Hugo Alberto López Magaña

Expediente 924/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
924/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Hugo Alberto López Magaña
  • Elías Pech Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Hugo Alberto López Magaña y Elias Pech Sánchez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 924/2020-3, promovido por Hugo Alberto López Magaña y Elías Pech Sánchez a través de la defensora pública María de los Ángeles Moha Márquez. A continuación, el Secretario certifica: que mediante proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se agregó el oficio PRS/UALDH/02C.10/0003596/2021 signado por la Directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en ausencia del Titular de dicha Unidad, por medio del cual informó que la autoridad señalada por la parte quejosa denominada Director General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es inexistente, por lo cual se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del aludido proveído, se desistiese o acreditase la existencia de la autoridad en comento, apercibido que en caso de no realizar manifestación alguna, se dejaría de tener como tal y se tendrán sus actos como inexistentes. Así, el referido auto fue notificado personalmente a la defensora pública de los impetrantes el nueve de abril de dos mil veintiuno, por lo que el término otorgado le transcurrió del trece al quince de abril de dos mil veintiuno, sin que haya cumplido con lo requerido. Al respecto, el Juez acuerda: se hace efectivo el apercibimiento precitado y en el presente asunto se deja de tener como autoridad responsable a la citada autoridad y como inexistentes los actos que le se imputaron. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las rendidas por la Encargada del Proceso de cierre del recién desincorporado Centro Federal de Readaptación Social 6 "Sureste" consistentes en: Copia certificada del oficio SSPC/PRS/14925/2020 de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Copia certificada del Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de octubre de dos mil veinte. Por su parte el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación de la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social acompañó a su infome justificado: Copia certificada de los oficios SSPC/PRS/14925/2020, SSPC/PRS/14928/2020, SSPC/PRS/14926/2020 y SSPC/PRS/14927/2020 todos signados por el citado comisionado y de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 924/2020-3, promovido por Hugo Alberto López Magaña y Elías Pech Sánchez a través de la defensora pública María de los Ángeles Moha Márquez contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil veinte, vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común en la misma fecha y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés siguiente, Hugo Alberto López Magaña y Elías Pech Sánchez a través de la defensora pública María de los Ángeles Moha Márquez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "El acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de octubre de 2020, en la que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste". El traslado de los quejosos Hugo Alberto López Magaña y Elías Pech Sánchez, del Centro Federal de Readaptación Social No. 6 "Sureste" de Villa Estación Chontalpa, en Huimanguillo, Tabasco (.) a otro Centro Federal de Readaptación Social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. 2 Comisionado de Prevención de Prevención y Readaptación Social. 3 Director General de Prevención y Readaptación Social. 4 Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste" de Villa Estación Chontalpa, en Huimanguillo, Tabasco SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiséis de octubre de dos mil veinte, se radicó y admitió la demanda con el expediente 924/2020-3; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal del Ministerio Público de la adscripción; por separado se ordenó el trámite del incidente de suspensión; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del presente juicio y se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. ACLARA DENOMINACIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, se proveyó el escrito de la defensora pública de los quejosos por medio del cual aclaró la denominación de la autoridad ejecutora como la Encargada del Proceso de Cierre del recién desincorporado Centro Federal de Reinserción Social Número 6 "Sureste" de Villa Estación Chontalpa, en Huimanguillo, Tabasco; por lo cual se le se requirió para que rindiera su informe con justificación en términos de ley. SEXTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de octubre de dos mil veinte. El traslado de los quejosos del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste" de Villa Estación Chontalpa, Huimanguillo, Tabasco a otro centro federal que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado atinente a la emisión del acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de octubre de dos mil veinte, por haberlo reconocido el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación de la citada dependencia. Además, debe considerarse que las disposiciones de carácter general no son objeto de prueba de conformidad con lo establecido en los preceptos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2; de ahí que deba tenerse cierta la existencia en relación con los numerales tildados de inconstitucionales. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otro lado, también cierto el acto que por esta vía constitucional se le reclama, consistente en el traslado de los peticionarios de amparo del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste" a diversos centros federales, puesto que así lo afirmó al rendir su respectivo informe con justificación, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana Apoyo Jurídico en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de los oficios SSPC/PRS/14925/2020, SSPC/PRS/14928/2020, SSPC/PRS/14926/2020 y SSPC/PRS/14927/2020 signados por el citado comisionado y de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. Resulta aplicable el criterio de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Apéndice de 1995, página 153, materia común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el supuesto previsto en la fracción I del numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [...]" Ahora, del contenido del citado numeral 77, se desprende que las sentencias de amparo que resuelvan como inconstitucional el acto reclamado, generan en consecuencia un marco de derechos y obligaciones. En esa tesitura, a la parte quejosa se le constituye la facultad de exigir ante las responsables, la destrucción del acto generador de la afectación y en vía de consecuencia, la restitución del derecho que se acreditó afectado, siempre y cuando, tal condición hubiese sido calificada como positiva -acción-; de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de que se produjeran los motivos de agravio; o en su defecto, si se trata de actos de carácter negativo -omisión-, obligar a la autoridad responsable, a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Al respecto, el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2871/96, estableció que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 73 en relación con el arábigo 80 de la legislación de la materia -cuyo contenido es correlativo a la condición prevista en la fracción XXIII del 61 en relación con el supuesto de la fracción I del diverso 77 de la Ley de Amparo vigente- aplicado en sentido contrario, es decir, en el momento que existe imposibilidad jurídica para concretar los efectos de la concesión del amparo. Así, la procedencia de la vía constitucional se encuentra estrictamente ligada a la posibilidad que la sentencia que resuelva la controversia, en el caso que fuese en sentido favorable para la parte impetrante, pueda producir la restitución en el ejercicio y goce del derecho que se acreditó vulnerado; lo que genera en vía de consecuencia, obligación de la autoridad responsable a cumplir con la exigencia en la hipótesis de que el acto reclamado sea de carácter negativo, o en su defecto, a restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, en el supuesto de que éste sea de carácter positivo. Con base en el estudio anterior se estableció el criterio de jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, novena época, materia común, registro 197245, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En esa guisa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 488/2010 estableció que, para resolver la cuestión planteada se debe tener presente que la técnica rectora del juicio de amparo permite que, previo al examen del fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que la restitución en el goce del derecho fundamental vulnerado resultaría inalcanzable. Por tanto, constituye obligación del órgano de amparo que conozca de la controversia, verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de garantías individuales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime transgredido, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de la prerrogativa alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción, pero sin beneficiar a nadie más que a la parte quejosa; esto con arreglo al principio de relatividad de la sentencia. De tal suerte que el ejercicio de previsión de los efectos del fallo protector guarda la finalidad de evitar que, con la reparación de la violación se generen infracciones al marco constitucional o legal, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. Con ese sustento argumentativo y por reiteración, surge la tesis 2a./J. 35/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1059, décima época, materia común, registro 2000583, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Hasta aquí el marco de análisis normativo y jurisprudencial. En el caso concreto, el reclamo de la presente controversia constitucional lo constituyen el acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de octubre de dos mil veinte y el traslado de los quejosos del extinto centro federal a otro centro federal que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. El referido acuerdo dispone: DOF: 21/10/2020 ACUERDO por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste". Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SEGURIDAD.- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción I, 26 y 30 Bis fracciones IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción III y 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 3, apartado C, fracción IV, 6 fracción II, XI y XII, 53 y 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 8, fracción II del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como 6, fracción II, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y CONSIDERANDO Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; Que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y su persecución; así como la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley; Que en el artículo 6, fracción VII del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se establece que el Sistema Federal Penitenciario se integra con los centros que por acuerdo del entonces Secretario de Seguridad Pública se incorporen al Sistema de mérito. Es así que mediante el Acuerdo 08/2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2009, se incorporó al Sistema referido el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste" ubicado en la carretera estatal Malpaso kilómetro 1.5, Los Naranjos, Estación Chontalpa en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco; Que el Plan Nacional de Desarrollo en su objetivo número 7, señala que la Recuperación y Dignificación de las Cárceles, precisando la necesidad de que las instalaciones penitenciarias cuenten con la infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para atender a la población penitenciaria que se alberga en los centros penitenciarios federales; Que es necesario generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria, privilegiando lo establecido en el artículo 18 de nuestra Carta Magna que señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo cual, con esta acción de desincorporación se facilitarán los mecanismos y actividades para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL EL CENTROFEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 6 "SURESTE" ARTÍCULO PRIMERO.- Se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste". ARTÍCULO SEGUNDO.- Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones tendientes al cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", ubicado en la carretera estatal Malpaso kilómetro 1.5, Los Naranjos, Estación Chontalpa en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco. ARTÍCULO TERCERO.- Las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste" serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos. ARTÍCULO CUARTO.- Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Los trámites, procedimientos y procesos a cargo del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste" que por el presente se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Acuerdo, continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente. TERCERO.- El Comisionado de Prevención y Readaptación Social, a través de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", haciendo uso de los recursos materiales, financieros y humanos que sean necesarios para tal fin. CUARTO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste". Dado en la Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.- Rúbrica. Del acuerdo anterior se desprende que se desincorporó del Sistema Penitenciario Federal, el Centro Federal de Readaptación Social Seis "Sureste", motivo por el cual, se instruyó que todas las personas que se encontraban privadas de su libertad en dicha institución serían trasladadas a los centros federales de readaptación social que determinara el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. En arregló a lo anterior y con base en el estudio acotado en el presente considerando, se estima que el efecto de la posible protección constitucional establecería por un lado la insubsistencia del acto reclamado -acuerdo general- por lo que hace a la aplicación de los solicitantes de amparo y por otro, la reintegración de dichos quejosos al centro federal de origen, lo cual en el caso concreto no sería posible dado el cierre del propio centro. En ese orden de ideas, deviene incontrovertible el hecho que de concederse la protección constitucional, su cumplimiento sería imposible, pues la restitución buscada por los aquí quejosos no puede ser ordenada mediante sentencia a las autoridades responsables, si en su caso, tras el análisis de constitucionalidad resultase procedente. En consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y por las razones apuntadas; con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Así, en atención a lo anterior, resulta estéril el análisis de las diversas causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, dado el sentido de lo ya resuelto. Soporta lo anterior, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, novena época, materia común, registro 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Hugo Alberto López Magaña y Elias Pech Sánchez por las razones apuntadas en el considerando cuarto. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de tres días hábiles, otorgado a la parte quejosa mediante proveído de seis de abril del año actual, a fin de que se desista o acredite la existencia de la autoridad responsable que señaló como Director General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, transcurre del trece al quince del presente mes y año. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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