Hugo Alejandro Murua Rico
Expediente 208/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/02/2022
Partes del expediente
- Hugo Alejandro Murua Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/azv
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTIOCHODE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020, a fin de dar trámite y seguimiento sólo a los asuntos calificados como "urgentes" así como a los casos de excepción ahí previstos; por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales en el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, en la Circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, se determinó que la actividad jurisdiccional se sujetaría a las reglas establecidas en Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020, hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, SE ORDENA REANUDAR EL PROCEDIMIENTO. Ahora, visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las trece horas del veintinueve de octubre de dos mil veinte, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 208/2020-VIII, sin la comparecencia personal de las partes A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y documentales anexas; b) informes justificados rendidos por las autoridades responsables Oficial Mayor y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California y el Secretario Técnico adscrito a dicha Comisión y documentales exhibidas por la citada Comisión (con las que se formó el tomo I de pruebas); c) constancia de emplazamiento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, d) constancias de notificación a las partes, respecto del proveído de cuatro de agosto del presente año, en el que se reanudó el procedimiento. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que se con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto. Sin pruebas pendientes por proveer o desahogar, se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas que anteceden, se levanta la presente acta para constancia, procediendo el Titular a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 208/2020-VIII, promovido por Hugo Alejandro Murúa Rico, por su propio derecho, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Hugo Alejandro Murúa Rico, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que, previa aclaración de su denominación, a continuación se precisan: Autoridades responsables Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, Secretario Técnico adscrito a dicha Comisión, Oficial Mayor y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, todos con sede en esta ciudad. Actos reclamados "PRIMERO: se reclama de las autoridades responsables la vulneración de los artículos 132, 149, y 150 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, mismos que refieren a los derechos de los miembros, la suspensión preventiva y la reintegración de los derechos que fueron privados una vez levantada dicha suspensión preventiva. SEGUNDO: se reclama a las autoridades responsables, Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana y Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, la determinación de no pronunciarse en favor de que se realice el pago de las prestaciones que dejé de percibir con motivo de la suspensión preventiva decretada dentro del procedimiento administrativo E-061/CSPC/2017, así como la negativa de girar las instrucciones necesarias a la Oficialía Mayor de Tijuana y a la Tesorería Municipal de Tijuana para realizar dicho pago en virtud de que se determinó, mediante resolución definitiva, la prescripción de las facultades sancionadoras de dicha Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana y, por ende, LA NO RESPONSABILIDAD del suscrito." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinente, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 208/2020-VIII; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional respectiva. Cuarto. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los plazos y términos del presente asunto fueron suspendidos, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte. El cuatro de agosto del año en curso, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó reanudar el procedimiento en este juicio, lo que se comunicó personalmente a la totalidad de las partes. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La determinación dictada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente E-061/CSPC/2017, en la que se negó el pago de las prestaciones correspondientes al periodo en el que el quejoso se encontraba suspendido preventivamente y, en vía de consecuencia, la negativa de girar instrucciones para que se realicen los pagos respectivos. Tercero. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Oficial Mayor y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, consistente en la determinación dictada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente E-061/CSPC/2017, en la que se negó el pago de las prestaciones correspondientes al periodo en el que el quejoso se encontraba suspendido preventivamente y, en vía de consecuencia, la negativa de girar instrucciones para que se realicen los pagos respectivos, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Por el contrario, de la documental que el promovente anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en copia simple, precisamente, de la determinación de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, probanza concatenada con las diversas documentales exhibidas por la Comisión responsable, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que fue únicamente la diversa autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, quien emitió dicho pronunciamiento. Por tanto, al estar demostrado que no fueron las autoridades responsables Oficial Mayor y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, quienes dictaron la determinación de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente E-061/CSPC/2017, es inconcuso que -como se indicó- no son ciertos los actos que se les reclaman. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión que, en su caso, eventualmente dichas autoridades puedan estar vinculadas con el pago de las prestaciones que refiere el promovente. Ello es así, pues en el presente juicio el quejoso reclama es la negativa -por parte de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California- de ordenar el pago de las prestaciones que dejó de recibir durante el periodo de suspensión preventiva; de manera que, precisamente por el sentido de la determinación reclamada, por el momento, no existe ninguna obligación de pago a cargo de las autoridades municipales y, por ende, tampoco actuación u omisión atribuible a ellas. De igual forma, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretario adscrito a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, por sí, consistente en la emisión de la determinación de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, ya que -como se demostró- tal pronunciamiento fue emitido por la citada Comisión como órgano colegiado. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables Oficial Mayor y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Secretario adscrito a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en términos del artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, consistente en la determinación dictada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente E-061/CSPC/2017, en la que se negó el pago de las prestaciones correspondientes al periodo en el que el quejoso se encontraba suspendido preventivamente y, en vía de consecuencia, la negativa de girar instrucciones para que se realicen los pagos respectivos, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, dicha certeza quedó corroborada con las documentales que exhibió, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el expediente E-061/CSPC/2017, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto. No obstante la existencia del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que aquel fue consentido tácitamente, como a continuación se verá. El numeral invocado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado, se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que se menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Ahora bien, en el caso concreto, tanto de las documentales exhibidas por el quejoso, como por la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California -previamente valoradas- se desprende que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se notificó personalmente al quejoso la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, dicha notificación surtió efectos el mismo día, por lo que el plazo de quince días previsto en el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo, comprendió del cuatro al veinticinco de febrero de dos mil veinte, descontándose los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero de dos mil veinte, por haber sido sábados y domingos, así como el tres y cinco de febrero por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para mayor claridad, se propone la siguiente representación gráfica. ENERO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Notificación y surte efectos FEBRERO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 Inhábil 4 Día 1 5 Inhábil 6 Día 2 7 Día 3 8 9 10 Día 4 11 Día 5 12 Día 6 13 Día 7 14 Día 8 15 16 17 Día 9 18 Día 10 19 Día 11 20 Día 12 21 Día 13 22 23 24 Día 14 25 Día 15 26 27 28 29 Es pertinente destacar que no se opone a la anterior conclusión que el diverso artículo 212 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad para el Municipio de Tijuana, Baja California, establezca que las notificaciones surtirán efectos el día siguiente de que se practiquen, toda vez que, al tratarse de una disposición reglamentaria de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California no puede contrariar, precisamente, la norma de la que deriva. En efecto, la importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el principio de legalidad preceptúa que no puede existir un reglamento independiente en el ordenamiento jurídico, al ser necesaria una ley previa; así, en atención a dicho principio, los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de subordinación jerárquica al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, o detalle y en las que encuentra su justificación y medida, de manera que el reglamento no puede contrariar una disposición contenida en la ley de la que deriva, so pena de incumplir con dicho principio. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a. I/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil setecientos setenta, tomo II, libro quince, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de febrero de dos mil quince, Décima Época, registro 2008434, que señala: "PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. SE VULNERA CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARÍA UNA LEY DISTINTA A LA QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA CUAL GUARDA VINCULACIÓN. La importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el principio de legalidad preceptúa que no puede existir un reglamento independiente en el ordenamiento jurídico, al ser necesaria una ley previa; así, en atención a dicho principio, los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de subordinación jerárquica al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, o detalle y en las que encuentra su justificación y medida. Sin embargo puede darse el caso en que un reglamento viole una ley distinta de las que reglamenta en forma específica y con ello puede infringir el principio en comento; de ahí que para hacer valer su inconstitucionalidad, debe argumentarse que excede el alcance de la Ley, y para ello puede partirse de aquella que el reglamento desarrolla complementa o detalla, o bien, de aquella otra con la que tenga vinculación por la materia regulada. Amparo directo en revisión 2485/2014. Oplex, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 30/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil quinientos quince, tomo XXV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de dos mil siete, Novena Época, registro 172521, que señala (énfasis añadido): "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición. Acción de inconstitucionalidad 36/2006. Partido Acción Nacional. 23 de noviembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz, Marat Paredes Montiel y Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 30/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete." Entonces, si del numeral 1º del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad para el Municipio de Tijuana, Baja California, se advierte que tal disposición reglamentaria tiene por objeto regular los procedimientos del Sistema de Desarrollo Policial para los Miembros de la Secretaría, en los términos de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, es inconcuso que, precisamente, por su naturaleza no puede contrariar el contenido de la citada ley estatal. Por consiguiente, aplicando el principio de subordinación jerárquica, como se anticipó, para efectuar el cómputo aludido, debe tomarse en consideración lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y no lo establecido en la disposición reglamentaria del Municipio de Tijuana; de ahí, que el contenido del numeral 212 citado resulte inaplicable en el caso concreto. Aunado a lo anterior, cabe señalar que, en el caso concreto, no resulta procedente acudir al principio pro persona, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que dicho principio opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Por tanto, si en el caso concreto, precisamente atendiendo al principio de subordinación jerárquica la disposición prevista en el artículo 212 del reglamento aludido, no es aplicable al caso concreto, es inconcuso que para resolver la multicitada antinomia, no puede acudirse al principio pro persona. Únicamente en forma ilustrativa, se cita la tesis 1a. CCVII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos setenta y ocho, tomo I, libro sesenta y uno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, registro 2018781, que señala (énfasis añadido): "PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Así, es importante que tanto las normas entre las que se elige como las interpretaciones que se pretendan comparar sean aplicables en el primer caso y plausibles en el segundo, por ser el resultado de técnicas válidas de interpretación normativa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 104/2013 (10a.) y 1a./J. 10/2014 (10a.), sostuvo que el principio pro persona no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de impugnación, aunque sí exige que su interpretación se realice en los términos más favorables a las personas. Lo anterior, refleja que el principio pro persona debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos de cada una, según se encuentren en juego en un asunto, mientras que su falta de utilización puede ser reclamada en juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener para la tutela de un derecho humano. Amparo en revisión 271/2016. Marlene Prada Bautista. 5 de abril de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta." Además, debe tenerse presente que la aplicación del principio pro persona no puede tener el alcance de desconocer los diversos principios que contempla la Constitución, por lo que se estima que, de considerar procedente la aplicación del multicitado numeral reglamentario, este órgano jurisdiccional estaría desconociendo el diverso principio constitucional de subordinación jerárquica y, por ende, a su vez, se contravendría el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; de ahí que, se insiste, el multicitado principio contenido en el artículo 1º del texto constitucional, no es apropiado para resolver la contradicción de normas en estudio. Entonces, si el escrito inicial de demanda se presentó el veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, como se advierte de la papeleta de turno respectiva, es inconcuso que la presentación resulta extemporánea. Por ende, al no haberse presentado la demanda dentro del plazo de quince días aludido, debe concluirse que la parte consintió tácitamente el acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hugo Alejandro Murúa Rico, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/Acma
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