Hugo Antonio Chiunti Riaño
Expediente 585/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hugo Antonio Chiunti Riaño
- Fiscal General de Justicia en el Estado de Veracruz, Xalapa
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de diecisiete de julio del año en curso (foja 11), en el que se tuvo por no presentada la demanda, ha causado estado para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte ha fenecido el término de cinco días que se otorgó a la parte quejosa por auto de cinco de julio del año en curso (fojas 6 a 10) para que cumpliera con el requerimiento ahí realizado, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovido al parecer por ***********, contra actos del 1. Fiscal General del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 585/2018-VI, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo y específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, fracciones I, III, IV y V, estatuye: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.] III. La autoridad o autoridades responsables; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado señalar con precisión el nombre de quien promueve la demanda de amparo; las autoridades responsables y el acto que se les imputa, así como los hechos que le consten que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Ello, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo citado. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I y II, 110 y 114 de la Ley de Amparo, y las jurisprudencias que a continuación, por identidad jurídica se citan: 730, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.; y 731, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO", emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 810 y 811, respectivamente del Apéndice 1917 Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Novena Época, con registros 1002795 y 1002797. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte en el proemio se asentó como nombre del impetrante de amparo Hugo Antonio Chiunti Riaño. Sin embargo, al calce de la misma donde signa se indicó como Hugo Chiunti Riaño. Lo cual genera incertidumbre de quien es la persona quien promueve la presente demanda de amparo. Por otra parte, se aprecia el acto reclamado lo hace consistir en la instauración e integración de una carpeta de investigación en su contra sin que se le hubiere citado dentro de la misma para hacer valer sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso. Empero, en el apartado de antecedentes señala bajo protesta de decir verdad, que el día dos de julio de dos mil dieciocho, se presentaron en su domicilio diversas personas vestidas de civil que se identificaron como personal de la Policía Ministerial, preguntando por él a su compañeros de trabajo, manifestándoles que lo requerían para que los acompañara a sus oficinas, contaban con un oficio de investigación de un fiscal o de un agente del Ministerio Público Investigador de Cosamaloapan, Veracruz. Argumentos que permiten inferir la posible existencia de una orden privativa de libertad, pues incluso en sus conceptos de violación refiere a una resolución, al parecer orden de captura. Lo anterior genera incertidumbre sobre cuál es el reclamo por el cual deberá tramitarse el presente juicio de amparo. Aun cuando pareciera esos actos se encuentran vinculados. Sin embargo, respecto de una posible orden de captura tendente a privarlo de su libertad, el estudio se constriñe en analizar la constitucionalidad en su emisión. Por cuanto hace a la omisión que atribuye al Fiscal o Ministerio Público para citarlo o hacerlo comparecer por la presunta investigación de hechos delictivos para que le sea formulada la acusación formal, se traduce en determinar si las autoridades la han o no llevado a cabo o si existe falta de citación o comparecencia del quejoso a la misma. No siendo ocioso decir que la falta de citación o comparecencia para hacer del conocimiento la acusación formulada en su contra, no se encuentra prevista en la hipótesis de procedencia que prevé el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; así como que en relación con la orden de privación de la libertad, de ser procedente la suspensión, ésta se concede con la medida de efectividad de comparecer ante el fiscal o Juez responsable. Asimismo, de la narrativa se desprende la inconsistencia cuando refiere fueron a su domicilio el cual según lo asentado se encuentra ubicado en calle Chilpancingo número cuatrocientos siete (407) de la colonia Progreso Macuiltepec, en Xalapa, Veracruz, y por otro lado, indica que los policías preguntaron a sus compañeros de trabajo. Es decir, lo buscan en su domicilio particular o en su fuente de trabajo. Ello es confuso, cuando se desprende que las autoridades responsables son las siguientes: 1. Fiscal General en el Estado; con residencia en Xalapa, Veracruz; 2. Director General de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en la localidad Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; 3. Fiscal Regional de la Fiscalía General del Estado; 4. Fiscal de Distrito número Décimo Octavo (XVIII) de la Unidad Integral de Procuración de Justicia; 5. Fiscales Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Investigadores de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado; y, 6. Delegado de la Policía Ministerial, todos con residencia en Cosamaloapan, Veracruz Así las cosas, la parte quejosa deberá bajo protesta de decir verdad, aclarar lo siguiente: PRIMERO. Cuál es el nombre correcto de quien acude a este órgano de control constitucional a solicitar el amparo, lo cual resulta necesario para integrar la relación jurídica procesal y pedir de manera adecuada el informe a las autoridades señaladas como responsables. Pues en el preámbulo de su demanda asentó como nombre del impetrante de amparo Hugo Antonio Chiunti Riaño. Sin embargo, al signar la misma lo hace como Hugo Chiunti Riaño. SEGUNDO. Precise cuál es el acto por el que pide se tramite el presente juicio de amparo, esto es, si respecto de la orden de captura derivada de una investigación o la omisión de citación dentro de la carpeta de investigación para responder sobre hechos delictuosos que probablemente se le atribuyen. TERCERO. En relación con el punto anterior, una vez delimitado el acto reclamado, debe precisar las autoridades responsables a las que lo atribuye. Ello, resulta necesario para establecer la relación jurídico-procesal y la Litis en el presente sumario. CUARTO. Ampliar sus antecedentes a fin de que aclare por qué razón presentó su demanda de amparo en esta Ciudad, si indica su domicilio se encuentra en Xalapa, Veracruz. Donde precisa fueron a buscarlo sin quedar en claro si fueron a su domicilio particular asentado o en algún otro diverso que sea su fuente de trabajo, de ser este último, revele donde se encuentra ubicado. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Así también, hágase del conocimiento al impetrante de derechos humanos que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene con tal carácter en términos amplios del numeral 12 del cuerpo de leyes invocado, a los profesionistas Juan Antonio Mendoza Montes e Hiram Baruch Osorio Mendoza; no así a las restantes personas señaladas en su escrito de demanda, a las que únicamente se les autoriza con las restricciones que prevé el referido precepto legal. Debido a que no están registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se alude en el presente juicio estará sujeta al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, sin soslayar que lo anterior también dependerá de que el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
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