Hugo Amos Torres Pluma
Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Amos Torres Pluma
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO176/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Se ordena agregar al expediente el escrito de cuenta, del quejoso *, donde promueve incidente de nulidad de actuaciones en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, en términos del artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano dicho incidente, porque resulta notoriamente improcedente. En efecto, dicho precepto legal dispone: "Artículo 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo". Como se despende del dispositivo legal en cita, el legislador previó la facultad al juzgador para no admitir aquellos incidentes, recursos o promociones maliciosos o improcedentes y, en el presente caso, como se precisó, el incidente que pretende hacer valer el quejoso resulta improcedente. Es así, pues en auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo (por los argumentos vertidos en dicho proveído) y se ordenó su notificación de manera personal del mismo al quejoso. De esa notificación, se advierte que el dos de marzo del año en curso, el actuario dejó aviso de notificación al quejoso para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para la notificación del proveído, y al no hacerlo así, se le notificó por medio de lista de este juzgado de distrito, el cinco de marzo siguiente (viernes), tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por ende, dicha notificación surtió efectos el ocho de marzo de dos mil veintiuno, y el plazo de cinco días hábiles para interponer en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno el recurso de queja, transcurrió para la quejosa del nueve al dieciséis de marzo de esta anualidad, ello con exclusión de los días inhábiles que mediaron, a saber: trece, catorce y quince de marzo del actual. De ahí la notoria improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones planteado por el quejoso en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; habida cuenta que parte de una premisa equivocada al sostener en la parte conducente del escrito de cuenta lo siguiente: ".el término de diez días para recurrir son del cinco al diecinueve de marzo, ya que el quince fue día inhábil, de ahí la ilegalidad al haber declarado firme la sentencia el mismo diecinueve.". Por el contrario, como ya se vio, al no haberse impugnado por la parte quejosa el auto que desechó la demanda de amparo a través del recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia1 y en el plazo de cinco días hábiles que otorga para ese efecto el diverso numeral 98, primer párrafo2, del referido ordenamiento legal; es incuso que lo proveído en dicho acuerdo de diecinueve de marzo del presente año, se ajustó a la norma jurídica de mérito, al haber causado estado (ese auto de desechamiento) y ordenado el archivo del expediente por haberse concluido. 1 "Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; (.)". 2 Artículo 98. "El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:" (.) De donde se sigue que, como se dijo, es notoriamente improcedente del incidente de nulidad de actuaciones planteado en contra del auto en cuestión, pues se emitió acorde con la norma jurídica que lo sustenta y habiendo hecho el cómputo adecuado del plazo legal de cinco días hábiles para ello; mismo es distinto al que propone el quejoso en su escrito de cuenta (de diez días hábiles para la impugnación del auto que desechó la demanda). En consecuencia, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha ese incidente. Por último, resulta incensario tenerle por señalado como domicilio el que indica en el escrito de cuenta, pues es el mismo que designó para tal efecto en su demanda, aunado a que se acordó al respecto, en auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese; de manera personal al quejoso, y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 176/2021-VI. Puebla, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1058/2019-VIII. Puebla, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido al quejoso y la tercera interesada, mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la principal autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la principal responsable obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el seis de febrero de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se resolvió sobreseer el juicio por una parte y por la otra negar el amparo solicitado por el quejoso contra los actos de las responsables. Inconforme con dicha determinación, el impetrante de amparo interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca de revisión 60/2020, resolviendo en sesión dieciséis de octubre de dos mil veinte modificar la sentencia sujeta a revisión, sobreseyendo el juicio por una parte y por otra concediendo el Amparo y Protección de la Justicia Federal al Quejoso * Con motivo del fallo de la ejecutoria de mérito, por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se requirió al agente del Ministerio Público Titular adscrito a la mesa dos de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: ".En efecto, como se afirma en los conceptos de violación antes reseñados, al negarse el quejoso el amparo solicitado, indebidamente se omitió considerar que reclamó la citación a declarar ante el representante social, en una indagatoria en la que se le asigna la calidad de testigo, con lo que se vulnera el derecho a la no autoincriminación que le asiste, habida cuenta que respecto de los hechos sobre los cuales versa el atetado pretendido con la cita reclamada: son los mismos respecto de los cuales, con anterioridad fue citado y acudió a declarar en dos ocasiones, en diversa indagatoria, en la que tiene la calidad de indiciado. [.] Partiendo de ello se sigue que, como también lo aseveró el quejoso, la cita ahora reclamada, atenta contra el derecho sustantivo de no autoincriminación que le asiste, esto derivado precisamente de la calidad de indiciado que le asiste; esto derivado precisamente de la calidad de indiciado que tiene en aquélla indagatoria, en la cual la investigación gira en torno a los hechos sobre los que declaró, de los que se pretende derivar su probable responsabilidad delictiva, y respecto de los cuales ya manifestó su negativa a ser interrogado. En efecto, como también lo planteó el peticionario de amparo, en los citatorios reclamados, se le cita sin las prerrogativas que la calidad de indiciado le confiere, esto es sin el derecho a guardar silencio, para declarar -ahora en calidad de testigo-, sobre los mismos hechos relativos a los documentos fechados el veintinueve de enero de dos mil trece, en los que se le atribuye intervención como miembro del patronato de la *. Lo anterior aunado a que, como se anticipó, el ahora recurrente, al rendir las declaraciones ministeriales en comento, ejerció el derecho que le asiste a no ser interrogado más por la representación social sobre los hechos que se le imputan en cuestión, tal como se desprende de su expresa negativa asentada al final de esas dos intervenciones. Con las anteriores transcripciones se evidencia, que tal como lo sostuvo el quejoso, la cita que se le hace para rendir declaración en calidad de testigo en una indagatoria, si conculca el derecho a la no autoincriminación que le asiste, pues los hechos sobre los que se pretende obtener dicha declaración son los mismos sobre los cuales está siendo investigado en diversa averiguación previa, respecto de los cuales: ya declaró y manifestó su negativa a ser objeto de más interrogatorios, de donde es incuestionable, que pretender que ahora comparezca sin las prerrogativas que la referida calidad de indiciado le confiere, transgrede el aludido derecho subjetivo, esto, se insiste, por tratarse de los mismo hechos en los que se le atribuye participación probablemente delictuosa, y ello toma la citación reclamada inconstitucional. Con base en lo antes expuesto se impone modificar el fallo recurrido, y: Conceder el amparo solicitado contra los citatorios de ocho y veinticuatro, ambos de octubre de do mil diecinueve, en donde se cita al quejoso como testigo para declarar sobre los hechos investigados en la averiguación previa de origen * reclamados a la Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla". Por oficio 309/2020, la agente del Ministerio Público responsable, envió copia certificada del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a través del cual dejó sin efecto los citatorios de ocho y veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitidos de la averiguación previa *, en los que se citó al quejoso ** como testigo. Con esos actos manifestó haber cumplido los términos de la protección. Mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se otorgó una vista de tres días al quejoso y tercera interesada, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad obligada. Ninguna de las partes presentó escrito durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, la copia que remitió la autoridad ministerial responsable tiene pleno valor probatorio como documento público, debido a que fue certificada por un servidor público con facultades legales. De modo que se pueden utilizar para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, se procede a revisar si la actuación recibida en copia certificada, se ajusta a los efectos de la protección otorgada. Así, se puntualiza que en esa copia la autoridad ministerial responsable emitió una determinación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la cual dejó sin efecto los citatorios de ocho y veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (emitidos en la indagatoria *), a través de los cuales se citó al aquí quejoso en su calidad de testigo Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la principal autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído al quejoso, a la tercera interesada, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo por ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca de revisión 60/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; b) Mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se recibió la ejecutoria del tribunal colegiado de mérito y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad ministerial responsable cumplió la protección constitucional, el diecisiete de noviembre del año dos mil veinte, fecha cuando dejó sin efecto los citatorios declarados ilegales; d) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se recibió en este juzgado el oficio 309/2020, de la autoridad judicial responsable, con el que aportó copia certificada de los actos de cumplimiento; y e) En la presente fecha, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal tanto al quejoso * y a la tercera interesada *, por propio derecho y como administradora única de la moral *; así como a la fiscal adscrita; y cúmplase.
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SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 176/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso ****, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Financieros y Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, ..., se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por Hugo Amós Torres Pluma en la cual señaló como acto reclamado, lo siguiente: "Le reclamo la paralización total y abstención en la investigación". Además, en los hechos expuestos en la demanda se advierte que, en su parte conducente, expresa: "[.] Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los antecedentes de los hechos que constituyen el acto reclamado son: Debido a que el de la voz interpuse querella por escrito (***04; anexo copias de tal escrito), el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la representante social emitió el oficio de veinte de abril de dos mil veinte, y no obstante interpuse diversa demanda de amparo registrada con el número 1128/2019 del índice del juzgado Cuarto de Distrito.., confirmada y sobreseído por la superioridad ( conforme a auto de aquél de trece de agosto de dos mil veinte), y sin que al mes de enero de este dos mil veintiubo (sic) se hayan cumplimentado lo propuesto por el de la voz y ordenado por el Ministerio Público a la Agencia Estatal de Investigación, ni tampoco aquél se haya pronunciado por otras diligencias propuestas por el aquí quejoso, máxime que dicho Ministerio Público motu proprio no ha ordenado otra diligencia para la investigación; además de que el veintiocho de enero de la presente anualidad traté de imponerme de la NUAT ***04, informándoseme que aún no se asignaba nuevo Titular [.]" Asimismo, en diverso apartado de la demanda que se provee, la pare quejosa refiere, en su parte conducente, lo siguiente: "[.] Simple y llanamente existe violación a dichos derechos puesto que conforme a los antecedentes expuestos existe paralización total en la investigación y omisión en la investigación (sic), ya que han transcurrido meses sin que la responsable investigue, además ha sido omisa en ordenar a la Agencia Estatal de Investigación cumpla con el desahogo de diligencias requeridas [.]". La lectura de la integridad de la demanda y, en particular, la revisión en forma armónica de lo antes destacado, evidencia que el promovente se duele de la omisión del representante social de continuar con los actos de investigación para integrar de la indagatoria ***-4, porque sostiene que existe paralización total en la investigación y omisión en la misma, así como que ha sido omiso en ordenar a la Agencia Estatal de Investigación cumpla con el desahogo de diligencias requeridas. Además, es importante mencionar que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que dicha indagatoria dio inicio por la denuncia presentada por ***ante el agente del ministerio público, por el delito de despojo efectuado en su contra por tanto, es concluyente que el mismo tiene el carácter de víctima en esa investigación. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Precepto que en su literalidad, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Se afirma lo anterior, porque la abstención o paralización de la investigación ministerial reclamada en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del ministerio público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por *** deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de actos negativos de carácter omisivo que se le atribuyen al agente del ministerio público encargado de la investigación donde aquél tiene el carácter de víctima (denunciante). De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma que en el presente caso, el reclamo planteado por Hugo Amós Torres Pluma encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda que originó este juicio, pues se actualiza al respecto, una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por su similar 37/2020), se requiere a las parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, proporcionen algún correo electrónico o número de teléfono móvil como medios del cual pueda ser contactada. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico) sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por su similar 37/2020), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Medidas especiales para la notificación de este auto. Se instruye al actuario encargado de este expediente que la notificación personal de este auto se realizada de manera física, en el domicilio local señalado para tal efecto. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y carece de autorizado. Se tiene por señalado como domicilio físico para recibir notificación el que señaló el quejoso en su demanda de amparo. Sin que se tenga autorizado alguno en el presente juicio de amparo, porque el quejoso no lo señaló. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ante la oposición expresa para la publicación de datos personales, se ordena salvaguardarlos, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de manera personal al quejoso, y cúmplase.
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