Hugo Arias Castro
Expediente 1716/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1716/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/01/2023
Partes del expediente
- Alfonso Guillermo Bravo Álvarez y Otros.
- Hugo Arias Castro
- Alfonso Guillermo Bravo Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 18 fracción I, incisos a) y b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el numeral 7.1.1 apartados 1 y 2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo solicitado; asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, ya que se negó y concedió la suspensión provisional y en su momento la definitiva. Devolución de anexos Finalmente, devuélvanse al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, los tomos originales II y III, del expediente laboral 78/2017, y la copia certificada del tomo IV; sin que sea necesario que requerir acuse de recibo, en razón de que, para tal efecto, se toma en consideración la notificación que se realice del presente proveído. ***
- Principal
S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 1716/2022-IV-C; promovido por Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Huixquilucan, Estado de México, por conducto de su apoderado legal Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en línea el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Huixquilucan, Estado de México, por conducto de su apoderado legal Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto reclamando del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, consistente en la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós que resolvió el incidente de liquidación de laudo, en el expediente 78/2017, por considerar que atenta contra sus derechos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que por auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, lo radicó bajo el número 1716/2022-IV-C, lo admitió a trámite y requirió el informe de ley a la autoridad responsable. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos después de concluido el juicio, por un tribunal en materia de Trabajo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: **** En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: *** En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que lo que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México es: La interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de liquidación planteado en el expediente laboral 78/2017. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: *****. Certeza que, además, se corrobora con el expediente 78/2017 que la responsable remitió en apoyo a su informe, de cuyo contenido se advierte la existencia de la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós que resolvió el incidente de liquidación de laudo; documentales con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo VI, página 153 y registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este Juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: ****** En el caso particular, no se desprende que las partes hayan invocado alguna causa de improcedencia, ni quien ahora resuelve, advierte la actualización de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con la finalidad de obtener una mayor comprensión del presente asunto, se considera necesario plasmar una reseña de los antecedentes que dieron origen a la promoción del juicio que ahora se resuelve, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, que se relatan de la forma siguiente: 1. En el juicio seguido por Sau´l de la Paz Lo´pez en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de Me´xico (aquí quejoso), el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, condeno´ a la parte demandada al pago diversas prestaciones, entre ellas, salarios cai´dos vencidos por un periodo ma´ximo de doce meses, al pago de los intereses generados sobre el importe del adeudo de los salarios caídos a razón del nueve por ciento (9%) anual capitalizable al momento del pago a partir del día siguiente de cumplidos los doce meses hasta la fecha en que se reinstale al trabajador, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo por todo el tiempo que duró la relación laboral, absolviendo a la demandada de otras prestaciones reclamadas. 2. Inconforme con tal determinacio´n, la parte demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de Me´xico promovio´ amparo directo, el cual, por razo´n de turno correspondio´ al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que lo registro´ con el nu´mero DT 1436/2019, y por ejecutoria de ocho de octubre de dos mil veinte, lo resolvio´ negando el amparo solicitado. 3. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte, Sau´l de la Paz Lo´pez, planteo´ incidente de liquidacio´n de laudo. 4. El doce de julio de dos mil veintiuno, se llevo´ a cabo la audiencia para resolver el incidente de liquidacio´n. 5. Mediante resolucio´n interlocutoria de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se determino´: "(.). PRIMERO. La vi´a incidental seguida para determinar el monto relativo del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los an~os 1997 al 2015; indemnizacio´n constitucional, prima de antigu¨edad, 20 di´as por an~o y 9% anual capitalizable es la adecuada, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 761 y 843 de la Ley federal de Trabajo de aplicacio´n supletoria al presente conflicto. SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los an~os 1997 al 2015; indemnizacio´n constitucional, prima de antigu¨edad, 20 di´as por an~o y 9% anual capitalizable en te´rminos de los expuesto en el considerando IV de la presente resolucio´n." 6. Inconforme con dicha determinacio´n, el actor Sau´l de la Paz Lo´pez promovio´ demanda de amparo indirecto, del que correspondio´ su conocimiento a este Juzgado, el cual se registro´ con el nu´mero 1278/2021, y por sentencia de siete de enero del an~o en curso, se otorgo´ la proteccio´n de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "Por tanto, procede otorgar la proteccio´n constitucional solicitada por Sau´l de la Paz Lo´pez, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliacio´n y Arbitraje del Estado de Me´xico, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolucio´n interlocutoria emitida el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 78/2017. 2. Emita una nueva determinacio´n, en la que valore las pruebas documentales exhibidas por el trabajador y con libertad de jurisdiccio´n resuelva lo conducente. Con la precisio´n que la proteccio´n constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolucio´n que emita sea en determinado sentido.". De igual manera, la parte demandada promovió juicio de amparo indirecto, el cual se radicó bajo el número 1315/2021, donde por sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó el sumario, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dado que en esa misma data causó ejecutoria la determinación emitida en el diverso amparo 1278/2021, respecto de la cual se requirió su cumplimiento a la responsable, razón por la cual subsistía el acto pero no podía surtir efectos legales. 7. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable dicto´ la interlocutoria de tres de febrero del an~o en curso, en los términos siguientes: "(.). PRIMERO. La vi´a incidental seguida para determinar el monto relativo del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los an~os 1997 al 2015; indemnizacio´n constitucional, prima de antigu¨edad, 20 di´as por an~o y 9% anual capitalizable es la adecuada, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 761 y 843 de la Ley federal de Trabajo de aplicacio´n supletoria al presente conflicto. SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los an~os 1997 al 2015; indemnizacio´n constitucional, prima de antigu¨edad, 20 di´as por an~o y 9% anual capitalizable en te´rminos de los expuesto en el considerando III de la presente resolucio´n." 8. Inconforme con dicha determinacio´n, el actor Sau´l de la Paz Lo´pez promovió´ demanda de amparo indirecto, de la que correspondió´ su conocimiento a este Juzgado, el cual se registró´ con el número 239/2022, y por sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se otorgó´ la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria emitida el tres de febrero de dos mil veintidós, en el expediente laboral 78/2017. 2. Emita una nueva determinación, en la atendiendo el contenido de la presente resolución, con libertad de jurisdicción resuelva el incidente de liquidación de laudo. Con la precisión que la protección constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolución que emita sea en determinado sentido". 9. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable dicto´ la interlocutoria de dieciséis de mayo del año en curso, en los términos siguientes: "PRIMERO. La vi´a incidental seguida para determinar el monto relativo del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los an~os 1997 al 2015; indemnizacio´n constitucional, prima de antigu¨edad, 20 di´as por an~o y 9% anual capitalizable es la adecuada, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 761 y 843 de la Ley federal de Trabajo de aplicacio´n supletoria al presente conflicto. SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los an~os 1997 al 2015; indemnizacio´n constitucional, prima de antigu¨edad, 20 di´as por an~o y 9% anual capitalizable en te´rminos de los expuesto en el considerando III de la presente resolucio´n." 10. Inconforme con dicha determinacio´n, el actor Sau´l de la Paz Lo´pez promovio´ demanda de amparo indirecto, de la que correspondio´ su conocimiento a este Juzgado, el cual se registro´ con el número 970/2022, y por sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se otorgó la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el incidente de liquidación emitido en el expediente laboral 78/2017. 2. Emita una nueva en la que con base en lo establecido en esta ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción resuelva la litis incidental. 3. Una vez que esté en condiciones de emitir la interlocutoria de liquidación, en caso de que carezca de elementos para cuantificar alguno de los montos de las prestaciones reclamadas, tome como base el tabulador de puestos respecto de la categoría que ostentaba el quejoso y no los salarios mínimos. De igual manera, la parte demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de Me´xico promovió juicio de amparo indirecto, el cual se radicó bajo el número 1015/2022, y por sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se otorgó´ la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el incidente de liquidación emitido en el expediente laboral 78/201 2. Una vez que se encuentre en aptitud de resolver lo que corresponda, en congruencia con lo determinado en el diverso juicio de amparo 970/2022 de esta estadística, emita una nueva determinación en la que, considere para el cálculo de las prestaciones de prima de antigüedad y veinte días por año, y en caso de ser procedente, tome en cuenta la aplicabilidad de los artículos 80, párrafo segundo, y 95, párrafo quinto, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios En la inteligencia de que el amparo aquí otorgado sólo versa sobre dichas prestaciones, no siendo materia del mismo las demás prestaciones que hayan quedado firmes por falta de impugnación y por los diversos medios de defensa interpuestos en su contra que constituyan cosa juzgada" 11. En cumplimiento a las ejecutorias de amparo, la autoridad responsable dicto´ la interlocutoria de treinta de septiembre del an~o en curso, en los términos siguientes: "(.). PRIMERO. La vía incidental seguida para determinar el monto relativo del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los años 1997 al 2015; indemnización constitucional, prima de antigüedad, 20 días por año y 9% anual capitalizable es la adecuada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 761 y 843 de la Ley federal de Trabajo de aplicación supletoria al presente conflicto. SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los años 1997 al 2015; indemnización constitucional, prima de antigüedad, 20 días por año y 9% anual capitalizable en términos de los expuesto en el considerando III de la presente resolucio´n." La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de las inconformidades hechas valer en contra del acto reclamado, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante ello, la parte quejosa aduce: a) Que la autoridad responsable viola sus derechos fundamentales porque se apartó de la debida fundamentación y motivación pues no expresó justificación alguna para utilizar el salario del dos mil diez para condenarla a pagar las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo del año mil novecientos noventa y siete al dos mil diez, pues refiere es evidente que el salario de dos mil diez, no puede ser el salario que el actor ganaba en el año mil novecientos noventa y siete, es decir, catorce años antes no pudo haber ganado el salario que obtenía en el año dos mil diez. b) Que de manera incongruente y confusa la responsable la condena al pago de aguinaldo, señalando que lo hace a razón de cuarenta días multiplicado por el salario mínimo general vigente determinado, pero sin señalar qué cantidad comprende el supuesto salario, ni señala el motivo por el que está utilizando este supuesto salario, más aún, si se toma en cuenta que se exhibieron recibos de pago y que de ellos hace referencia en su propia sentencia, lo que demuestra falta de análisis y estudio de las constancias exhibidas, violando los principios de legalidad y seguridad jurídica. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Ante todo es pertinente señalar que el análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa tendentes a controvertir el acto reclamado se realizará conforme al principio de estricto derecho, en virtud que se trata de la parte patronal. A efecto de justificar la calificativa, esto es lo fundado o infundado de los conceptos de violación, es preciso señalar que el artículo 16 constitucional, párrafo primero, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Esta porción normativa comprende la garantía de legalidad, la cual establece como uno de los elementos esenciales, que todo acto de molestia dirigido a los gobernados esté debidamente fundado y motivado. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado adecuada y suficientemente. Lo primero se cumple al expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y lo segundo al señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en los cuales se apoya el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, de registro electrónico 238212, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este contexto, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma donde se apoye la resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado. Ahora, la diversa hipótesis se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso concreto objeto de decisión, o bien, al no existir adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/52, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página 2127, registro electrónico 173565, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Al respecto, cabe destacar que jurisprudencialmente la fundamentación y motivación del acto de autoridad constituye el sustento de dos principios: congruencia y exhaustividad, que deben contener las resoluciones dictadas por una autoridad jurisdiccional, los cuales no deben interpretarse limitativamente; es decir, que sólo en este tipo de fallos o resoluciones deba colmarse aquel derecho fundamental, sino en sentido amplio, esto es, que todas las resoluciones emitidas por autoridades que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben estar fundadas y motivadas con el fin de otorgar seguridad jurídica al gobernado con motivo del acto de autoridad. El primer principio está referido a que toda sentencia o resolución debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis; la congruencia es aquella característica consistente en que las sentencias o resoluciones no contengan afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), así como que comprendan todos los aspectos materia de la litis (congruencia externa). Ilustra lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIX, Cuarta Parte, página 123, registro electrónico 271003, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." Por otra parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador para decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos expuestos tanto en la demanda como en aquellos en que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia de debate. Aplica a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Abril de 1994, página 346, registro digital 212832, de rubro y texto siguientes: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario." Dicho principio, se ve reflejado en el artículo 246 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que establece: "ARTÍCULO 246. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." De conformidad con el artículo citado, los Tribunales laborales deben observar el principio de congruencia, por virtud del cual todas las resoluciones en materia de trabajo, (sentencias interlocutorias) deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y contestación de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido, esto es, debe ser acorde con las acciones o pretensiones intentadas en la demanda y las excepciones o defensas opuestas al contestarla; además, no debe contener consideraciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. De manera previa, resulta necesario precisar que, la finalidad del incidente de liquidación de laudo, es la de establecer en cantidad líquida (mediante simples operaciones numéricas o contables), las prestaciones a que se condenó al demandado en el laudo; debe aclararse que, dicha instancia no constituye una nueva oportunidad para ampliar la controversia o para introducir elementos ajenos a los que ya fueron materia del laudo, pues se reitera, su propósito, es cuantificar de manera fundada y motivada la condena decretada conforme a las prestaciones que fueron materia de ella. Por tanto, la actividad de la autoridad laboral debe concretarse a verificar si la liquidación propuesta por el interesado es correcta o no, tomando como base las pruebas que presenten en la audiencia respectiva, teniendo siempre como base y límite el laudo mismo. De esa forma, la autoridad al dictar la resolución incidental correspondiente, tiene la obligación de verificar que los conceptos contenidos en las planillas de liquidación que presenten tanto el actor incidentista como la demandada, se relacionan con las bases establecidas en el laudo o convenio condenatorio, y debe expresar las razones y fundamentos por los cuales consideró que las planillas de liquidación propuestas por las partes se ajustan a lo resuelto en el juicio de origen. Sin embargo, se reitera, el incidente no es una nueva instancia para acreditar derechos sustantivos, sino para liquidar los reconocidos en el laudo. Resulta de ilustrativa aplicación, la jurisprudencia 27, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, consultable en la hoja 49, Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es como sigue: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU CONTENIDO. El incidente de liquidación del juicio laboral no es una nueva oportunidad de ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena formulada en el laudo que se trata de liquidar, por lo que la actividad de la Junta respectiva debe concretarse a verificar si la liquidación propuesta por el interesado es correcta o no, en la inteligencia de que la circunstancia de que el demandado no objete la multicitada liquidación no implica que la acepte, porque ninguna disposición legal lo ordena así." Precisado lo anterior, cabe recordar que en el juicio laboral de origen se condenó´ a la demandada, por lo que se dejó para ejecución del laudo la cuantificación respectiva en la vía incidental al no haberse contado con la información precisa del salario del trabajador; en ese sentido el actor promovió incidente de liquidación de laudo, a través de escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte, en el que ofreció como pruebas la instrumental pública de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humano; así´ como los treinta y seis recibos de nómina en copia simple. Seguida la secuela procedimental, el doce de julio de dos mil veintiuno, se celebró´ la audiencia del incidente de liquidación de laudo, en la que se tuvo compareciendo a las partes y en uso de la palabra a cada una de ellas emitieron consideraciones que estimaron pertinentes, destacando por su importancia, la objeción formulada por la demandada, en los términos siguientes: "...EN USO DE LA PALABRA EL APODERADO LEGAL DE LA PARTE ACTORA DIJO QUE: En este acto me permito cuantificar el incidente presentado el di´a dos de diciembre de dos mil veinte, asimismo me permito ofrecer como pruebas de la parte que represento las contenidas en dicho escrito agregando como prueba 36 recibos de pago del hoy actor expedidos por el demandado desde su fecha de ingreso hasta el an~o dos mil diecise´is mismo que solicito se tengan a la vista al momento de resolver el presente incidente. Y a forma de alegatos solicito que esta autoridad al momento de resolver el presente incidente cumpla con los principios procesales de celeridad y concentracio´n y condene al demandado en los te´rminos expuestos en la plantilla de liquidacio´n. EN USO DE LA PALABRA LA APODERADA LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA DIJO QUE: Que en este acto solicito se regularice el procedimiento ordena´ndose se me corra traslado del incidente presentado por la actora toda vez de como se desprende del acuerdo de fecha de quince de febrero de dos mil veintiuno visible a la foja 353 de los autos, este tribunal omitio´ ordenar se me corriera traslado debido con el incidente presentado por la actora, lo cual dejo´ en pleno estado de indefensio´n a mis representada no estar en posibilidad de dar respuesta al incidente planteado, asimismo y para el caso de que la autoridad sea omisa en la regularizacio´n solicitada, me permito objetar las probanzas exhibidas por mi contraria por tratarse de copias simples, en cuanto a su contenido y expedicio´n toda vez que no se reconocen como los recibos que exhibe mi representada a sus trabajadores para hacer pago de su sueldo y dema´s prestaciones (...). TRIBUNAL ACUERDA.- Por celebrada la presente audiencia en los te´rminos vertidos en el cuerpo de la presente acta. Por cerrado el periodo de ofrecimiento de pruebas en el presente incidente, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los arti´culos 19 y 204 de la Ley del Trabajo de los Servidores Pu´blicos del Estado de Me´xico como debera´ realizarse el ca´lculo de las indemnizaciones que la misma ley establece...". Este juzgador recuerda que en el asunto de origen se han promovido diversos juicios de amparo, destacando por su importancia el número 239/2022 de esta estadística en la cual se precisó lo siguiente: ".se advierte la autoridad responsable, erro´neamente, se pronuncia sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas por el actor, aqui´ quejoso, hasta la interlocutoria, a pesar, que procesalmente no es la etapa de ana´lisis de procedencia de medios probatorios, sino que era en la audiencia del incidente de liquidación; por lo que únicamente, en la resolución interlocutoria, procede el estudio de la valoración en cuanto al alcance y valor probatorio, concerniente a la objeción planteada. Efectivamente, se advierte que el tribunal responsable fundamento´ su actuación en el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la legislación Burocrática del Estado de México, el cual estipula expresamente que aquel documento privado consistente en copia simple o fotostática, en caso de ser objetado, podrá´ solicitarse la compulsa o cotejo con el original, para lo que la parte oferente deberá´ justificar los motivos o el impedimento para no presentarlo en juicio y precisar el lugar donde el documento original se encuentre; también lo es que no observo´ el contenido del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que exime de la carga de la prueba al trabajador, cuando en el caso a través de otros medios este´ en posibilidad de llegar al conocimiento del asunto, por lo que podrá´ requerir al patrón para que exhiba los documentos, que de acuerdo con las leyes esta´ obligado a conservar, entre ellos el monto y el pago del salario. En ese sentido, si la prueba documental exhibida fue objetada por cuanto a su alcance y valor probatorio, por la parte demandada, según se advierte de la audiencia incidental de doce de julio del año en curso, porque los recibos exhibidos por la parte quejosa no los reconocía como los que expedía a sus trabajadores, lo cierto es que correspondía al demandado demostrar que efectivamente esos documentos no coincidían con los que el exhibía; de ahí´ que evidentemente, la autoridad responsable inobservo´ que la carga procesal para tener acreditado el monto del salario de la parte trabajadora le correspondía a la demandada, en término de lo expuesto por el citado articuló 784 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del contenido de la resolución reclamada dictada en cumplimiento a las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo 970/2022 y 1015/2022, se advierte que la autoridad responsable desestimó la eficacia demostrativa de los treinta y seis recibos ofrecidos por la parte actora, esencialmente, porque eran copias simples, aunado a la objeción que formuló la parte demandada en el sentido de que no correspondían a los que ella expedía. Sin embargo, se observa que la autoridad responsable, en la interlocutoria de treinta de septiembre del an~o en curso, procedió a cuantificar las prestaciones a las que se condenó a la demandada (aquí quejosa) en el laudo emitido en el juicio laboral en los siguientes términos: "TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.- - -(.) En cumplimiento al oficio 30082/2022 ya los Juicios de Amparo Indirectos 1015/2022 y 970/2022 referente a las Sentencias dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y como se desprende de las constancias procesales que integran el presente sumario, atento a la ordenado, se deja insubsistente la resolución interlocutoria emitida el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, y en su lugar se procede a dictar otra bajo los lineamientos especificados en la sentencia que se cumplimenta, debiendo de quedar en los siguientes términos:- - - RESULTANDO: - - - (.) III. Destaca los hechos acontecidos dentro de desahogo de la diligencia señalada para el veintiséis de noviembre de dos mi veinte y de manera concordante la solicitud realizada por la parte actora a través del escrito presentado ante Oficialía de Partes el dos de diciembre de dos mil veinte con registro 10624, actuaciones vislumbran el deseo del actor de dar por terminada la relación laboral que lo unía con la demandada, solicitando la cuantificación respectiva de todas y cada una de las cantidades indemnizatorias que por derecho le corresponde, en ese sentido al doce de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo una audiencia incidental de liquidación a la cual comparecieron ambas partes, por cuanto hace a la parte actora se le tuvo por anunciadas y ofrecidas las pruebas contenidas en su escrito fechado el dos de diciembre de dos mil veinte, así como la adicionada y exhibida en su respectivo uso de la palabra consistente en la instrumental pública de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como treinta y seis recibos descritos por la parte actora, por su parte el compareciente por la demandada al realizar sus manifestaciones correspondientes solicitó la regularización del presente procedimiento bajo los argumentos ahí vertidos, realizó objeciones a las pruebas aportadas por su contraria y ofreció como pruebas de su parte la instrumental pública de actuaciones, la presunciones legal y humana; reservándose este Tribuna el derecho a emitir la resolución interlocutoria correspondiente, ello con objeto de mejor proveer y; - - - IV. Con el escrito de cuenta, se tiene por presentado al LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO en su carácter de apoderado legal de la parte demandada, por hechas las manifestaciones que hace valer para los electos legales a que haya lugar. En atención al mismo se encuentra dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimientos hecho por esta autoridad el pasado día vendidos de septiembre de dos mil veintidós se encuentra manifestando que en este acto exhibe recibos originales de nómina que corresponden a la categoría del mismo actor del presente asunto pero diferente empleado, anualizadas por los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a nombre del trabajador JAVIER VELÁZQUEZ POULETTE se les otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios del Estado en ejercicio de funciones y dentro de los límites de su competencia y por al año 2015 exhibe un recibo al cual se les otorga valor probatorio por tratarse de impresiones de documentos oficiales con firma electrónica avanzada y sello digital expedidas por funcionarios púbicos en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia, en términos del siguiente criterio legal por analogía RECIBOS DE NOMINA CON SELLO DIGITAL. AUN CUANDO CAREZCAN DE LA FIRMA DEL TRABAJADOR, TIENEN VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Las impresiones de los recibos de nómina aportados en el juicio laboral, no pueden valorarse como documentales públicas a privadas si carecen de firma autógrafa para su reconocimiento; sin embargo, deber analizarse en términos de artículo 776 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo como aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, tales como documentos digitales o medios electrónicos, donde habrá de atenderse a la fiabilidad del método en que fueron generados, como es la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, el sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de dicho documento digital, así como que se encuentre disponible para su ulterior consulta. Por ello, las impresiones de los recibos de nómina, aun cuando carezcan de la firma del trabajador, siempre que cuenten con el sello digital generado, correspondiente a la cadena de caracteres que permite autentificar la operación realizada, tienen valor probatorio en el juicio labora conforme al artículo 99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que quienes hagan pagos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán expedir y entregar comprobantes fiscales en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los que podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de los numerales 132, fraccionas VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV de la Ley Federal de Trabajo; por lo tanto se ordena se agreguen a los autos el escrito y sus anexos para que surta los actos legales correspondientes. - - -CONSIDERANDO: - - - I- Que este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer y resolver sobre el presente incidente de liquidación de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1° 184 y 185 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicas del Estado y Municipios. - - - La vía seguida para determinar el monto de las prestaciones consistentes en salarios vencidos por un periodo máximo de 12 meses, intereses de 9% anual capitalizable, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo así como o cálculo de la prestaciones consistentes en la indemnización Constitucional, 20 días por año de servicios prestados, prima de antigüedad, es la adecuada, da conformidad con lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al presente conflicto, ya que en el laudo emitido en el presente juicio determino que dichas prestaciones se regularían incidentalmente; por ello se substancio el incidente respectivo, sirviendo de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia y la tesis jurisprudencial que son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, SUS ALCANCES LOS DETERMINA EL LAUDO". - - - "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SOLO PROCEDE SI SE ORDENA SU APERTURA EN EL LAUDO" (se transcriben). - - - II. La materia a dilucidar dentro del incidente en estudio se centra en determinar si lo manifestado por las partes mediante audiencia del doce de julio de dos mil veintiuno se apega o no lo juzgado y sentenciado en el laudo del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que el mismo ordena la apertura del incidente de liquidación respectivo para las prestaciones consistente en salarios vencidos por un periodo máximo de 12 meses, intereses del 9% anual capitalizable, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo así como posteriormente at cálculo de la prestación consistentes en la indemnización Constitucional, 20 días por año de servicios prestados, prima de antigüedad, en tal virtud este Tribunal independientemente de la aseverado por las partes respecto de las prestaciones materia de la presenta resolución, tiene la facultad legal en ejercicio pleno de sus atribuciones jurisdiccionales de determinar efectivamente las manifestaciones que hicieran respecto de las condenas a dilucidar mediante el presente incidente así como las prestaciones de carácter indemnizatorio se ajustan a lo condenado en el laudo y además, si estas se encuentran plena y legalmente comprobadas para que proceda su aprobación o en su caso, ajustarlas a lo que corresponda en los términos de ley conforme lo sentenciado, con el objetivo primordial de establecer con toda precisión el importe de las prestaciones objeto de condena que no se cuantificaron en el multicitado laudo, y las adicionadas con motivo de la ruptura del vínculo laboral lo que resulta indispensable para exigir su cumplimiento y por ende, en su oportunidad despachar su ejecución. En ese escenario, entrando al estudio del incidente en cuestión se puntualiza: de las pruebas ofrecidas por la actora en el principal, las marcadas con los numerales 1 y 2 consistentes en la instrumental pública de actuaciones, la presuncional legal y humana, se admiten mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, asimismo en su respectivo uso de la palabra en audiencia del doce de julio de dos mil veintiuno adiciona como prueba marcada con el numeral tres según su dicho "36 recibos de pago del hoy actor expedidos por la demandada", pretendiendo se tengan a la vista al momento de emitir la resolución incidental correspondiente, documentales que se engrosan a los autos a fojas de la 361 a 381; de dicha probanza cabe aclarar en un principio que de las documentales propuestas por la actora en el principal, si bien es cierto refieren la exhibición de 36 recibos de pago del hoy actor expedidos por la demanda (sic), lo cierto es que de ninguna manera pueden ser consideradas como documentos originales, asimismo escapan a la determinación de copias fotostáticas simples, dado que las mismas resultan ser impresiones digitales, de los que se pueden considerar como reproducciones a través de las nuevos elementos tecnológicos, lo que implican que por sí solos no adquieran valor probatorio alguno; no obste lo anterior el punto de disenso radica primordialmente que el oferente, pretende con las documentales exhibidas adicionar nuevos hechos que no fueron parte del procedimiento en el juicio al rubro indicado en su etapa respectiva, por lo cual lo procedente es desecharas de plano, toda vez que tales pruebas debieron ser ofrecidas durante el procedimiento y no en la vía y momento que pretende la parte actora ya que en caso contrario de haber proporcionado los medios probatorios en su etapa correspondiente este Tribunal habría tenido los elementos suficientes para resolver sobre las prestaciones materia de la presente resolución y resuelto en sentido contrario, lo anterior debe ser así dado que si en el supuesto sin conceder de admitir los documentos exhibidos se estaría brindando una nueva oportunidad al oferente de ampliar una controversia o introducir nuevos elementos ajenos a los que ya fueron decididos, pues la finalidad el presente incidente es únicamente cuantificar la condena formulada en el laudo anteriormente indicado; el proceder de esta Autoridad adquiere sustento a través de los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por los más altos tribunales sobre la materia y que de manera obligatoria resultan aplicables al caso concreto. - - - INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN.- - - INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. SI SE OMITE SEÑALAR EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR O NO SE EXHIBE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL JUICIO LABORAL, LA NEGATIVA A ORDENR ABRIR AQUEL, NO CONCULCA GARANTÍAS INDIVIDUALES (se transcriben). - - - En efecto como se ha explicado en líneas precedentes, la finalidad de los incidentes de liquidación estriba únicamente en lo que su propia naturaleza señala, esto es tornar liquidas y precisas, prestaciones o conceptos que hayan sido obtenidos por alguna de las partes, las cuales nunca y bajo ningún motivo, pueden rebasar, anular o modificar lo resuelto en el laudo ya que lo decidido ya no es susceptible de discutirse y obliga a que necesariamente debe ejecutarse, por lo tanto este Tribunal ya no puede introducir de manera oficinas ni a petición de parte dichos medios probatorios pues actuar de lo contrario, como se ha evidenciado traería como consecuencia una ventaja a la oferente trastocando al principio del debido proceso, sirviendo como fundamento el siguiente criterio legal: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (se transcribe). - - - Así las cosas y dado que la demandada en el principal únicamente se avocó a proposición de sus medios probatorios consistentes en instrumental publica de actuaciones, presuncional legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, al no aportar las partes algún otro elemento que permita a este Tribunal resolver al respecto con el objeto de evitar mayor dilación y continuar con el procedimiento que nos ocupa con fundamento en el artículo 191 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que prevé:. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.lo anterior se apega a lo establecido en el criterio legal: - - - TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. OMISIÓN DE PRECIAR EN LA DEMANDA EL SALARIO (se transcribe). - - - Bajo los lineamientos establecidos con antelación se procede a cuantificar las prestaciones materia del presente incidente por cuanto hace únicamente a relativo al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por los años 1997 al 2015, y toda vez que es obligación de este Tribunal allegarse de los elementos necesarios a fin de poder cuantificar dichas prestaciones, por lo que efecto de cuantificar los mismos se hará conforme a los recibos exhibidos por la parte demandada por los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y al no contar con elementos respecto a los años 1997 al 2009 el mismo se deberá de cuantificar con el salario acreditado respecto a la categoría con la que se ostentaba el actor, tomando en cuenta el último salario respecto al año 2010 para cuantificar los demás; ello con el fin de no dejar en estado de indefensión a la parte actora y por cuanto hace a las demás prestaciones se tomará en cuenta el salario que quedó acreditado en autos de $956.13; en tal virtud se establece que para el año 1997 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 1998 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 1999 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2000 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2001 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2002 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2003 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2004 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2005 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2006 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2007 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2008 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2009 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2010 le corresponde un salario diario de $285.86; para el año 2011 le corresponde un salario diario de $303.00; para el año 2012 le corresponde un salario diario de $303.00; para el año 2013 le corresponde un salario diario de $345.00; para el año 2014 le corresponde un salario diario de $365.73; para el año 2015 le corresponde un salario diario de $301.80, en consecuencia: Por concepto de VACACIONES de 1997 al 2015 corresponde la cantidad Total de $112,411.40 (CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 40/100 M.N.) a razón de veinte días anuales por así estar ordenado en el laudo, que multiplicado por el salario vigente determinado para el año 1997 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 1998 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 1999 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2000 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2001 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2002 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2003 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2004 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2005 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2006 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2007 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2008 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2009 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2010 le corresponde la cantidad de $5,717.20; para el año 2011 le corresponde la cantidad de $6,060.00; para el año 2012 le corresponde la cantidad de $6,060.00; para el año 2013 le corresponde la cantidad de $6,900.00; para el año 2014 le corresponde la cantidad de $7,314.60; para el año 2015 le corresponde la cantidad de $6,036.00; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Por concepto de PRIMA VACACIONAL de 1997 al 2015 corresponde la cantidad total de $28,102.85 (VEINTIOCHO MIL CIENTO DOS PESOS 85/100 M.N.); a razón del 25% sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los periodos vacacionales; correspondiéndole para el año 1997 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 1998 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 1999 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2000 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2001 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2002 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2003 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2004 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2005 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2006 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2007 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2008 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2009 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2010 le corresponde la cantidad de $1429.30; para el año 2011 le corresponde la cantidad de $1,515.00; para el año 2012 le corresponde la cantidad de $1,515.00; para el año 2013 le corresponde la cantidad de $1,725.00; para el año 2014 le corresponde la cantidad de $1,828.65; para el año 2015 le corresponde la cantidad de $1,509.00, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Por concepto de AGUINALDO del año 1997 a 2015 corresponde a cantidad total de $224,822.80 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N), a razón de 40 días anuales, que multiplicado por al salario mínimo general vigente determinado; para el año 1997 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 1998 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 1999 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2000 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2001 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2002 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2003 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2004 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2005 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2006 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2007 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2008 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2009 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2010 le corresponde la cantidad de $11,434.40; para el año 2011 le corresponde la cantidad de $12,120.00; para el año 2012 le corresponde la cantidad de $12,120.00; para el año 2013 le corresponde la cantidad de $13,800.00; para el año 2014 le corresponde la cantidad de $14,629.30; para el año 2015 le corresponde la cantidad de $12,072.00, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; razones y operaciones aritméticas realizadas con anterioridad, salvo error de carácter aritmético o mecanográfico: Ahora bien de un análisis de las constancias que obran en el expediente y en especial la promoción ingresada ante oficialía de partes de este H. Tribunal en fecha 02 de Diciembre de 2020 con número de folio 10624/2020 agregada a fojas 349 a 352 de los autos, apoderado legal del actor manifiesta su voluntad de proceder con el cálculo de las prestaciones consistentes en la indemnización Constitucional, 20 días por año de servicios prestados y prima de antigüedad por lo que se desprende que el salario diario acreditado en al laudo lo es de $956.13; en consecuencia por concepto de Indemnización Constitucional le corresponde la cantidad de $86,051.70 a razón de tres meses de salario que multiplicados por el salario diario acreditado en el laudo resulta la cantidad antes mencionada; 20 días por año la corresponde la cantidad de $128,360.78 contados a partir de la fecha de ingreso a la fecha en que se da por concluida la relación laboral; Prima de Antigüedad le corresponde la cantidad de $77,016.47 contados a partir de la fecha de ingreso a la fecha en que se da por concluida la relación laboral, por cuanto hace al 9% anual capitalizable de los salarios vencidos correspondiente de la fecha posterior al laudo 25 de Septiembre de 2019 a la fecha de la presente resolución 30 de septiembre de 2022 resultando la cantidad de $178,800.73; dejando a salvo su derechos para actualizar el mismo, las anteriores cuantificaciones se realizan salvo error u omisión de carácter aritmético." Como se puede ver, del contenido de la resolución reclamada destacan dos consideraciones esenciales, a saber: a) La responsable, en el acto reclamado, al cuantificar las prestaciones materia del incidente relativa al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por los años mil novecientos noventa y siete al dos mil quince refirió hacerlo conforme a los recibos exhibidos por la parte demandada por los años dos mil diez al dos mil quince y, al no contar con elementos respecto a los años mil novecientos noventa y siete al dos mil nueve, con el salario acreditado respecto a la categoría con la que se ostentaba el actor, tomó en cuenta el último salario correspondiente al año dos mil diez para cuantificar los años de mil novecientos noventa y siete al dos mil nueve. b) En la resolución reclamada se indicó que, para determinar la prestación correspondiente a AGUINALDO del año mil novecientos noventa y siete al dos mil quince a razón de 40 días anuales se tomó el salario mínimo general de cada año. Las anteriores consideraciones no son violatorias de derechos fundamentales. Es así, pues si bien es cierto la autoridad responsable en la sentencia interlocutoria, al cuantificar la condena de las prestaciones materia del incidente del periodo de mil novecientos noventa y siete al dos mil nueve señaló: "tomando en cuenta el último salario respecto al año 2010 para cuantificar los demás; ello con el fin de no dejar en estado de indefensión a la parte actora"; sin embargo esa justificación es acertada porque de las constancias que integran el juicio laboral de origen se advierte que la responsable tuvo por presentado a Alfonso Guillermo Bravo Alvarez Malo en su carácter de apoderado legal de la parte demandada, aquí quejosa Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Huixquilucan, Estado de México, exhibiendo recibos originales de nómina, correspondientes a la misma categoría del actor de aquel juicio, pero diferente empleado, de los años dos mil diez a dos mil quince a nombre del diverso trabajador JAVIER VELÁZQUEZ POULETTE, a los cuales otorgó pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos, expedidos por funcionarios del Estado en ejercicio de funciones y dentro de los límites de su competencia y por tratarse de impresiones de documentos oficiales con firma electrónica avanzada y sello digital. Determinación con la cual coincide ese juzgador, pues aunque el único argumento que sostuvo la responsable fue en el sentido de que a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte actora lo cierto es que resulta ajustado que tomó en cuenta el recibo de nómina más cercano a la fecha que se pretende liquidar. El principio de disponibilidad y facilidad probatoria establece que si bien las reglas generales de la carga de la prueba establecen que una de las partes sea la obligada a probar determinados hechos, resulta que la otra parte tiene una mayor facilidad de acceso a dicha prueba por lo que en estos casos se traslada la carga de probar ese hecho a quien tiene la facilidad de acreditarlo. De ahí que es el demandado, aquí quejoso, quien tuvo a su alcance la posibilidad de acreditar el salario que percibía la parte actora durante el periodo de mil novecientos noventa y siete al dos mil nueve, además de que, conforme al diverso principio lógico y ontológico de la prueba, también se presume que la demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Huixquilucan, Estado de México tiene a su alcance la posibilidad de demostrar el monto del ese periodo al tener pleno acceso y disponibilidad de los registros contables y documentales sobre los montos que ganaba la parte actora de mil novecientos noventa y siete al dos mil nueve, por lo que resulta por demás lógico que si la parte demandada, que es quien tiene acceso a los estados financieros y contables los hubiera presentado y, al no haberlo hecho, resulta acertado que la autoridad responsable tomara el recibo del año dos mil diez y su monto, por ser aquel el más apegado y cercano al periodo que se pretende liquidar; de ahí lo inoperante del argumento. Por otro lado, también resulta fundado pero inoperante el concepto de violación en donde refiere la quejosa que de manera incongruente y confusa la responsable la condena al pago de aguinaldo, señalando que lo hace a razón de cuarenta días multiplicado por el salario mínimo general vigente determinado, pero sin señalar qué cantidad comprende, ni señala el motivo por el que está utilizando este supuesto salario, más aún, si se toma en cuenta que se exhibieron recibos de pago y que de ellos hace referencia en su propia sentencia. Es fundado, pues efectivamente en la resolución reclamada se indicó que, para determinar la prestación correspondiente a AGUINALDO del año mil novecientos noventa y siete al dos mil quince corresponde a cantidad total de $224,822.80 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N), a razón de 40 días anuales, multiplicado por el salario mínimo general vigente determinado. No obstante, del análisis de la sentencia interlocutoria reclamada se advierte que existen elementos suficientes para considerar que se trata de error mecanográfico. En efecto, la autoridad responsable, dijo que la cuantificación de la prestación antes destacada, sería en base a multiplicar 40 días anules por el salario mínimo, pero dichos cálculos, por lo que hace al aguinaldo, en realidad se realizaron con base en los montos extraídos de los recibos exhibidos por la parte demanda del año dos mil diez al dos mil quince, no así de algún salario mínimo, tal y como se puede advertir de las siguientes operaciones aritméticas: -40 días anuales por un salario diario de $285.86 (salario 2010): Año 1997 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 1998 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 1999 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2000 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2001 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2002 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2003 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2004 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2005 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2006 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2007 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2008 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2009 le corresponde la cantidad de $11,434.40; Año 2010 le corresponde la cantidad de $11,434.40; -40 días anuales por un salario diario de $303.00 (salario 2011 y 2012). Año 2011 le corresponde la cantidad de $12,120.00; Año 2012 le corresponde la cantidad de $12,120.00; -40 días anuales por un salario diario de $345.00 (salario 2013). Año 2013 le corresponde la cantidad de $13,800.00; -40 días anuales por un salario diario de $365.73 (salario 2014). Año 2014 le corresponde la cantidad de $14,629.30; -40 días anuales por un salario diario de $301.80 (salario 2015). Año 2015 le corresponde la cantidad de $12,072.00 Con base en ello, si bien existe una incongruencia en la sentencia interlocutoria por identificar "salario mínimo" y no salario diario percibido de acuerdo a los recibos, también lo es que no afecta el cálculo aritmético del aguinaldo que realizó para cuantificar las otras prestaciones materia del incidente, relativas al pago de vacaciones y prima vacacional por los años mil novecientos noventa y siete al dos mil quince. En este sentido de las anteriores precisiones y cálculos, se advierte que el Tribunal responsable en la resolución reclamada únicamente incurrió en un error mecanográfico al señalar el concepto de salario mínimo, error que no evidencia transgresión al principio de congruencia que debe revestir en las determinaciones jurisdiccionales; de ahí que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, no se actualizan incorrecciones que imposibiliten conocer el cálculo del aguinaldo materia del incidente de liquidación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/105, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1093, de la Novena Época, con registro digital 163790, de título y texto siguientes: "LAUDO. LA CITA INCORRECTA DE ALGÚN DATO DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO (ERRORES MECANOGRÁFICOS EN EL NÚMERO DE EXPEDIENTE O EN EL NOMBRE DE ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES) ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERARLO INCONGRUENTE Y, POR ENDE, NO VULNERA GARANTÍAS INDIVIDUALES. Si la Junta en el laudo citó incorrectamente algún dato de identificación del juicio, como el número de expediente o el nombre de alguno de los contendientes, dicho equívoco no es motivo suficiente para estimar que se está en presencia de un laudo incongruente, si de su lectura se advierte que los demás datos son correctos, que la responsable hace referencia exclusiva a las actuaciones propias del sumario laboral y que no incurre en otras incorrecciones que imposibiliten el conocimiento exacto del juicio; de tal manera que dichos errores pueden ser considerados como mecanográficos y no vulneran garantías individuales, si el estudio realizado por la Junta se llevó a cabo a la luz de lo expuesto por el actor en su demanda, a lo contestado por el demandado y al acervo probatorio aportado por dichas partes, evitándose así caer en rigorismos excesivos". En ese orden de ideas, como quedó evidenciado, la violación alegada se originó por un simple error mecanográfico, por ello es incuestionable que a ningún fin práctico llevaría conceder la protección constitucional solamente para que éste se corrija, pues solamente se ocasionaría un retraso innecesario en la impartición de justicia, máxime que como ya se vio, no abonaría en beneficio de la aquí quejosa, pues el monto por concepto de la prestación correspondiente a aguinaldo por cuarenta días anuales a cargo de la demandada seguiría siendo el mismo. Aunado a que lo resuelto en esta ejecutoria de amparo clarifica las consideraciones de la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación dentro del expediente laboral 78/2017. En consecuencia, ante lo ineficaz de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo que procede en negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos en que deba suplirse la deficiencia de la queja, a que a lude el artículo 79 de la Ley de Amparo; además, de que quien promueve el presente juicio constitucional se trata de la parte patronal. Por lo expuesto y fundado, y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Huixquilucan, Estado de México, por conducto de su apoderado legal Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo contra el acto reclamado consistente en la determinación de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 78/2017, atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Apersonamiento Intégrese el escrito signado por Saúl de la Paz López a través del cual, se apersona al presente juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita acceso al expediente electrónico y designa autorizados. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio en que se actúa. Domicilio Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del tercero interesado vía electrónica el usuario ortega123; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", a fin de que se realicen las notificaciones correspondientes y la consulta del juicio en su versión electrónica. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense los escritos signados por Rafael ****, en su carácter de quejoso, mediante el cual, interpone recurso de revisión y recurso de queja contra el acuerdo dictado en audiencia constitucional celebrada el once de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 88, último párrafo de la ley de la materia, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días, exhiba cinco copias más de su escrito de expresión de agravios, tanto del recurso de queja, así como del recurso de revisión, ya que sólo exhibió tres de cada escrito y se necesitan ocho para su tramitación a efecto de correr traslado a las partes, de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, dos para las partes terceros interesadas, dos para el agente del ministerio público adscrito a este juzgado y al tribunal de alzada, una para integrar el cuaderno de antecedentes del sumario en que se actúa y una más para los autos del presente juicio de amparo. Apercibido que de no hacerlo así, dentro del término que se le concede, se tendrán por no interpuestos los recursos de referencia. Sobre el particular se invoca la tesis XVII.2o. 28K, visible en la página 653 del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, tomo XIV, Octava Época, que al rubro refiere: "RECURSO DE REVISIÓN, SE TIENE POR NO INTERPUESTO SI EL RECURRENTE INCUMPLE CABALMENTE CON EL REQUERIMIENTO PARA QUE EXHIBA COPIAS FALTANTES DEL RECURSO. ***." Finalmente, en cuanto respecta a la solicitud de tenerle como domicilio para por y recibir notificaciones, así como a los autorizados que señala en su escrito de agravios, deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.
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