Hugo Antonio Espinosa Lastiri

Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
929/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Hugo Antonio Espinosa Lastiri
  • Coordinador y/o Jefe de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción II, y 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente será transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Treinta de junio de dos mil veintitrés. Veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Treinta de agosto de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión del pago de pensión por jubilación, decretada mediante el dictamen ******************** de diez de septiembre de dos mil veintiuno. Previa substanciación del juicio de amparo, el veinte de julio de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que la justicia de la unión amparó y protegió al quejoso ********************, para el efecto de que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una vez que causara ejecutoria la presente sentencia: "1. De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación, le correspondan a ********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************, de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten". Luego, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio (con anexos) signado por el delegado del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, remitió copia del comprobante de pago de fecha treinta de junio del año en curso, expedido en favor del quejoso ********************; constancias de las que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, ********************autorizado en términos amplios de la parte quejosa, solicita la devolución de los documentos originales que se anexaron al escrito inicial de demanda. En ese sentido, previo cotejo de los originales que obran en el presente sumario de amparo, procédase a hacer la devolución de los mismos, previa copia certificada, razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal; asimismo, se autoriza a las personas que refiere el promovente, para recoger los documentos de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, ********************, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, solicita se hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos a la autoridad responsable, en atención a que no ha remitido las constancias con las que acredite el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; asimismo, solicita la devolución de los documentos originales que se anexaron al escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, conforme a lo previsto en el citado artículo 24 de la Ley de la materia, el quejoso o el tercero interesado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley; las cuales consisten en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil, administrativa, penal y laboral (tratándose del patrón), la persona autorizada conforme a la primera parte del numeral citado anteriormente, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Atento a lo anterior, debe decirse que, en el ocurso de cuenta, quien pretende promover en favor de la parte quejosa es ********************, no obstante, en fecha veinte de junio del año dos mil veintitrés, se le tuvo por autorizada en términos restringidos conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de la materia, por lo tanto, carece de facultades para realizar tales solicitudes. Lo anterior se afirma, pues la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Robustece lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, con registro 161909, que establece: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.". En consecuencia, no ha lugar acordar de conformidad la solicitud hecha por ********************, por las consideraciones antes relatadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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