Hugo Arellano Longoria

Expediente 789/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
789/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Hugo Arellano Longoria
  • Hugo Arellano Longoria y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 5521/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de queja laboral 79/2018; cuyo punto resolutivo indica: "[.] ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Hugo Arellano Longoria, en contra del proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 789/2018-IV, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. [.]".

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio 4893/2018, enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de queja hecho valer por el quejoso Hugo Arellano Longoria, por conducto de su apoderado Martín Garza Pérez, en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del presente juicio de garantías, quedando registrado como queja 79/2018. De lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que respecto de dicho medio de impugnación emita el citado órgano colegiado.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Martín Garza Pérez, autorizado del quejoso en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en cual se desechó la demanda de amparo generadora de este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por el ocursante en contra del proveído en alusión. En tal virtud, remítase el original del escrito de agravios, así como copia certificada del escrito de demanda de amparo, del auto recurrido y la notificación del mismo, para la substanciación del citado medio de impugnación. Sin que obste para la anterior determinación, el hecho de que no se haya notificado a las partes indicadas en la demanda de garantías, la interposición del recurso de queja en cita, toda vez que se combate el auto por el cual se desechó la demanda; luego entonces, al no haberse admitido la demanda de trato, no se ha generado la vinculación de las partes al juicio de amparo, es decir, no se ha constituido la relación procesal, toda vez que éstas no han sido emplazadas al juicio de trato, por lo que no han resentido afectación alguna a su esfera jurídica, de ahí que no tengan derechos que defender.

  4. Principal

    Ahora, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo generadora del presente asunto, debe precisarse que del análisis de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Analizada en su integridad la demanda, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, en términos artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia. En efecto, el precepto citado en primer término, es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo al efecto establecen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, acorde a la legislación vigente, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ahora, en el caso concreto en la demanda de amparo, el quejosa reclama del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "La omisión de dar cumplimiento al laudo dictado en su contra dentro del expediente número 49/2003 dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios." Sobre ese tópico, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2013, determinación en la que, en lo que aquí interesa, estableció: "(.) 44. La inercia interpretativa del criterio aludido, en sentido contrario, abre la solución de la controversia inmersa en el supuesto del caso que nos ocupa, para considerar que el hecho de que la normativa vigente en el Estado de Veracruz, prevea un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas, conlleva, en sí mismo, el sostenimiento del plano de igualdad generado a propósito del vínculo de coordinación laboral de origen y, por ende, que la falta de cumplimiento de dicho laudo por parte de la demandada no se reconozca como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. (.) 45. Los preceptos reproducidos muestran que, como se adelantaba, en el contexto de la legislación del Estado de Veracruz, el cumplimiento a un laudo por parte de la autoridad señalada como demandada en un juicio laboral, se desarrolla por el tránsito de un procedimiento concreto, de acuerdo a los términos y condiciones que prevé el ordenamiento relativo. 46. Entre otras, la característica central en la regulación de esa fase, la constituye la posibilidad de que frente a la ausencia en el cumplimiento del laudo correspondiente por parte de la autoridad estatal o municipal que hubiera sido señalada como demandada, éste puede ser forzosamente ejecutado mediante el embargo de sus bienes (propios o privados). 47. Siendo esa la lógica de la normativa del Estado de Veracruz, resulta inconcuso, que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales, y la igualdad que de éstas se pregona, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través del embargo de bienes. 48. Es decir, que desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento, dentro de una relación de igualdad o bilateralidad con el particular actor. 49. Por eso, al tenor de las particularidades reveladas, en conexión con los razonamientos adoptados hasta este punto, el incumplimiento por parte de los órganos de gobierno o dependencias públicas en el Estado de Veracruz, a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. (.)" Contradicción de la que derivo la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 966, registro 2006389, cuyo contenido es: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Precisado lo anterior, cabe señalar que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en sus artículos 38, fracción XII, y 121, establece: "ARTÍCULO 38.- A excepción de los trabajadores de confianza, los demás trabajadores podrán ser removidos, cesados o despedidos solamente por causa justificada; son causas de rescisión sin responsabilidad para el Gobierno del Estado: (.) XII.- Cuando haya sido sancionado por el órgano de control mediante resolución ejecutoriada con la destitución del cargo con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En caso de que la separación del trabajador sea considerada injustificada mediante laudo ejecutoriado dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario y los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta la fecha de la emisión del laudo ejecutoriado, sin que pueda exceder de un máximo de doce meses. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador dejarán de computarse los salarios. Para los efectos anteriores, serán inembargables los bienes y derechos, recursos, inversiones y cuentas bancarias del Estado, que son necesarios para el desarrollo de actividades o funciones que se traduzcan en la prestación de un servicio público. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los laudos ejecutoriados en los términos en que sean dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, el Estado y los Ayuntamientos dispondrán en su presupuesto de un fondo económico mismo que será incrementado anualmente conforme al comportamiento de las incidencias de esta naturaleza. De ser insuficiente, el saldo deberá incluirse en el presupuesto de egresos del año siguiente y pagarse en el orden de la fecha de notificación del laudo o de la resolución correspondiente. Estas reservas solamente podrán ser embargadas para los efectos antes mencionados." "ARTICULO 121.- En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al procedimiento, se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Trabajo." De los preceptos transcritos, en lo que aquí interesa, se advierte que los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas cuentan con una fondo presupuestal para cumplir con las obligaciones derivadas de algún laudo, y en caso que dicha reserva sea insuficiente para tal efecto, el saldo deberá incluirse en el presupuesto de egresos del año siguiente. Asimismo, se establece que las mencionadas reservas podrán ser embargadas para efectos de dar cumplimiento a algún laudo; ahora, si bien la citada ley burocrática no prevé procedimiento de ejecución forzosa, lo cierto es que en su artículo 121 se prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, misma que cuenta con un apartado específico relativo a la ejecución de laudo. En razón de lo anterior, tomando en consideración que el marco normativo de esta entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución al laudo, donde incluso puede llegarse a su forzosa ejecución a través del embargo del presupuesto destinado para tal efecto, es inconcuso que al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, no tiene el carácter de autoridad responsable, toda vez que no actúa en un plano de supra subordinación con el quejoso sino en uno de coordinación, tal y como el que se desarrolló durante el trámite del procedimiento laboral, ya que, como se indicó, el incumplimiento por parte del citado Ayuntamiento puede vencerse a través del embargo del fondo presupuestal de referencia. En efecto, la relación jurídica que se suscita en la especie no corresponde a la de autoridad y gobernado (relación de supra a subordinación) sino una relación de coordinación que caracterizan las relaciones laborales, entre el Ayuntamiento señalado como responsable y el quejoso en su calidad de empleado de dicho Ayuntamiento; sustenta el criterio sostenido, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en párrafos precedentes. Así como la jurisprudencia PC.II. J/4 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo II, página 1272, la cual es del siguiente tenor: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE CUMPLIMENTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2013, definió que cuando la parte demandada en un juicio sea una autoridad debe analizarse el marco legal aplicable en el contradictorio para verificar la existencia o no de un procedimiento de ejecución en su contra, donde incluso pueda llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes; ahora, bajo esas premisas, si en los juicios mercantiles en los que los Municipios del Estado de México fueron parte demandada sí se cumplen dichas exigencias pues por una parte, en el artículo 1347 del Código de Comercio es dable que en los juicios mercantiles en periodo de ejecución de sentencia se proceda al embargo de bienes para lograr el cumplimiento a una condena, amén de que en los artículos del 764 al 773 del Código Civil Federal, y del 12 al 30 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, se evidencia que los Municipios del Estado de México cuentan con bienes muebles del dominio privado susceptibles de embargo, se concluye que la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en su contra no constituye un acto de autoridad susceptible de combatirse a través del juicio de amparo, al derivar esa obligación de un procedimiento judicial en el que intervinieron en una relación de coordinación (y no de supra a subordinación), subsistiendo esta condición incluso en la etapa de ejecución." Sobre esa base, es inconcuso que en el particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se DESECHA la demanda de amparo de trato. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia número I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, consultable en la página 1631 del tomo XX, de fecha Septiembre de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. No escapa para la anterior determinación, la jurisprudencia 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Sin embargo, dicho criterio no es aplicable al caso concreto, pues como lo precisó la propia Segunda Sala, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la citada jurisprudencia no transmite una regla general, sino que dicho criterio versó específicamente sobre los juicios de amparo en los que se reclamó "el Acuerdo que autoriza la modificación restructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas de diecinueve de enero de dos mil nueve, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público".

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