafo precedente. Sin embargo, contra dicho acto reclamado previa a la instauración del juicio de amparo, procedía agotar el recurso de queja previsto en el artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; precepto legal que a la letra dice: "ARTICULO 525: El recurso de queja tiene lugar: III.- Contra la denegación de apelación." Así las cosas, el solicitante de amparo antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar en contra del acto que reclama, el recurso de queja a que se refiere el artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Lo anterior, en virtud que, la determinación de diez de septiembre del año en curso, dictada en el expediente civil número 687/2014/II, del índice del Juzgado responsable, es impugnable mediante un medio ordinario de defensa, el cual se encuentra expresamente contemplado por la legislación aplicable al caso, y por ende su observancia no puede quedar supeditada a la voluntad de las partes; por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia, debió atacar la resolución precitada, vía recurso de queja en términos del artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; medio de defensa que la hoy inconforme, estuvo en aptitud legal de hacer valer en el toca de donde emana la citada determinación reclamada; de tal forma que al no haberlo agotado antes de acudir al juicio de amparo, se dejó de observar el principio de definitividad, pues es palmario que en la especie no se está en presencia de alguno de los casos de excepción de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado, antes de acudir a la acción constitucional ante los tribunales de amparo. Lo anterior es así, puesto que de la interpretación gramatical del citado numeral 525, en su fracción tercera, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se desprende que el recurso de queja procede, entre otras cosas, contra las determinaciones en las que se determine denegar la apelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 447, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 297, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Asimismo, apoya al punto, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No pasa inadvertida la tesis VII.1o.C.4 C (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENERLO POR AGOTADO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 403/2011, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 57/2012 (10a.), de rubro: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).", interpretó el contenido de los artículos 709, fracción III y 711 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, y determinó que acorde a la evolución histórico legislativa de ese recurso, su interposición era idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen y, por ello, no se requería su interposición contra la resolución del Juez que rechaza el recurso de apelación, para tener por satisfecho el principio de definitividad, contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; por tanto, considerando que la redacción de los artículos 525, fracción III y 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que reglamentan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, en lo que importa, es similar a la de los citados preceptos de la legislación procesal civil del Estado de Baja California, que interpretó la Primera Sala, entonces, por idéntica razón, la resolución de la Sala responsable que rechaza el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia definitiva en juicios civiles, no necesita ser reclamada mediante el recurso de queja por denegada apelación contenido en el referido artículo 525, fracción III, para tener por satisfecho el principio de definitividad, previsto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, atento a que en su trámite no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente". Ciertamente, en el citado criterio se consideró innecesario agotar antes del juicio de amparo, la queja por denegada apelación, por tratarse de un recurso ineficaz debido a que en su trámite no preveía la intervención de la contraparte del recurrente. Sin embargo, tal criterio se sustentó respecto al texto del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, anterior a su reforma mediante el Decreto número 840 de veintiocho de diciembre de dos mil quince, y publicada en la Gaceta Oficial del Estado el ocho de enero de dos mil dieciséis y vigente a partir del día siguiente. Sin embargo, el mencionado defecto quedó subsanado mediante la reforma en mención, pues a partir de ella se estableció que en el recurso de queja se dará vista a la contraparte del recurrente para que dentro del plazo de dos días manifieste lo que a su interés condena y señale constancias para la sustanciación del recurso en segunda instancia. Cabe mencionar que esta última disposición resulta aplicable al asunto que nos ocupa, en virtud de que ya se encontraba vigente al momento en el que se emitió el acto reclamado y no existe alguna norma transitoria en la que se hubiera previsto la ultractividad de la norma derogada. Al respecto, es aplicable por identidad de razón el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 95/2013 (10a.) de rubro: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO". Este mismo criterio fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 192/2018, en sesión de trece de noviembre de dos mil dieciocho, el cual es de invocarse como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCENTE promovida por Hugo Cabrera Díaz. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Julio Cesar López Céspedes, secretario que autoriza y da fe.
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