Hugo Aldaco Perez
Expediente 686/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hugo Aldaco Perez
Actuaciones
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, remitidos por diversas autoridades penitenciarias; en atención a su contenido glósense sin mayor proveído, toda vez que por auto de diecisiete de septiembre del año en curso, causó estado al determinación por la que se desechó la demanda de amparo motivo de este sumario, por lo que en esa data se ordenó el archivo del expediente en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, por medio del cual remite diversas constancias relativas a este sumario, sin lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de diecisiete de los actuales, causó estado el proveído por el que se desechó la demanda de amparo motivo de este expediente, por lo que en esa fecha se ordenó su archivo. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. DESTINO DEL EXPEDIENTE Este sumario carece de relevancia documental y no contiene valores, ni documentos originales exhibidos por las partes; es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA Vista la boleta de turno 010229/2021, a la que se adjunta el oficio 12943/2021 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado Quintana Roo, con residencia en Chetumal y el juicio de amparo 623/2021 del índice de ese Juzgado; fórmese y regístrese en el libro de gobierno con el número 686/2021. COMPETENCIA En atención a las razones que sostiene Juez Primero de Distrito en el Estado Quintana Roo, el suscrito se avoca al conocimiento del presente asunto, promovido electrónicamente por . en favor de .se dice- en términos de los artículo 3 y 15 de la Ley de Amparo, contra actos del Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES Con fundamento en el artículo 17, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se convalidan las actuaciones practicadas por el juzgado declinante, en lo que no se oponga a la siguiente determinación. DESECHAMIENTO En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica. El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que resiente la afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, salvo las excepciones enmarcadas en la propia ley de la materia. Es decir, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, respecto de la demanda presentada electrónicamente por . en favor de ., porque no se actualiza el principio de "instancia de parte agraviada". Lo anterior es así, puesto que el promovente no tiene legitimación activa en términos de la Ley de Amparo para instar la acción constitucional en nombre del agraviado, cuya esfera jurídica es la que, en todo caso, resentiría una afectación por los actos reclamados. La norma es clara en los citados preceptos: la legitimación para promover el amparo está acotada a que sea directamente la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en su artículo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, lo que en el caso no se actualiza, pues no ocurre a esta instancia directamente ., ni representante o apoderado legal. Cierto, existe una excepción a todo lo anteriormente expuesto, ¿cuál?, la relativa a cuando se promueve el amparo en los términos del diverso 15 de dicha disposición normativa, en cuyo caso, cuando se hace de manera electrónica, no es exigible que la demanda se presente con firma electrónica, en términos de los artículos 3 y 109 de la Ley de Amparo. El artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en cuyo caso el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, logrado esto, requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Y es precisamente en ese espacio de oportunidad que . pretende promover la demanda de amparo en favor de .. Precisado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia? La respuesta es No. Veamos: En su demanda de amparo, . reclama en nombre de ., interno en la Penitenciaría de la Ciudad de México, como acto concreto de autoridad: la omisión de aplicar una medicación correcta, de valorar correctamente sus padecimientos y de canalizarlo a las áreas especializadas para el tratamiento pertinente y eficiente de los mismos, lo que dice, pone en riesgo su salud y, por ende, su vida. Empero, esas omisiones relacionadas con la falta de debida atención médica al interno ., no se ubica en alguno de los supuestos a que refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni por equiparación, ya que no constituyen per se una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en todo caso vulneraciones indirectas al derecho a la salud, susceptibles de tutelarse y resolverse por las autoridades ordinarias. Lo anterior, pues la alegadas transgresiones tienen relación directa con la obligación ordinaria de las autoridades penitenciarias de tutelar los derechos humanos del inconforme en el centro de reinserción social en que se halle, mediante la administración penitenciaria y el servicio médico y, en general, de las medidas pertinentes para garantizar la vida digna de aquél en ese lugar, para lo cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el procedimiento ordinario por el que las autoridades penitenciarias y judiciales deben atender y resolver sobre la negativa a tutelar esas prerrogativas. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 230, de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostiene que: ? Condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, la prestación del servicio médico o la asistencia médica. ? Cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entre los que se encuentran la falta de prestación de servicio o asistencia médica, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que le prevé la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo. ? Dicho mecanismo ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda, cuya resolución puede apelarse en caso de considerarse que vulnera sus derechos, modificándose, revocándose o confirmándose. ? Cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes. Asimismo, establece que, contra la respuesta del juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. ? El mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Por todo lo anterior, esa Primera Sala determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entre las que se encuentran relacionadas la falta de atención o servicio médico, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución. Haciendo la precisión de que, si la persona privada de su libertad promueve la acción constitucional sin previamente haberlo agotado, atento al principio de definitividad, provocará que en el juicio de amparo se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Incluso, tales consideraciones las reiteró al fallar la contradicción de tesis 304/2018, en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, entre el criterio sustentado por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito1 y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito2, cuya litis a resolver radicaba en determinar si las personas internas en un centro de reinserción social, al reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, como la falta o negativa de atención médica, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deben agotar los mecanismos de control establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y si bien resolvió dejarla sin materia, esto obedeció a que el punto medular de contradicción fue resuelto precisamente en la contradicción de tesis 57/2018, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, emite la siguiente: R E S O L U C I Ó N 1 El contenido en la jurisprudencia PC.III.P J/18 publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, tomo II, página 1701, de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO". 2 Al resolver el resolver el amparo en revisión 225/2018, del que posteriormente derivaría la tesis II.2o.P.78 P (10a.) publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2594, de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, CON CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES O FATALES QUE PONGAN EN RIESGO SU VIDA, SU SALUD O SU INTEGRIDAD FÍSICA, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Mediante la que se dirime la contradicción de tesis 304/2018, cuyo probable tema consiste en determinar si las personas internas en un centro de reinserción social, al reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, como la falta o negativa de atención médica, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deben agotar los mecanismos de control establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. I. ANTECEDENTES 1. Denuncia de la contradicción. Los magistrados Andrés Pérez Lozano, José Nieves Luna Castro y Adalid Ambriz Landa, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, denunciaron la posible contradicción entre el criterio que sustentaron al resolver el amparo en revisión 225/2018, frente al que sostuvo el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, al resolver la contradicción de tesis 1/2018.. V. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER 37. Esta Primera Sala considera que, pese a que sí existe la divergencia entre los criterios señalados, la presente contradicción de tesis ha quedado sin materia, en virtud de que el punto contradictorio del que se ocuparía el estudio del asunto, ya fue definido por este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 57/2018, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 38. En efecto, constituye un hecho notorio para esta Primera Sala, en los términos que prevé el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, que en la fecha indicada se resolvió el asunto en cita, cuyo punto contradictorio consistió en determinar si ¿Las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal? y ¿En términos del artículo 61 de la Ley de Amparo cuál es la causa de improcedencia que para tales supuestos se actualiza en el juicio de amparo si el interno no agotó dicho procedimiento? 39. En la ejecutoria dictada en aquel asunto, esta Primera Sala estimó que sí existía la contradicción de tesis denunciada y consideró que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio siguiente: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. [.] 40. Ahora, acorde con lo antes expuesto, el tema de contradicción entre los criterios que integran este asunto es sustancialmente igual al que se resolvió en la diversa contradicción de tesis 57/2018 y en el mismo se resolvió el punto de contradicción que detonó la contradicción de tesis que nos ocupa. 41. Lo anterior se afirma, en primer lugar, porque en su ejecutoria se explicó, entre otras cosas, qué debe entenderse de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal por condición de internamiento, lo anterior, se dijo, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. 42. Así, en la ejecutoria que dio origen a la citada contradicción se dijo que: "condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal". 43. De igual modo, en la citada ejecutoria se sostuvo que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entre los que se encuentran la falta de prestación de servicio o asistencia médica, conforme a lo que se explicó que debe entenderse por condiciones de internamiento y que es tema medular que surgió en la presente contradicción de tesis, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 44. Asimismo, se sostuvo que ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. 45. De igual modo, se dijo que el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. 46. También se expuso que el mecanismo ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda. Asimismo, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. 47. De igual forma, se determinó que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes. Asimismo, establece que contra la respuesta del juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. 48. También, se dijo que el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. 49. Con motivo de ello, esta Primera Sala determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento -entre las que se encuentran la falta de atención o servicio médico- antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. 50. Para ello, en la ejecutoria de mérito se hizo la precisión de que si la persona privada de su libertad promueve la acción constitucional sin que previamente haya agotado dicho mecanismo de control, atento al principio de definitividad, esto provocará que en el juicio de amparo se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. 51. Por último, en la ejecutoria de la Contradicción de Tesis 57/2018, se sostuvo que el citado criterio busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. 52. Asimismo, se dijo que con dicha resolución cobraba sentido uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los jueces penales correspondientes. 53. De lo antes expuesto resulta evidente que el punto medular de contradicción fue resuelto ya por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción antes citada. De hecho, robustece lo anterior, que al examinar los argumentos que se dieron para tener por existente la Contradicción de Tesis 57/2018 se dijo que no se soslayaba la existencia de la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, Décima Época, publicada el siete de septiembre de 2018, de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO", siendo esta jurisprudencia uno de los criterios que contienden en la presente contradicción. 54. Sin embargo, en la citada ejecutoria se dijo que ello no conducía a declarar sin materia la contradicción de tesis de que se trataba, respecto al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, pues del contenido de la contradicción se apreciaba que su análisis se focalizó a cuestiones de omisión en atención médica, no en sí a todas las de internamiento que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, como sería la omisión de entregar calzado deportivo o artículos de higiene personal como aconteció en otros de los casos examinados por los tribunales contendientes en dicho asunto, por lo que el problema central aún subsistiría para dicho tribunal; y, por el otro, porque el citado Pleno de Circuito no habría especificado cuál era la causa que se actualizaba en tales supuestos, subsistiendo el segundo problema que se resolvió en la citada contradicción de tesis 57/2018. 55. En tal virtud, si la denuncia de la contradicción de tesis en estudio se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, y esta Primera Sala definió el tema de contradicción respectivo al resolver la diversa Contradicción de Tesis 57/2018, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; entonces, la presente contradicción de tesis ha quedado sin materia, pues sobre la cuestión que originó la divergencia de criterios prevalece el criterio fijado en jurisprudencia por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumentos que corroboran la premisa de que, las omisiones y/o negativas relacionadas con la falta de debida asistencia o atención médica, que ocasionan afectación a las condiciones de internamiento del accionista de amparo, no se ubican en alguno de los supuestos a que refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni por equiparación, ya que no constituyen per se una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que de estimarse lo contrario, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubiese resuelto que deben ser materia del procedimiento recursivo que prevé la ley especial; y, aun cuando lo anterior, es suficiente para en el caso exigir que el quejoso sea quien suscriba la demanda por propio derecho, se suma que de la demanda de amparo no se advierte que este último se encuentre imposibilitado para hacerlo. Por lo que, no se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia. Y, el hecho de que en la demanda se refiera que la omisión de aplicar una medicación correcta a ., de valorar correctamente sus padecimientos y de canalizarlo a las áreas especializadas para el tratamiento pertinente y eficiente de los mismos, a consideración del promovente, pone en riesgo su salud y, por ende, su vida, o bien que se traduce en tormentos o penas inusitadas o trascendentales, contrario a lo que sostiene, ello no las trasmuta o equipara por sí a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, pues además de que se trata de una apreciación subjetiva, la naturaleza de los actos se precia de acuerdo a sus componentes, no a sus posibles consecuencias; estimar lo contrario, llevaría al absurdo que cualquier acto de autoridad, por estimarse que puede poner en riesgo valores de suma importancia, como la vida, la salud e integridad, ya por sí se catalogarían como de los proscritos por esos numerales. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de "instancia de parte agraviada", ni acreditarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, la cual resulta manifiesta e indudable atendiendo a las razones que anteceden, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la acción constitucional planteada en contra de los referidos actos de autoridad. De la parte promovente Toda vez que el promovente . no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente auto por lista de acuerdos.. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" Se le exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá expresamente solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere proponga formas especiales y expeditas de contacto, como servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee; por lo que, llevará a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente.
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