Hugo Alberto Valdez Jimenez

Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
236/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Hugo Alberto Valdez Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo signada por el licenciado Buenaventura Jaime España Ortiz, apoderado legal de Hugo Alberto Valdez Jiménez, personalidad que se le reconoce por así acreditarlo con copia de la carta poder otorgada por el directo quejoso en fecha veinticuatro de marzo actual, contra actos de la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 236/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Así, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama la abierta dilación en el trámite del juicio laboral promovido por el hoy quejoso ante la responsable, que se sigue bajo el expediente número OPDJE4-06-38/2021, por falta del dictado de resolución interlocutoria que resuelva el incidente de acumulación que promovió el tercero interesado, ya que, a pesar del tiempo en exceso transcurrido, no ha sido resuelto, cuando que desde el día 08 de marzo de 2022, el expediente quedó integrado para ello. Así mismo se señalan como como actos reclamados las ulteriores diligencias que se requieran en el trámite propio del juicio laboral de origen, en donde la autoridad responsable debe ceñir sus actuaciones dentro de los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir la sustanciación del juicio con el dictado del laudo, concretamente, la programación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial bifásica de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, y que debe programar y señalar dentro del plazo y termino que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. " En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción II, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los preceptos transcritos se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procede contra omisiones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ?como ocurre en la especie?, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, debido a que la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, salvo que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De dicha resolución derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, localizable en el libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, registro 2011580, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Asimismo, la propia Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, al resolver la diversa contradicción de tesis 294/2018, determinó para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, deben transcurrir más de 45 días naturales, a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. De dicha resolución derivó la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019, localizable en el libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1643, registro 2019400, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Precisado lo anterior, en la especie tenemos que el directo quejoso presentó demanda por despido justificado ante la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, misma que quedó radicada con el expediente OPDJE4-06-38/2021, ahora bien, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que tuvo verificativo el ocho de febrero de dos mil veintidós, la paraestatal de mérito, promovió incidente de acumulación, al advertirse la existencia del diverso juicio OPDJE4-11-48/2020, donde figuran las mismas partes, la autoridad responsable admitió la incidencia y señaló las once horas del ocho de marzo de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia incidental, en la que se turnó a proyecto tal incidencia. Sobre el particular, los artículos 763 y 770 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. [.]" "Artículo 770. Para la tramitación y resolución de la acumulación, se observarán las normas contenidas en los artículos 761 al 765." De lo anterior, se colige que una vez desahogada la audiencia incidental, inmediatamente se deberá resolver lo planteado; sin embargo, a la fecha de presentación de su demanda de amparo (veintiocho de marzo de dos mil veintidós), la responsable había sido omisa en resolver el incidente de acumulación promovido por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, empero, únicamente han transcurrido veinte días naturales a fin de resolver la incidencia planteada; de ahí que constituye una violación intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso, y por ende, deviene improcedente el juicio de amparo en que se actúa, pues dicho lapso resulta mucho menor al de cuarenta y cinco días naturales que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DESECHAMIENTO. En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por el licenciado Buenaventura Jaime España Ortiz, en su carácter de apoderado legal de Hugo Alberto Valdez Jiménez, contra actos de la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. En el entendido de que quedan expeditos los derechos del quejoso para promover el medio ordinario o extraordinario de defensa que proceda, en caso de que subsista la dilación reclamada, al grado de constituir una abierta dilación o la paralización total del procedimiento de responsabilidad administrativa de origen, en los términos expuestos en el presente proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Aquiles Serdán, número 2436, colonia Centro, en esta ciudad; y para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, como autorizado al licenciado Buenaventura Jaime España Ortiz, quien tiene su cédula profesional 2064106, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír e imponerse de los autos a Jaime España González, Jayr España González y Karla Elizabeth Landeros Bueno, por no contar con dicho requisito. Asimismo; se autoriza al promovente, el nombre de usuario Jespana con la finalidad de que puedan acceder al electrónico deducido de este juicio y pueda promover en los términos en que fue previamente autorizado por la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3°, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 . TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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