Hugo Alberto Ramos Pérez

Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
389/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Hugo Alberto Ramos Pérez
  • Hugo Alberto Ramos Pérez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 3. Órgano Prosecutor de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 4. Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 5. Unidad de Asuntos Internos del Área de Investigación Interna de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 389/2021-1-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: a) El acuerdo de inicio de archivo de investigación ***, por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza certificados en el Estado. b) El oficio ***, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones. Al respecto, esta juzgadora estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". Del dispositivo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del peticionario; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien, en el segundo, por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, el quejoso debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asimismo, el criterio 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉSJURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de epígrafe "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN". Establecido lo anterior, conviene retomar que los actos reclamados en el presente juicio se hacen consistir en a) el acuerdo de inicio de archivo de investigación ***, por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza certificados en el Estado, y b) el oficio ***, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones. Ahora bien, a efecto de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia invocada respecto del acto impugnado marcado en el inciso a), resulta necesario remitirse a los artículos 22, 23, 24, 52, 55, 56 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que establecen lo siguiente: "Artículo 22.- El Órgano Prosecutor a través del Área de Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría, será la encargada de recibir las quejas o denuncias por hechos que puedan constituir faltas a la disciplina en que incurran los integrantes, así como de llevar a cabo las investigaciones pertinentes e integrará el Archivo de Investigación, el cual será turnado a la Comisión para su fallo final. Artículo 23.- Cualquier persona podrá formular quejas o denuncias ante el Órgano Prosecutor, de manera verbal o por escrito, derivado de hechos que pudiera constituir faltas a la disciplina en los que incurran los integrantes de la Secretaría. La queja o denuncia deberá contener como datos esenciales, el nombre del agraviado, edad, género, ocupación o profesión, domicilio, número telefónico en su caso, y describir de manera sucinta los hechos en que se funde la misma, especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así también el nombre y cargo del o de los agentes comisores que intervinieron o, en caso de no conocerlos, los datos mínimos que lleven a su identificación. El Órgano Prosecutor podrá iniciar de oficio Archivo de Investigación, cuando tenga conocimiento por cualquier otro medio de hechos que puedan ser constitutivos de faltas disciplinarias. Artículo 24.- El Órgano Prosecutor procederá de inmediato a integrar el Archivo de Investigación con la información y documentación relacionada con los hechos materia de la presunta falta, así como solicitar a los titulares de las corporaciones de la Secretaría, y a las autoridades correspondientes, los datos que estime necesarios para la debida investigación de los hechos. Los titulares de las órganos que integran la Secretaría, están obligados a hacer comparecer ante el Órgano Prosecutor, a los integrantes que éste le solicite, así como a proporcionarle toda la información y documentación requerida. Todos los requerimientos y conclusiones que realice el Órgano Prosecutor deberán ser fundados y motivados. Artículo 52.- La etapa de investigación inicia por la queja, denuncia o cualquier otro medio de información, mediante el cual se informe al Órgano Prosecutor de un hecho que considere como falta disciplinaria, a lo que se avocará a la integración del Archivo de Investigación, conteniendo su acuerdo de radicación por lo menos los siguientes datos: (.) VII. Cuando exista denuncia y tenga conocimiento de la comisión de una falta disciplinaria deberá actuar de oficio. Artículo 55.- Cuando el Órgano Prosecutor finalice las diligencias tendientes a la recopilación de datos o medios de prueba, para la integración del Archivo de Investigación, deberá determinar, si se acreditan o no las faltas disciplinarias. Artículo 56.- Si como resultado de la investigación se desprende que no existen suficientes elementos para tener por acreditada la existencia de una falta disciplinaria, el Órgano Prosecutor remitirá el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, a fin de que este autorice el archivo definitivo de la investigación. Si de la información obtenida a juicio del Órgano Prosecutor, se desprenden suficientes elementos para tener por acreditada la comisión de una falta disciplinaria, remitirá mediante oficio el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, para que inicie el Procedimiento Disciplinario Adversarial en contra del o de los integrantes que hayan incurrido en la comisión de una falta. De los numerales transcritos se colige que la etapa de investigación inicia por la queja, denuncia o cualquier otro medio de información, mediante el cual se informe al Órgano Prosecutor de un hecho que considere como falta disciplinaria, a lo que se abocará a la integración del Archivo de Investigación, una vez integrado será turnado a la Comisión de honor y justicia, para su fallo final, cualquier persona podrá formular quejas o denuncias ante el Órgano Prosecutor, de manera verbal o por escrito, derivado de hechos que pudiera constituir faltas a la disciplina en los que incurran los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dicho Órgano podrá iniciar de oficio Archivo de Investigación, cuando tenga conocimiento por cualquier otro medio de hechos que puedan ser constitutivos de faltas disciplinarias Cuando el Órgano Prosecutor finalice las diligencias tendientes a la recopilación de datos o medios de prueba, para la integración del Archivo de Investigación, deberá determinar, si se acreditan o no las faltas disciplinarias. Si no existen suficientes elementos para tener por acreditada la existencia de una falta disciplinaria, el Órgano Prosecutor remitirá el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión de honor y justicia, a fin de que este autorice el archivo definitivo de la investigación, si se desprenden suficientes elementos para tener por acreditada la comisión de una falta disciplinaria, remitirá mediante oficio el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, para que inicie el Procedimiento Disciplinario Adversarial en contra del o de los integrantes que hayan incurrido en la comisión de una falta, que acordara la admisión, asignará el número que le corresponda, señalará fecha y hora para la audiencia de ley y ordenará la notificación del agente comisor. Expuesto lo anterior, resulta evidente que el archivo de investigación abierto en contra del quejoso, no constituye un acto que le irrogue perjuicio, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. Ello es así, pues las actuaciones generadas en la fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento disciplinario adversarial, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. En efecto, el inicio del archivo de investigación no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el particular, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual está supeditado a la existencia de elementos suficientes para tener por acreditada la falta disciplinaria atribuida al inconforme. Es aplicable, por las razones que informa, la tesis XV.4o.5 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES". Ahora, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en b) el oficio ***, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones, los numerales 3, 21, 22, 26, 58 y 59, de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, establecen lo siguiente: "Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: (.) VI. Integrantes: A los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que desempeñen funciones de carácter operativo o de servicios, vinculadas a la seguridad pública. (.) XIII. Servicio: A la actividad física o intelectual que desempeña un integrante de la Secretaría y que tiene asignada por ley, por contrato o por un actuar precedente. (.) Artículo 21.- Se entiende por integrante a todo aquel personal que desempeña una función en cualquiera de las áreas de la Secretaría. Artículo 22.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de la Secretaría se sujetarán a las siguientes obligaciones: (.) XVI. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva. (.) Artículo 26.- Son requisitos de ingreso y permanencia para el personal perteneciente a la Secretaría: (.) De Permanencia: (.) VI. Aprobar los procesos de certificación y evaluación que aplique el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría. (.) Artículo 58.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Policías Preventivas del Estado se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. (.) Artículo 59.- La certificación tiene por objeto: I.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional. II.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de la Secretaría: a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables. b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos. c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas. e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público. f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley". Como se observa, la permanencia de los integrantes de cualquiera de las áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Policía Segundo, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, en el caso que interesa), está condicionada, entre otras cuestiones, a la aprobación de los procesos de certificación y evaluación que practica el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a sus derechos humanos. El proceso de evaluación es el instrumento que permite emitir una opinión respecto de las cualidades que poseen los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tales procesos llevan la finalidad de comprobar que la persona evaluada tiene el perfil y cuenta con la probidad necesaria para ingresar a la institución o, en su caso, permanecer en ella o ser promocionado a un puesto de mayor jerarquía. En el presente caso, el peticionario acude en su calidad de Policía Segundo, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, por lo que resulta evidente que la evaluación que en su caso se le aplique, lleva la finalidad de resolver su permanencia en el cargo. No obstante lo anterior, ha sido criterio reiterado por los tribunales de amparo que el procedimiento de evaluación realizado a un elemento de seguridad pública, por sí mismo, no causa una afectación una afectación real y directa a sus derechos, toda vez que para separarlo del servicio público no basta el resultado de esa evaluación, sino que además es indispensable sustanciar el procedimiento disciplinario adversarial previsto en el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19 de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Ello es así, pues la aplicación de la evaluación de control de confianza, no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos del aquí inconforme, pues impera el interés de la sociedad de que se cumplan con los requisitos que marca la ley; además de que no trasciende irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, pues incluso si el resultado le fuere desfavorable y no se vincula con la materialización de un acto en vía de consecuencia, sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito de permanencia, pero, en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio del procedimiento de baja. En efecto, para tener por acreditado el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado lesione algún derecho del que sea titular el peticionario de amparo; de manera que, el acto combatido en esta vía constitucional no afecta su interés jurídico, pues el oficio ***, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones, no trae su desincorporación inmediata de la institución, aunque los resultados le sean adversos, ya que es el procedimiento administrativo adversarial que en su caso se inicie en contra su contra, el acto que le irrogaría perjuicio a su esfera jurídica. Ilustra lo anterior, por las razones que indica, la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO". Asimismo, resulta aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia III.5o.A.55 A (10a.), de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA REALIZADO A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. LO TIENE ÉSTE SI RESULTÓ "NO APROBADO" Y, POR ELLO, SE AFECTARON LOS DERECHOS O PRESTACIONES QUE DISFRUTABA, AUN CUANDO NO SE TRATE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos, de conformidad con dicho numeral, a ***, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en dicho sistema, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY ED AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE:"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por XXXX, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 3. Órgano Prosecutor de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 4. Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 5. Unidad de Asuntos Internos del Área de Investigación Interna de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 389/2021-1-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: a) El acuerdo de inicio de archivo de investigación XXXX, por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza certificados en el Estado. b) El oficio XXXX, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones. ??????????????? Al respecto, esta juzgadora estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". Del dispositivo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del peticionario; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien, en el segundo, por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, el quejoso debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/20071, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, enero de 2008, materia común, página 225. Asimismo, el criterio2 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉSJURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis3 I.1o.A.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de epígrafe "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN". Establecido lo anterior, conviene retomar que los actos reclamados en el presente juicio se hacen consistir en a) el acuerdo de inicio de archivo de investigación XXX, por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza certificados en el Estado, y b) el oficio XXXX, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones. Ahora bien, a efecto de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia invocada respecto del acto impugnado marcado en el inciso a), resulta necesario remitirse a los artículos 22, 23, 24, 52, 55, 56 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que establecen lo siguiente: "Artículo 22.- El Órgano Prosecutor a través del Área de Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría, será la encargada de recibir las quejas o denuncias por hechos que puedan constituir faltas a la disciplina en que incurran los integrantes, así como de llevar a cabo las investigaciones pertinentes e integrará el Archivo de Investigación, el cual será turnado a la Comisión para su fallo final. Artículo 23.- Cualquier persona podrá formular quejas o denuncias ante el Órgano Prosecutor, de manera verbal o por escrito, derivado de hechos que pudiera constituir faltas a la disciplina en los que incurran los integrantes de la Secretaría. La queja o denuncia deberá contener como datos esenciales, el nombre del agraviado, edad, género, ocupación o profesión, domicilio, número telefónico en su caso, y describir de manera sucinta los hechos en que se funde la misma, especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así también el nombre y cargo del o de los agentes comisores que intervinieron o, en caso de no conocerlos, los datos mínimos que lleven a su identificación. El Órgano Prosecutor podrá iniciar de oficio Archivo de Investigación, cuando tenga conocimiento por cualquier otro medio de hechos que puedan ser constitutivos de faltas disciplinarias. Artículo 24.- El Órgano Prosecutor procederá de inmediato a integrar el Archivo de Investigación con la información y documentación relacionada con los hechos materia de la presunta falta, así como solicitar a los titulares de las corporaciones de la Secretaría, y a las autoridades correspondientes, los datos que estime necesarios para la debida investigación de los hechos. Los titulares de las órganos que integran la Secretaría, están obligados a hacer comparecer ante el Órgano Prosecutor, a los integrantes que éste le solicite, así como a proporcionarle toda la información y documentación requerida. Todos los requerimientos y conclusiones que realice el Órgano Prosecutor deberán ser fundados y motivados. Artículo 52.- La etapa de investigación inicia por la queja, denuncia o cualquier otro medio de información, mediante el cual se informe al Órgano Prosecutor de un hecho que considere como falta disciplinaria, a lo que se avocará a la integración del Archivo de Investigación, conteniendo su acuerdo de radicación por lo menos los siguientes datos: (.) VII. Cuando exista denuncia y tenga conocimiento de la comisión de una falta disciplinaria deberá actuar de oficio. Artículo 55.- Cuando el Órgano Prosecutor finalice las diligencias tendientes a la recopilación de datos o medios de prueba, para la integración del Archivo de Investigación, deberá determinar, si se acreditan o no las faltas disciplinarias. Artículo 56.- Si como resultado de la investigación se desprende que no existen suficientes elementos para tener por acreditada la existencia de una falta disciplinaria, el Órgano Prosecutor remitirá el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, a fin de que este autorice el archivo definitivo de la investigación. Si de la información obtenida a juicio del Órgano Prosecutor, se desprenden suficientes elementos para tener por acreditada la comisión de una falta disciplinaria, remitirá mediante oficio el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, para que inicie el Procedimiento Disciplinario Adversarial en contra del o de los integrantes que hayan incurrido en la comisión de una falta. De los numerales transcritos se colige que la etapa de investigación inicia por la queja, denuncia o cualquier otro medio de información, mediante el cual se informe al Órgano Prosecutor de un hecho que considere como falta disciplinaria, a lo que se abocará a la integración del Archivo de Investigación, una vez integrado será turnado a la Comisión de honor y justicia, para su fallo final, cualquier persona podrá formular quejas o denuncias ante el Órgano Prosecutor, de manera verbal o por escrito, derivado de hechos que pudiera constituir faltas a la disciplina en los que incurran los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dicho Órgano podrá iniciar de oficio Archivo de Investigación, cuando tenga conocimiento por cualquier otro medio de hechos que puedan ser constitutivos de faltas disciplinarias Cuando el Órgano Prosecutor finalice las diligencias tendientes a la recopilación de datos o medios de prueba, para la integración del Archivo de Investigación, deberá determinar, si se acreditan o no las faltas disciplinarias. ??????????????? Si no existen suficientes elementos para tener por acreditada la existencia de una falta disciplinaria, el Órgano Prosecutor remitirá el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión de honor y justicia, a fin de que este autorice el archivo definitivo de la investigación, si se desprenden suficientes elementos para tener por acreditada la comisión de una falta disciplinaria, remitirá mediante oficio el Archivo de Investigación al Vocal Técnico de la Comisión, para que inicie el Procedimiento Disciplinario Adversarial en contra del o de los integrantes que hayan incurrido en la comisión de una falta, que acordara la admisión, asignará el número que le corresponda, señalará fecha y hora para la audiencia de ley y ordenará la notificación del agente comisor. Expuesto lo anterior, resulta evidente que el archivo de investigación abierto en contra del quejoso, no constituye un acto que le irrogue perjuicio, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. Ello es así, pues las actuaciones generadas en la fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento disciplinario adversarial, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. En efecto, el inicio del archivo de investigación no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el particular, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual está supeditado a la existencia de elementos suficientes para tener por acreditada la falta disciplinaria atribuida al inconforme. Es aplicable, por las razones que informa, la tesis4 XV.4o.5 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES". Ahora, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en b) el oficio XXXX, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones, los numerales 3, 21, 22, 26, 58 y 59, de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, establecen lo siguiente: "Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: (.) VI. Integrantes: A los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que desempeñen funciones de carácter operativo o de servicios, vinculadas a la seguridad pública. (.) XIII. Servicio: A la actividad física o intelectual que desempeña un integrante de la Secretaría y que tiene asignada por ley, por contrato o por un actuar precedente. (.) Artículo 21.- Se entiende por integrante a todo aquel personal que desempeña una función en cualquiera de las áreas de la Secretaría. Artículo 22.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de la Secretaría se sujetarán a las siguientes obligaciones: (.) ??????????????? XVI. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva. (.) Artículo 26.- Son requisitos de ingreso y permanencia para el personal perteneciente a la Secretaría: (.) De Permanencia: (.) VI. Aprobar los procesos de certificación y evaluación que aplique el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría. (.) Artículo 58.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Policías Preventivas del Estado se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. (.) Artículo 59.- La certificación tiene por objeto: I.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional. II.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de la Secretaría: a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables. b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos. c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas. e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público. f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley". Como se observa, la permanencia de los integrantes de cualquiera de las áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Policía Segundo, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, en el caso que interesa), está condicionada, entre otras cuestiones, a la aprobación de los procesos de certificación y evaluación que practica el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado o la Secretaría, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a sus derechos humanos. El proceso de evaluación es el instrumento que permite emitir una opinión respecto de las cualidades que poseen los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tales procesos llevan la finalidad de comprobar que la persona evaluada tiene el perfil y cuenta con la probidad necesaria para ingresar a la institución o, en su caso, permanecer en ella o ser promocionado a un puesto de mayor jerarquía. En el presente caso, el peticionario acude en su calidad de Policía Segundo, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, por lo que resulta evidente que la evaluación que en su caso se le aplique, lleva la finalidad de resolver su permanencia en el cargo. No obstante lo anterior, ha sido criterio reiterado por los tribunales de amparo que el procedimiento de evaluación realizado a un elemento de seguridad pública, por sí mismo, no causa una afectación una afectación real y directa a sus derechos, toda vez que para separarlo del servicio público no basta el resultado de esa evaluación, sino que además es indispensable sustanciar el procedimiento disciplinario adversarial previsto en el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19 de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Ello es así, pues la aplicación de la evaluación de control de confianza, no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos del aquí inconforme, pues impera el interés de la sociedad de que se cumplan con los requisitos que marca la ley; además de que no trasciende irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, pues incluso si el resultado le fuere desfavorable y no se vincula con la materialización de un acto en vía de consecuencia, sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito de permanencia, pero, en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio del procedimiento de baja. En efecto, para tener por acreditado el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado lesione algún derecho del que sea titular el peticionario de amparo; de manera que, el acto combatido en esta vía constitucional no afecta su interés jurídico, pues el oficio XXXX, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por el que se hizo constar que el quejoso no aprobó las aludidas evaluaciones, no trae su desincorporación inmediata de la institución, aunque los resultados le sean adversos, ya que es el procedimiento administrativo adversarial que en su caso se inicie en contra su contra, el acto que le irrogaría perjuicio a su esfera jurídica. Ilustra lo anterior, por las razones que indica, la jurisprudencia6 2a./J. 31/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO". Asimismo, resulta aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia7 III.5o.A.55 A (10a.), de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA REALIZADO A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. LO TIENE ÉSTE SI RESULTÓ "NO APROBADO" Y, POR ELLO, SE AFECTARON LOS DERECHOS O PRESTACIONES QUE DISFRUTABA, AUN CUANDO NO SE TRATE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a XXX, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos, de conformidad con dicho numeral, a XXX, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en dicho sistema, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. ????????? En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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