Hugo Alejandro Ramirez Ortiz

Expediente 1478/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1478/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Hugo Alejandro Ramirez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    vi) Toluca, Estado de México a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio 26494/2018 del índice estadístico de este juzgado y acepta la competencia planteada en auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Háganse las respectivas anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el Punto Vigésimo, inciso I), en relación con el Segundo, inciso XX), pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo, inciso XVIII) del Acuerdo General Conjunto referido, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    VI) (AVISO - PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese tanto el expediente físico como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1478/2018-VI. Precisión de los actos reclamados. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que se atiende, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en:  El acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en juicio laboral 881/2018, en el cual tuvo por no interpuesta la demanda laboral y ordena su archivo definitivo. Incompetencia. Establecido lo anterior, el suscrito estima que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 34, 170, fracción I y 47 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver en esta instancia respecto del citado acto reclamado. Ahora bien, el artículo 34 de la Ley de Amparo, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Por su parte el artículo 170, fracción I, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II..." (lo resaltado en el texto no es de origen) Así como el numeral 47 del ordenamiento legal en mención, es del tenor literal siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." (lo subrayado en el texto no es de origen) Así, de conformidad con lo dispuesto en dichos preceptos, las reglas para la procedencia del juicio de amparo en la vía directa y que es competencia exclusiva de los tribunales colegiados de circuito, son: I. Que el acto reclamado sea una sentencia definitiva o laudo, que resuelva el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; y, II. Que el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio, esto es, que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. En ese orden, primero, conviene precisar que en diversos criterios jurisprudenciales se ha establecido que sentencia definitiva es la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y excepción que hayan motivado la litis sin que proceda recurso ordinario. Por su parte, resoluciones que pongan fin al juicio, no es sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refiere a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Luego, si en la especie el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en juicio laboral 881/2018, en el cual tuvo por no interpuesta la demanda laboral y ordena su archivo definitivo; es evidente que éste se trata de una resolución que pone fin al juicio laboral y por ello, se estima que dicha resolución debe impugnarse a través del amparo directo y, por ende, el conocimiento del presente asunto, de conformidad con los preceptos trascritos con antelación corresponde al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, cuyo, con registro 2015687 contenido es: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad. Por lo anterior, envíese la demanda al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole acusar el recibo de estilo e informe la determinación que tenga a bien tomar. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del numeral 2° de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que señala. SEÑALAMIENTO DE AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa la impetrante en el proemio de la demanda por tratarse de la clase trabajadora. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    VI) NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

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