Hugo Ambrosi Rodríguez Real
Expediente 551/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vicente Carlos Ambrosi Zetina (Su sucesión)
- Hugo Ambrosi Rodríguez Real
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido dicho plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal..., Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por ********************, apoderado de la parte quejosa, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos por medio de la cual da cumplimiento al auto de diecisiete de mayo del año en curso; en consecuencia, su demanda se acuerda en los siguientes términos: Vista la demanda de amparo promovida por ******************** apoderado de ********************albacea de la sucesión a bienes de ********************, personalidad que tiene reconocida en autos, contra actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Del estudio íntegro de la demanda, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en concordancia con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los preceptos legales aludidos en su fracción invocada, disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del toca ******************** misma que confirmó el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por el que requirió al ahora quejoso para que en el término de cinco días exhibiera el billete de depósito por la cantidad de ********************, apercibido que en caso de no hacerlo así se despachará auto de ejecución. Ahora bien, de la demanda de garantías y del aclaratorio de la misma se advierte que el quejoso ********************es albacea del autor de la sucesión de origen, tramitada ante el Juzgado Trigésimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, expediente 1401/2012, a saber ********************; en el cual seguido el procedimiento de origen en el cuaderno de rendición de cuentas de mayo de dos mil trece a marzo de dos mil catorce, el mismo fue resuelto mediante sentencia de dos de junio de dos mil catorce, donde se condenó a la parte quejosa a pagar la cantidad de ********************; determinación que quedó firme mediante diverso proveído de catorce de octubre de dos mil catorce. Por lo que el juez de origen mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, requirió al hoy quejoso para que en el término de cinco días exhibiera el billete de depósito por la cantidad de ********************, apercibido que en caso de no hacerlo así se despachará auto de ejecución, inconforme con lo anterior interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el toca ******************** confirmando el auto apelado, determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Por otra parte, debe precisarse que para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos en ejecución de una determinación firme, debe seguirse dos reglas primordiales que la delimitan, a saber: la primera que determina que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales de acuerdo con el criterio del máximo tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar una sentencia firme dictada en el juicio natural; la segunda, que determina que el juicio de amparo sólo se podrá promover contra actos emitidos en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto con el objetivo de no paralizar o entorpecer la ejecución de las sentencias. Sirve de fundamento a lo anterior, y por analogía la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XVII, junio de 2003, página 11, del texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la ley de amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la suprema corte de justicia de la nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia constitución federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el máximo tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más alto tribunal de la república, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. en estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En consecuencia, se concluye que el acto reclamado se pronunció en el procedimiento de ejecución de sentencia, específicamente de la dictada el dos de junio de dos mil catorce, en el cuaderno de rendición de cuentas de mayo de dos mil trece a marzo de dos mil catorce, en el cual la hoy quejosa es parte, por lo que los actos impugnados en esta vía no constituyen la última resolución dictada en el mismo procedimiento de ejecución, dado que la última resolución en el procedimiento será aquella en la que el juez responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto, dado que el acto que se reclama no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la ley de la materia, por lo que en términos del artículo 113 del propio ordenamiento se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por la ******************** apoderado de ******************** albacea de la sucesión a bienes de ********************, personalidad que se le reconoce en términos de la escritura cincuenta y un mil cincuenta y dos, pasada ante la fe del notario público ciento cincuenta y siete de esta ciudad, contra actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 551/2023, y a efecto de acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, requiérase al promovente mediante notificación personal, para que en el término de cinco días, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, dé cumplimiento a lo siguiente. 1. A manera de antecedentes del acto reclamado, exhiba copia simple o reproducción fotográfica íntegra y legible de la resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca ********************, así como de la de veintinueve de agosto de dos mil veintidós. 2. Exhiba copia de la resolución en la que se le haya, en primer término, condenado al pago de ******************** 71/100 m.n.) por concepto de los frutos provisionales de la rendición de cuentas aprobada y en su caso precise, bajo protesta de decir verdad, si la misma ya causó ejecutoria. Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, así como de sus anexos, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá la demanda de amparo por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. De igual forma, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; lo que se ordena hacer de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales, las cuales en el momento en que ejerzan su mandato en este asunto, serán localizadas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su escrito de cuenta. Asimismo, como lo solicita, de conformidad con la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a los autorizados el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Por otra parte, solicita la promovente se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia y toda vez que proporciona nombres de usuario "******************** y ********************", con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique la notificación de este acuerdo o cualquier otra diligencia relacionada con el presente asunto. Notifíquese electrónicamente al quejoso.
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