Hugo Alejandro Díaz Figueroa

Expediente 744/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
744/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Hugo Alejandro Díaz Figueroa
  • Secretaría de Gobernación. Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de las autoridades responsables, habida cuenta que conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese por lista y oficio. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo número 744/2019-II, promovido por Hugo Alejandro Díaz Figueroa, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado en este Juzgado de Distrito el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, Hugo Alejandro Díaz Figueroa, promovió juicio de amparo indirecto en el que como autoridades responsables y acto reclamado, señalaron lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Secretaría de Gobernación. 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 3. Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación en el estado de Tamaulipas, con domicilio conocido en la Ciudad de Laredo, Tamaulipas. 4. Encargado de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación (Estación Migratoria en Matamoros, Tamaulipas). Ejecutoras 5. Titular de la Estación Migratoria en la Ciudad de México. -Agujas- del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Con sede en la Ciudad de México. 6. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 7. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, Puerta 10. 8. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, Sala "k", Planta Alta Salidas Internacionales 10. Todas con sede en Ciudad de México. Acto reclamado: "LA ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DEL PAIS Y LA ILEGAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O LA ILEGAL DETENCIÓN EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO" A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1. La Orden de Deportación y/o expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra del hoy quejoso. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS 1. El cumplimiento de la orden de Deportación y/o Expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra del hoy quejoso." (Sic) Segundo. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 744/2019-II; la admitió a trámite; dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues los quejosos señalan como acto reclamado la retención ilegal de su persona en la estación provisional migratoria ubicada en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que el acto que el quejoso Hugo Alejandro Díaz Figueroa, reclama consiste en: La orden de deportación, así como la ilegal retención de su persona. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En relación a la orden de deportación, las autoridades responsables denominadas 1) Secretaría de Gobernación; 2) Comisionado del Instituto Nacional de Migración; 3) Director de la Estación Migratoria, todos con sede en Ciudad de México; 4) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y 5) Subdirector de Área en suplencia de la Encargada de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad; al rendir sus informes justificados negaron la existencia de tal acto reclamado por la parte quejosa. En cuanto a la ilegal retención de los impetrantes, las autoridades responsables denominadas Secretaría de Gobernación; Comisionado del Instituto Nacional de Migración; Director de la Estación Migratoria, todos con sede en Ciudad de México; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; al emitir sus comunicados negaron tal acto reprochado. El agraviado no desvirtuó esas negativas con pruebas en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, por lo que hace a las autoridades responsables denominadas: 1. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 2. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, Puerta 10; 3. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, Sala "k", Planta Alta Salidas Internacionales 10; con el fundamento legal apuntado en párrafos precedentes, también debe sobreseerse en el juicio por lo que a dichas responsables refiere, pues fueron declaradas como inexistentes, lo cual tiene como consecuencia que el acto que se les reprocha, igualmente sea inexistente. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando el Subdirector de Área en suplencia de la Encargada de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que el quejoso Hugo Alejandro Díaz Figueroa, al momento de presentarse la demanda se encontraba alojado en la estación migratoria por instrucciones de dicha responsable; esto es, la negativa se encuentra desvirtuada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, Hugo Alejandro Díaz Figueroa, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fue puesto en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, pero, atento a lo acordado en once de octubre de dos mil diecinueve (fojas 77 y 78), se tiene que el quejoso en mención dejó de cumplir con las medidas de seguridad, sin que exista constancia de que la autoridad responsable haya tenido contacto nuevamente con él, pues se encuentra evadido de su jurisdicción. Entonces, si Hugo Alejandro Díaz Figueroa, fue puesto en libertad, y posteriormente dejó de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional, y además, no se tiene noticia de que se encuentre interno en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que le aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, reprochado a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 744/2019-II promovido por Hugo Alejandro Díaz Figueroa, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa respecto a la inexistencia de la autoridad responsable que denominó "Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México", el cual se le notificó por lista el ocho de los corrientes. En consecuencia, a fin de no transgredir la garantía de defensa que le asiste al agraviado, se hace necesario diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su celebración las once horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista y por oficio. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el comunicado número de folio 123, signado por la administradora de Telégrafos en esta ciudad, por medio del cual informa que nuestro oficio telegráfico 25101/2019, enviado a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó "Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con asiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no fue posible su entrega, toda vez que no existe esa autoridad. Consecuentemente, ante la noticia proporcionada por la oficina pública de comunicaciones reseñada en el párrafo que antecede, a fin de agilizar el trámite en este asunto, y en aras de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dése vista a la agraviada para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de tal autoridad; apercibida que de no pronunciarse al respecto, se tendrá por inexistente a la misma, pues de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, está obligada a señalarlas con precisión (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo). Por las consideraciones que la conforman, resulta aplicable la jurisprudencia XIII.P.A.J/8, materia constitucional común, publicada en la página 2341, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 03, Tomo II, del mes de febrero de 2019, que dice: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, respecto a la correspondencia devuelta por el Departamento de Correos de México de esta localidad, referente a los oficios 20751/2019 y 20752/2019, dirigidos a los Delegados Locales del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, sólo agréguense al expediente, ya que en proveído de once de octubre del año en curso, se tuvieron por inexistentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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