Hugo Alexander Serrano Flores

Expediente 1016/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1016/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Hugo Alexander Serrano Flores
  • J. ASENCION JAVIER URBINA ROSAS (DEFENSOR) y Otros.
  • J. Asencion Javier Urbina Rosas (Defensor)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 1288/2021, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión R. 34/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Hugo Alexander Serrano Flores, respecto de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; asimismo, la superioridad devuelve los autos originales del expediente 1016/2020. En consecuencia, acúsese recibo, y agréguense a estos autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada a este juzgado de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 1016/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, promovido por Hugo Alexander Serrano Flores, por conducto de J. Ascensión Javier Urbina Rosas contra el acto y autoridad precisados en el considerando primero de esta resolución." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así mismo, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó el amparo solicitado, este expediente es susceptible de destrucción después de transcurridos tres años, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa en cumplimiento al auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno; mediante oficio a la autoridad responsable, a la superioridad en vía de acuse, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Rafael Torres Campos, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Oomr. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 654/2021 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a esta potestad Federal, que por auto dictado por el Presidente de ese órgano Colegiado, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Hugo Alexander Serrano Flores, en contra de la sentencia dictada en este controvertido constitucional y lo registró con el número 34/2021 del índice del citado Tribunal Colegiado; de lo que este órgano de Control Constitucional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Intégrese a sus autos la razón asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se aprecia que no fue posible notificar a J. Asención Javier Urbina Rosas, quien instó el presente juicio de amparo a favor de Hugo Alexander Serrano Flores, el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte; pues refiere que el domicilio que dicha parte procesal señaló para oír y recibir notificaciones es impreciso, ya que no se indicó el número de casa interior. En consecuencia, al encontrase ante una imposibilidad de carácter permanente para continuar notificando a la parte quejosa en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones de carácter personal en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y las subsecuentes notificaciones, inclusive las de carácter personal, se le realicen por lista de acuerdos.San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid-19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período; Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Así, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se emitió el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del mismo del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda con la que se dio cuenta, fue presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que la misma no cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sin embargo, al ser los actos reclamados de los contemplados en el 15 de la Ley de Amparo, se le da trámite a la referida demanda de amparo, en relación el diverso numeral 3 de la indicada ley, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. (.) Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1016/2020, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por J. Asención Javier Urbina Rosas, en favor de Hugo Alexander Serrano Flores, contra los actos que importen peligro de privación de la vida e incomunicación o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, que atribuye a la autoridad responsable Director de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en el Municipio de Puebla. No ha lugar a tener como autoridad responsable al: Encargado o Comandante del Sector que Corresponde a las Unidades Patrullas con Número Económico, toda vez que es un hecho notorio que no existe autoridad con esa denominación. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En virtud que el promovente señala que presenta demanda de amparo a nombre de Hugo Alexander Serrano Flores, manifestando que está sufriendo de los actos que importen peligro de privación de la vida e incomunicación o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación o cualquiera de los actos previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido, que la autoridad responsable deberá permitir de inmediato al directo quejoso Hugo Alexander Serrano Flores tener comunicación con sus abogados y/o familiares en presencia del actuario judicial que desahogue la diligencia respectiva, por lo que se instruye a la autoridad responsable para que permita el acceso a las instalaciones donde se encuentre el quejoso tanto al actuario judicial como a la persona que se encuentre en el momento de la diligencia para que sostenga comunicación con el peticionario de amparo, en el entendido que con posterioridad a lo antes ordenado, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que deberá acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de la indicada autoridad responsable que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. A efecto de que la autoridad responsable se encuentre en posibilidad de informar el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este auto, se le hace saber que el licenciado Rafael Torres Campos es el secretario encargado del trámite de este asunto, y cuenta con teléfono móvil 2225216779, y correo electrónico institucional rafael.torres.campos@correo.cjf.gob.mx para recibir dicha información y podrá confirmar su recepción; haciéndole saber que el número telefónico oficial de este juzgado es 222 303 7200, extensión 1569. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, realice lo siguiente: a) Con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se avoque a la localización del directo quejoso Hugo Alexander Serrano Flores, para lo cual deberá constituirse en la Dirección de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, o bien, en el lugar en el que le indique la autoridad responsable que se encuentra el referido quejoso y, una vez localizado, lo requiera para que manifieste en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; b) Asentar las condiciones físicas en que se encuentra el directo quejoso y las condiciones del lugar en el que se encuentra detenido, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentran detenidos y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1016/2020-; d) Notifique al directo quejoso el presente proveído y le corra traslado con copia autorizada del presente auto, y, e) Requiera al quejoso para que señale a personas autorizadas en el presente asunto. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No es necesario aperturar incidente de suspensión, cuenta habida que los efectos de la suspensión de plano concedida, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. DOMICILIO. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el indicado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martin Guerra Montiel, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx; y, únicamente para oír y recibir notificaciones, a José Alfredo Contreras Ávila, por no haberse proporcionado dato alguno que acredite ser licenciado en derecho, pues el número de cédula profesional aportada corresponda a Martin Guerra Montiel. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exime de recibir el oficio que contenga el presente proveído, por la naturaleza del acto reclamado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los actuarios de la adscripción para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. ( Con fundamento en los artículos 57 y 228 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar de su reclusión y al promovente en el domicilio señalado para tal efecto, por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable.

  4. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1016/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Hugo Alexander Serrano Flores, por conducto de Asención Javier Urbina Rosas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil veinte (fojas 2 a 6), a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Asención Javier Urbina Rosas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a nombre de Hugo Alexander Serrano Flores, respecto de la autoridad y acto siguiente: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- DIRECTOR (A) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA b).- ENCARGADO O COMANDANTE DEL SECTOR QUE CORRESPONDE A LAS UNIDADES PATRULLAS CON NUMERO ECONÓMICO IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: ACTOS QUE IMPORTEN PELIGRO E INCOMUNICACIÓN DEL AGRAVIADO HUGO ALEXANDER SERRANO FLORES, quien se encuentra imposibilitado para promover el presente amparo." El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, suspensión de plano, ratificación y admisión de demanda. Mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 1016/2020 de este índice, se hizo constar que a pesar de que la demanda fue presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que no se anexó la evidencia criptográfica relativa la firma electrónica del promovente, al tratarse de uno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordenó su tramitación por tratarse de un asunto urgente; se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación y se instruyó al actuario de la adscripción para que se avocara a la localización del quejoso y lo requiriera para que manifestara si ratificaba la demanda instaurada en su nombre. En diligencia de la misma fecha (foja 17), el actuario judicial adscrito a este juzgado, hizo constar que el quejoso Hugo Alexander Serrano Flores, se encontraba detenido en las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad C-5", que no presentaba huellas de lesiones físicas visibles y que ratificó la demanda de amparo. Así mismo, en la citada razón actuarial, el fedatario judicial hizo constar que el quejoso Hugo Alexander Serrano Flores, le manifestó de propia voz, que ya había tenido comunicación con su esposa Marisol Martínez Zavala y con su abogado particular Asención Javier Urbina Rosas. Por lo anterior, en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se concedió la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para sentencia. En el referido acuerdo admisorio se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 22 vuelta), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que Hugo Alexander Serrano Flores, reclama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, lo siguiente: -La incomunicación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado a la autoridad responsable siguiente: No. Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, Aceptó 35 Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, aceptó el acto que se le atribuye, por lo que se tiene plena certeza de su existencia. En efecto, de los documentos que remitió la autoridad responsable, consistente en los memorándum SSC/DJ/1578/2020, SSC/DJ/1579/2020, SSC/DJ/1580/2020, SSC/DJ/1581/2020, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso Hugo Alexander Serrano Flores, fue detenido el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla; sin que haya acreditado que permitió al quejoso tener comunicación con persona alguna durante el lapso que estuvo detenido a su disposición. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juzgador advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que el quejoso reclama la incomunicación que sufrió durante su detención por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla. Ahora, de las constancias que obran en autos, específicamente del acta circunstanciada elaborada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte (foja 17) se advierte que en la misma fecha, el quejoso Hugo Alexander Serrano Flores, expresó de propia voz al fedatario judicial que previo a esa diligencia ya le habían permitido tener comunicación con su esposa Marisol Martínez Zavala y con su abogado particular Asención Javier Urbina Rosas. En ese contexto, se aprecia que, si bien al momento de presentación de la demanda, el quejoso se encontraba incomunicado, lo cierto es que en la misma fecha esa incomunicación cesó, en virtud que el quejoso pudo comunicarse con su esposa y abogado particular. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la incomunicación ya que han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes del acto de autoridad reclamado. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías. Por las razones expuestas, el suscrito juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues el sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al juicio e impide el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Hugo Alexander Serrano Flores, por conducto de Asención Javier Urbina Rosas, respecto del acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, en términos del considerado cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y mediante oficio a la autoridad responsable, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por Raúl Bonilla Hernández, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría y se enviaron las comunicaciones oficiales ordenadas al tenor de la minuta que se anexa. Conste. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que el auto que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. El suscrito secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, hago constar y certifico que en la misma fecha en que se engrosó la sentencia que antecede se elaboró la versión electrónica de carácter público en la que se suprimieron los datos personales de las partes, de conformidad con los artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública Gubernamental y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley en cita. Doy fe.

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